La Ley de Uso de la Fuerza se emitió en 2019, pues al crearse la Guardia Nacional se confirmó en la Constitución que es legítimo el uso de la fuerza, pero con base en cinco principios: legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y oportunidad.
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Sin embargo, el Congreso omitió regular el control y uso de la fuerza “conforme a los principios de racionalidad y oportunidad”, según determinó la SCJN por unanimidad, el 26 de octubre, al resolver la acción de inconstitucionalidad 64/2019.
Por eso declaró la invalidez de algunos artículos de esa ley, y condenó al Congreso de la Unión a reformarla para incluir esos principios y brindar seguridad jurídica a la ciudadanía.
Esa es la tarea que deberá emprender la Cámara de Diputados ahora.
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La base para ese análisis son tres iniciativas ya existentes sobre las cuales se comenzará a elaborar un anteproyecto de dictamen con el mayor consenso posible, pero se analizarán nuevas iniciativas en caso de que se presenten, expone Juanita Guerra Mena, diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana.
El objetivo es que con las reformas se regule el uso de la fuerza no sólo de instituciones policiacas sino –aseguró la diputada- para tareas de seguridad en Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la de Marina (Semar), las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, mismas que no están incluidas en la ley a reformar.
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¿El Estado puede usar la fuerza?
El 10 de mayo circuló en redes un video grabado en Nueva Italia, Michoacán, en el que se apreciaba que un grupo de civiles hacia huir a integrantes de la Sedena sin que estos intentaran oponer resistencia o defenderse.