La SCJN avala el uso de la fuerza en manifestaciones públicas

Sin embargo, el máximo tribunal determinó que el Congreso de la Unión incurrió en omisiones legislativas sobre dos aspectos:

• La falta de previsión del uso de la fuerza.
• La falta de previsión de la sujeción del uso de la fuerza a los principios de racionalidad y oportunidad.

En este sentido, la Corte declaró la invalidez del artículo 6 de la ley toda vez que, explicó, genera inseguridad jurídica en su definición de la fuerza "epiletal" (un grado antes de la fuerza letal), al permitir el uso de armas de fuego o letales para neutralizar a los agresores en diversas situaciones.

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Por ello, la SCJN notificará al Congreso de este fallo para que regule cada punto en los siguientes dos períodos ordinarios de sesiones.

Por otro lado, declaró que no hay omisión en asuntos de adiestramiento, planeación, uso de archivos y la posibilidad de usar armas de fuego en manifestaciones violentas.

"Esto en virtud de que la ley sí establece la distinción y regulación de dichas armas, así como el adiestramiento que para su uso deben recibir los agentes de las instituciones de seguridad", agregó la Corte en un comunicado.

También consideró que la ley prevé la obligación de que los agentes que hagan uso de armas de fuego realicen los informes correspondientes.

Asimismo, la Suprema Corte reconoció la validez del artículo 36, en la porción normativa "desde la planeación", en la que se prevé que en aquellos operativos en los que se requiera y autorice desde la concepción, el uso de la fuerza letal, se podrán utilizar dispositivos tecnológicos con el fin de registrar audiovisualmente el desarrollo del mismo con fines de verificación.

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La resolución de la Corte se da en cumplimiento a la acción de inconstitucionalidad promovida desde 2019 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra diversas disposiciones del decreto mediante el cual se expidió la Ley Nacional Sobre Uso de la Fuerza, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de mayo de ese año.

En esa acción de inconstitucionalidad, que consta de 81 páginas, la CNDH argumenta omisiones legislativas y violaciones a preceptos constitucionales respecto a derechos fundamentales, como:

• Derecho a la seguridad jurídica.
• Libertad de expresión.
• Libertad de reunión.
• Principio de legalidad.