Poder Judicial, el reducto opositor bajo acecho de López Obrador

“Hay algunos autores que le llaman el autoritarismo competitivo, el populismo democrático, autocracia, hay distintas denominaciones que tratan de dar cuenta del fenómeno de cómo se busca colonializar a los otros poderes y a los organismos constitucionales autónomos desde la Presidencia de la República”, explica Sergio Salgado Román, profesor de la Universidad Intercontinental.

El artículo 49 de la Constitución establece que “el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”, sin embargo, expertos consideran que el presidente, al igual que otros, intentó extender su poder hacia el Poder Judicial, pero al no lograrlo, optó primero por criticarlo, luego por exhibirlo, y ahora busca restarle recursos y por qué no, transformarlo mediante la elección de sus integrantes por la vía del voto ciudadano.

“Cada uno de ellos tiene su monopolio de actividades y ese monopolio de actividades implica, un respeto hacia las funciones que desarrolla cada quien. Cuando se trata de señalar un poder al otro o de sancionar, se hace a través de las instituciones legales, concretamente procedimientos, pero no bajo un espectro o un panorama politizado y ocupando el pódium del Ejecutivo, como lo ha venido haciendo en estos cinco años”, sostiene José Perdomo Galicia especialista en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle.

El enojo del presidente

En el arranque de su gobierno, el presidente López Obrador se comprometió a que el Ejecutivo dejaría de ser el poder de los poderes y que habría respeto hacia el Legislativo y Judicial. Se trata del compromiso 92 que hizo la tarde del 1 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México, y que ya da por “cumplido” debido a que López Obrador “ha manifestado públicamente su respeto a la autonomía de los otros poderes y ha actuado en consecuencia”.

Sin embargo, desde hace 58 meses, el presidente mantiene una confrontación con el Poder Judicial, a cuyos integrantes ha tachado de “corruptos”, “conservadores”, “hipócritas”, de sostener “convivencias inconfesables” y de derroche de recursos.

La molestia del presidente no solo es por el actuar de los ministros, magistrados o jueces al aplicar la justicia, sino porque no logró tener el control del Poder Judicial vía los cuatro nombramientos que ha realizado en su gobierno: Juan Luis González, Yasmin Esquivel, Margarita Ríos y Loretta Ortiz Ahlf.

"Me equivoqué porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya por el cargo porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia, ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos y yo respeto eso, porque pues yo propongo, pero yo no quiero tener incondicionales, yo quiero que haya hombres y mujeres libres, conscientes y que al momento de tomar decisiones cada quien asuma su responsabilidad", dijo el 2 de septiembre de 2022.

Salgado Román explica que con la reforma que realizó el entonces presidente Ernesto Zedillo en 1994 al disminuir de 26 a 11 el número de ministros, a cada mandatario le correspondería el nombramiento de dos nuevos integrantes, sin embargo, a López Obrador le han tocado cuatro, pero no todos se mantuvieron votando en la línea de favorecer al actual gobierno, lo cual ha contribuido a la molestia hacia ese poder.

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A decir de Gustavo López Montiel, catedrático del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey (ITESM), el presidente no pudo tener bajo su control el Poder Judicial como sí sucedió hasta cierto punto con el Legislativo, en donde su partido y aliados lograron mayoría calificada y en la segunda mitad, mayoría simple.

“Los presidentes normalmente buscan controlar, no únicamente los espacios del Poder Judicial o sea los ministros, sino fundamentalmente a la Presidencia porque la Presidencia del Poder Judicial tiene atribuciones como cualquier otro órgano que son importantes para la forma en la que se resuelven los asuntos”, sostiene.

Cuando Arturo Zaldívar ocupaba la presidencia de la Corte entre el Ejecutivo y el Judicial “reinaba cierta paz”, sin embargo, tras la llegada de Norma Piña, quien llegó a la Corte propuesta por Enrique Peña Nieto, la relación entre el Poder Ejecutivo y Judicial se torno ríspida.

“Su candidata era Yasmín Esquivel, pero con lo que salió del plagio de su tesis a inicios de año, le dinamitaron ese camino y prácticamente el presidente se quedó sin un alfil o sin alguien que representara los intereses de su actual régimen dentro de la corte”, agrega Salgado Román.

Y es que en la Corte el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido varios reveses, tres de ellos bajo la presidencia de Norma Piña: el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la primera parte del llamado “Plan B” de la reforma electoral y la invalidez al acuerdo por el que se instruyó a las dependencias considerar proyectos y obras del Gobierno como de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional.

López Montiel agrega que los ministros ya en el cargo comienzan a mostrar cierta independencia de quien los nominó a ese cargo.

“Los ministros comienzan a ser un poco más independientes en términos de la forma en la que votan y comienzan a configurar bloques distintos también dependiendo de los contextos políticos que enfrentan porque al final las decisiones que toman la Suprema Corte de Justicia son decisiones políticas también no son únicamente legales sino que son políticas porque obedecen a contextos”, destaca.

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Un asunto por el dinero

Otra de las molestias del presidente López Obrador con el Judicial radica en un asunto económico. Es ese Poder donde se mantienen altos sueldos y prestaciones que permiten a un ministro obtener más de 500,000 pesos mensuales.

El catedrático de La Salle advierte que el dinero que se obtenga de la eliminación de fideicomisos podrían permitir al presidente destinarlos a concluir el Tren Maya, etiquetarlos para becas, pero aclara, que no será una fuente permanente de ingresos, sino solo servirían para 2024.

“Solamente se puede ahorrar el del año que entra, porque si ya no existen los fidecomisos, el año que entra, ya no existe entonces el por qué esos 15,000 millones de pesos. No es que se tengan esos 15,000 millones de pesos eternamente y todos los años, así solamente se podrían ocupar el año que entra”, explica.