Reforma electoral: batalla y amagos de revancha contra el INE y el Tribunal

Reducir atribuciones y presupuesto al organismo, además de adelantar la salida de consejeros –cuatro de los cuales concluyen su periodo en 2023–, disminuir legisladores plurinominales, recortar financiamiento de partidos, impulsar el voto electrónico y someter a la austeridad salarios y estructuras del INE y del TEPJF están en la mira del mandatario.

Pero no hay fecha aún y en todo caso se perfila para entonces la reina de las batallas, pues la oposición ha cerrado filas contra una eventual reforma electoral de este calado.

“Seremos el principal dique” para impedir que se afecte la autonomía o a los consejeros del INE, según han advertido los coordinadores opositores de la Alianza Va por México: Jorge Romero (PAN), Rubén Moreira (PRI) y Ángel Espinosa Cházaro (PRD), quienes han anticipado su rechazo a una reforma constitucional como la esboza el mandatario.

En defensa del árbitro electoral, esa oposición votó en contra de aplicarle la reducción presupuestal de 4,913 millones de pesos que se concretó en diciembre y cuestionó que el presidente de la mesa directiva de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, denunciara penalmente a los consejeros, en querella que este decidió no dar seguimiento, pero sigue su curso.

Desde el primer día de la Legislatura, Morena y el presidente buscaron “embestir” al INE para no tener contrapesos, una especie de “crónica de una venganza anunciada”, pero no hay probabilidad de que prospere, según el líder del PAN, Jorge Romero Herrera.

La carreta y los bueyes

Para el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, pese al escenario adverso, el Instituto está dispuesto a aportar al Congreso toda la información técnica necesaria para preparar una eventual reforma electoral.

Plantea que sería deseable que, como todas las reformas electorales, esta sea por consenso de todas las fuerzas políticas pues serán los sujetos que deberán competir con las reglas del juego que se acuerden.

También se esperaría, comenta, que los legisladores realicen un análisis previo, pues “lo que hay que preguntarnos es qué tipo de funciones queremos que tenga el órgano electoral y con base en ello definir las estructuras” y los recursos necesarios.

Es decir, el tema de la austeridad en el INE debería, en su concepto, ser consecuencia del análisis del diseño que se plantee para la autoridad electoral, “lo otro es quiere poner la carreta delante del tiro”, considera el consejero.

Incluso, se adelanta ante la intención de recortar las percepciones de los consejeros, el número de estos y la estructura del organismo como objeto central de los cambios.

“Quien piense que los consejeros no hacen nada, nomás está engañando a la gente porque hay muchas comisiones, funciones, atribuciones… (además) el problema financiero de lNE no tiene nada que ver con el sueldo de los consejeros, representa una ínfima parte”.

Desde los años 90, tras las elecciones presidenciales, los partidos acuerdan continuamente un cambio de reglas para perfeccionar la operación de las campañas y elecciones, lo que por primera vez no ocurrió tras los comicios de 2018, en que ganó López Obrador.

Es por eso que hoy se acumulan 469 iniciativas de reformas legales de índole electoral, 171 en el Senado y 298 en la Cámara de Diputados, presentadas desde septiembre de 2018 en que inició la 64 Legislatura, hasta diciembre de 2022, en que cerró el primer periodo de la 65 Legislatura.

En esa numeralia están incluidas 16 iniciativas de diputados y senadores presentadas en los últimos cuatro meses.

También están sobre la mesa las agendas legislativas. En la suya, Morena se propone la “creación de un cuarto poder electoral”, mientras que con el PAN coincide en impulsar cambios para lograr la paridad en candidaturas locales a gubernaturas. En tanto, PVEM y MC proponen ampliar el acceso a cargos de representación desde los 18 años.

¿AMLO y Morena van contra el INE?

El presidente anunció el 15 de junio de 2021 sus prioridades legislativas: reforma eléctrica, reforma electoral y reforma al marco jurídico de la Guardia Nacional.

Desde entonces ha deslizado el alcance de su propuesta de reforma política en varias ocasiones, aunque con mayor claridad el 16 de agosto del año pasado, al proponer descabezar a los órganos electorales.

Se requiere “cambio completo, renovación tajante, no se puede con lo mismo, no son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud, no aplican al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”, expuso en su conferencia de ese día.

