La propuesta del PRD fue presentada por la diputada Gabriela Sodi Miranda y plantea prohibir que durante manifestaciones los integrantes de instituciones de seguridad se presenten equipados con armas letales. Además, incluye mecanismos para gradualmente aumentar el uso de la fuerza, según las circunstancias.
El artículo 27 de la ley indica que por ningún motivo se podrá hacer uso de armas contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas pacíficas, pero se remarca que estas deberán tener “objeto lícito”.
La diputada perredista propone eliminar ese calificativo y establecer que “no podrán hacer uso de ningún otro mecanismo de operación que no sea el de contención, privilegiando la preservación de la integridad física de los manifestantes, las personas en general y ellos mismos”.
En caso de que estas se tornen violentas esas movilizaciones, podrán usarse diversos niveles de uso de fuerza, pero “únicamente en caso de presentarse disturbios que pongan en riesgo la integridad física o la vida de los manifestantes, evaluando la gravedad de los actos de violencia”.
Otras disposiciones que incluye es que, si los participantes en los hechos usan armas blancas o piedras, las fuerzas policiacas podrán usar “armas intermedias” y para resguardar la vida de todos, incluidos los manifestantes y terceras personas.
La presencia de personal con armas letales sólo será ante evidencia contundente de que los participantes tienen armas de fuego y una vez agotados todos los niveles de fuerza previos.
Todo caso de uso de armas letales será videograbado y será investigado de oficio para determinar su uso legítimo “y los integrantes involucrados deberán ser sometidos a tratamientos médicos y sicológicos correspondientes”. Estos son sólo algunos de los elementos que se propone regular para acatar la sentencia de la SCJN.
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Historia de retrasos
Aunque ahora la Cámara de Diputados ya se puso a analizar la reforma, este tema lo arrastra desde hace casi siete meses.
El primer plazo para acatar esa sentencia venció el 15 de diciembre de 2021 al concluir el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso y el 20 de abril de este año terminó también el segundo periodo, sin que se legislara.
La SCJN rechazó dar una prórroga a la Cámara de Diputados -a la que se emplazó en primera instancia, no al Senado- y el 19 de mayo le fijó un límite de 10 días para legislar, mismo que vencía este miércoles 1 de junio.
Pero el lunes 30 de mayo las mesas directivas de las Comisiones de Gobernación y de Seguridad Ciudadana acordaron comenzar los trabajos de análisis sobre tres iniciativas que se han presentado en la materia.