A partir de este 8 de julio comienza el proceso de consulta pública del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, instrumento del sistema de planeación que debe ser guía para definir el rumbo de la capital hacia los próximos 20 años.
A la par se pondrá a discusión de la ciudadanía el Programa General de Ordenamiento Territorial, el cual busca precisamente ordenar en el territorio un crecimiento que hasta ahora ha sido caótico.
El Plan General de Desarrollo es el instrumento a partir del cual se definirán las políticas de largo plazo en la ciudad con enfoque en lograr la cohesión social, desarrollo sustentable y mejorar la vida de sus habitantes, de acuerdo con la Constitución capitalina. Su vigencia será de 20 años.
Este incluye tener un diagnóstico de la ciudad en sus características sociales, económicas y territoriales, establecer una visión de crecimiento y desarrollo a futuro y definir las materias prioritarias para lograr dichos objetivos.
Mientras el Programa General de Ordenamiento Territorial es el instrumento que busca crear un hábitat adecuado para todas las personas y seres vivos que viven o transitan en la ciudad. Su propósito es regular el uso del territorio en todas sus dimensiones, por lo que deberá contener las normas y herramientas para ello.
Su vigencia será de 15 años y sustituirá al Programa General de Desarrollo Urbano, el Ordenamiento Ecológico y los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano que tiene cada una de las 16 demarcaciones.
Ambas propuestas presentadas por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, junto al director del Instituto de Planeación, Pablo Benlliure, serán sometidas a consulta pública.
“Este es el borrador inicial que se pone a consulta, eso no quiere decir que no pueda modificarse.
“La base sustantiva del documento que entregamos es una Ciudad de Derechos, es una ciudad que busca la construcción de la igualdad y es donde todos y todas tengan acceso al derecho a la ciudad, a una vida digna”, afirmó Sheinbaum en la presentación.
La consulta de los instrumentos de planeación de la ciudad inicia tarde, pues actualmente la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo establece que deberían entrar en vigor el próximo 1 de octubre, cuando apenas se estarán realizando las mesas de discusión y foros públicos.
Martí Batres, secretario de Gobierno, indicó durante el anuncio de la consulta que pedirán a los diputados locales que amplíen una vez más el plazo establecido en la ley.
“Vamos a trabajar con el Congreso local para hacer los ajustes en los tiempos legales que sean necesarios para priorizar la participación ciudadana a lo largo de un semestre”, afirmó el funcionario.
Esta no es la primera vez que se debe extender el plazo, ya que originalmente la ley establecía que el Plan General entraría en vigor el 1 de octubre de 2020, y el Programa de Ordenamiento l el 1 de octubre de 2021.
Después de un primer intento fallido de consulta, en donde las críticas por dar apenas una semana para su realización –del 5 al 12 de agosto de 2021– llevaron a las autoridades a dejarla sin efectos, representantes de organizaciones civiles llaman a que en esta ocasión se garantice la inclusión de la visión de los ciudadanos, instituciones académicas y de profesionistas, en las propuestas que se presenten ante el Congreso.
Si bien las nuevas propuestas del Plan General y el Programa de Ordenamiento fueron elaboradas junto a Centro Geo –afirmó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum- no hubo una convocatoria abierta desde su origen, consideró Josefina Mac Gregor, de Suma Urbana.
“Seguir la ley implica que la elaboración del Plan General de Desarrollo y el Programa de Ordenamiento Territorial que tengan la participación activa de todas las partes. No han invitado a las alcaldías, no han convocado a los Copacos (Comisiones de Participación Comunitaria) y estaban obligados para tener una retroalimentación de lo que sucede en sus colonias.
“Lo que han hecho es ofrecer una salida en donde quien esté a la cabeza del Instituto, con su grupo de gente, definirá qué será de esta ciudad en lugar de que todos definamos juntos”, señaló Mac Gregor.
Mónica Tapia, directora de Ruta Cívica, advierte que la falta del propio Instituto de Planeación, dirigido por Pablo Benlliure, quien fue funcionario del Gobierno de Sheinbaum en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, ha provocado que se responda a factores políticos y podría comprometer el proceso.
El Instituto es el responsable de la elaboración de ambos instrumentos, así como de incluir las opiniones y observaciones generadas durante la consulta pública al Plan General y Programa de Ordenamiento, para que la jefa de Gobierno los remita al Congreso local.
“No depende de ellos sino de la jefatura de Gobierno, entonces nuevamente está subordinado a las dinámicas políticas por no haberse construido como un Instituto autónomo como indicaba la Constitución”, comenta en entrevista.
Un elemento más será la consulta a pueblos y barrios originarios, pues sus representantes se han opuesto al proceso en el cual la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios les exige registrarse y cumplir con ciertos requisitos para ser reconocidos, lo que afirman viola su derecho de autoinscripción.