Pero la remoción completa de esos órganos –dijo- no se sustenta en un asunto de él, “no es un asunto personal, es que no han estado a la altura de las circunstancias y tenemos que dejar establecida una auténtica democracia en el país”.

Concretamente sobre el TEPJF, del que fue removido el 4 de agosto su entonces magistrado presidente, José Luis Vargas –señalado de supuesta corrupción e irregularidades–, el mandatario advirtió “los partidos crearon esto, este Frankenstein a imagen y semejanza de sus intereses”.

En esa tónica han sido las principales iniciativas presentadas por Morena en las que se ha buscado acotar al INE desde la 64 Legislatura.

El exdiputado federal Pablo Gómez propuso fusionar la estructura del Instituto para una sola dirección de Capacitación, Organización Electoral y Educación Cívica, esto el 27 de septiembre de 2018 y en aras de recortarle gasto.

Pero el principal promotor de reformas electorales ha sido el hoy diputado presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien en diciembre denunció penalmente a 6 de 11 consejeros del INE.

En su primera Legislatura como diputado propuso el 7 de marzo de 2019 una amplia reforma para cortar la presidencia del INE de 7 a 4 años; eliminar los 32 Organismos Públicos Locales Electorales y sustituirlos por Consejos Locales, con integrantes designados por los diputados federales, además de nombrar “consejeros independientes” para un órgano de vigilancia del TEPJF.

El 26 de noviembre propuso que el lNE tuviera presidencia rotativa cada tres años, para evitar “cotos” de poder, lo que hubiera implicado la salida anticipada de la presidencia de Lorenzo Córdova, quien concluye en el cargo en 2023.

En la misma sintonía se ubicó el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, cuyo proyecto de reformas no ha formalizado. Pero se hizo público el 18 de agosto de 2021 y desató controversia, pues plantea remover a todo el Consejo del INE, reducir de 11 a 7 consejeros con presidencia rotativa, y recortar de 7 a 5 los magistrados de la Sala Superior del TEPJF.

Los 32 tribunales electorales estatales desaparecerían para ser sustituidos por salas locales y se reduciría el 50% de diputados plurinominales y en 75% los senadores. De paso sugirió quitar al INE la facultad exclusiva de fiscalización de partidos, para que estos se puedan autoauditar.

Pero en la realidad, muy alejadas de estas propuestas, la 64 Legislatura –en la que tuvieron mayoría Morena y sus aliados– concretó cambios en la materia, pero ninguna para modificar el sistema o la organización de las elecciones.

Sólo se incluyó el uso de programas sociales con fines electorales dentro del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y se hizo obligatorio para los partidos cumplir el principio de paridad de género en la postulación total de candidaturas.

Asimismo, se modificó el artículo 35 constitucional para incluir la revocación de mandato dentro de los mecanismos de democracia directa y se modificaron parámetros para la organización de consultas populares.

No prosperó y fue motivo de ruptura entre los aliados de la llamada 4T el planteamiento de Morena de recortar 50% el financiamiento de los partidos. El 12 de diciembre de 2019, sólo tuvo el apoyo de Encuentro Social y se resistieron el PT y el PVEM, por lo que la reforma fracasó. Quitarse recursos sería un “suicidio político”, reconocieron los petistas.

Hoy, 33 iniciativas para aplicar esa austeridad a los partidos están congeladas. También 67 relativas a paridad y contra violencia política contra las mujeres, 44 sobre mecanismos de democracia participativa, 17 sobre derechos electorales de migrantes, 10 sobre derechos políticos de personas con discapacidad, otras 10 sobre jóvenes y 8 para regular la reelección legislativa, entre otras temáticas.

De hecho, en entrevista el diputado Manuel Vázquez Arellano, coordinador del área de Asuntos Constitucionales y de Gobernación de la bancada de Morena, asegura que su partido impulsará en su momento reformas de ese tipo, que son las que pide la gente.

Se evaluarán en su momento propuestas como las de la pasada Legislatura que buscaron modificar la conformación del INE, anticipa, pero aunque hay confrontación entre el presidente López Obrador y algunos consejeros, la reforma electoral no será para castigar a nadie.

“Hay una confrontación, claro; por un lado tenemos muy identificadas las posturas del Córdova y del consejero Ciro Murayama. Claramente son muy tendenciosas a favor de los grupos del PRI, PAN, PRD y de grupos empresariales”, acusa.

Justifica una eventual salida anticipada de consejeros pero derivada de la necesidad de ser plurales:

“Por ejemplo, hay en las cámaras ahora presencia de personas de la comunidad de la diversidad sexual, migrantes, personas de los pueblos indígenas y no vemos eso reflejado en nuestro árbitro electoral. El INE debería tener también ese tipo de presencia plural”.

Un relevo de consejeros, por tanto, “no será por un castigo”.

El diputado de Morena, vocero en materia de reformas constitucionales, reconoce sin embargo que cambios de ese tipo deberán esperar a que pase primero la reforma eléctrica planteada por el Ejecutivo, pues “vamos una por una” y quizá luego se convoque a un parlamento abierto en materia electoral, pero en todo caso se esperará la propuesta del presidente, admite.

“Creemos que avanzado el año” se podrá presentar una propuesta en la materia, dijo este martes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Reforma electoral, ficha de cambio y taquilla

Dado que una reforma como la que ha planteado el presidente no se concretó, aunque Morena tuvo en la 64 Legislatura una mayoría holgada para reformar la Constitución, Nicolás Loza, profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), considera que ésta ya no prosperará.

Hoy es otra la correlación de fuerzas y Morena, PT y PVEM no logran la mayoría calificada indispensable para reformas constitucionales, por lo que la insistencia del presidente en una reforma electoral tiene varias lecturas alternas, explica.

La verdadera prioridad del presidente es la reforma eléctrica, así que es probable que insistir en cambios electorales sólo sea para polarizar, conseguir más apoyo social en las elecciones para renovar gubernaturas este 2022 o “tener una moneda que intercambiar: apoyo en materia eléctrica a cambio de alguna concesión”.

“Pareciera un discurso para consumo publico no una intención real, lo plantea para tener un medio de presión y posible ficha de intercambio y presionar a muchos actores, no sólo a los partidos en las Cámaras sino al propio INE”, desglosa.

“Morena puede decir: no llevamos al límite la reforma constitucional pero que renuncien los consejeros y sabemos que esa es una convicción personal de López Obrador”, agrega

Para el académico, el presidente es el principal interesado en un modelo electoral distinto, “pero no tiene oportunidad de imponerse tal como la quiere”.

Al Ejecutivo y a Morena “no les dan los votos” por lo que no habrá tal reforma, también anticipa el politólogo del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) Fernando Dworak.

Pero ese es un tema de conversación atractivo para el presidente porque le ayuda a endurecer sus bases de apoyo; “por lo demás plantear la salida de consejeros cuando ya se van los que tiene en la mira, es casi sólo un discurso”.

“En los próximos meses se renovarán algunos consejeros del INE y si el presidente se ve fortalecido en su popularidad puede empezar a presionar, si no para una reforma electoral a su modo, si para tener al menos dos o los tres consejeros electorales que se van a renovar”, agrega Dworak.

Esto porque concluirán su encargo en 2023 los consejeros Lorenzo Córdova Vianello, presidente, Adriana Margarita Favela Herrera, José Roberto Ruiz Saldaña y Ciro Murayama Rendón.

Aunque esta renovación del INE ya es cercana, indica por su parte Loza, de la FLACSO, el mandatario impulsa “temas taquilleros” para apelar a la exigencia social de austeridad como la reducción de legisladores de representación proporcional, reducción de financiamiento de los partidos o incluso recorte salarial de consejeros.

Pero no son viables, explica. “El sueldo de los consejeros no se puede cambiar por la vía administrativa como se intentó porque están constitucionalizados” así que requieren cambiar la Carta Magna.

En tanto, reducir plurinominales “lo presenta como un asunto administrativo, de ahorro de recursos y de supuesta mayor democracia pero por ignorancia, porque los plurinominales también se votan” y de hecho acceden a las curules gracias a millones de sufragios.

En suma, el analista establece que “Morena logra movilización con un tema taquillero como el de la austeridad, puede presionar a los partidos de oposición, hacerlos perder votos al ponerlos contra la pared en términos de opinión pública y de costo electoral, pero no tiene los votos necesarios en el Congreso”.