El segundo desafío es el acceso al suelo y a la vivienda. Si no logramos implementar una política para impulsar la producción de vivienda bien localizada en zonas que gozan de transporte público, infraestructura básica y servicios; estamos generando un encarecimiento artificial del valor del suelo y la vivienda, lo que irremediablemente generará un proceso de expulsión de las familias, vía precio, hacia periferias cada vez más alejadas, sin certeza jurídica, sin transporte y, muchas veces, en zonas de riesgo, zonas de conservación o de valor productivo o ambiental.
Lo anterior no implica construir por construir, sino más bien, alcanzar un mejor equilibrio en el desarrollo urbano entre diferentes zonas de la ciudad.
Conviene despejar malentendidos. El Programa de Ordenación de la ZMVM no sube impuestos: esa facultad es local y pasa por los congresos. Tampoco pretende levantar edificios en los jardines ni en áreas de conservación. Lo que propone es aprovechar mejor el suelo que ya tiene infraestructura.
Pensemos en las naves industriales abandonadas de Azcapotzalco o en zonas que están en franco deterioro y que, sin embargo, tienen acceso a transporte público y servicios básicos, como lo han hecho en Medellín o en Sao Paulo. Estas zonas podrían albergar vivienda, tanto social como de otros segmentos, espacio público y equipamientos sociales. Además, servirían para dinamizar la economía local, pero también la metropolitana; harían más eficiente la provisión de servicios básicos y generarían nuevas fuentes de financiamiento para la infraestructura de agua y movilidad, entre otras.
Hay una verdad incómoda que conocemos bien: si no construimos mecanismos para resolver las necesidades de la ciudad, sobre todo de suelo y vivienda, en las zonas que tienen buenas condiciones para hacerlo, esa urbanización va a ocurrir de todos modos, solo que en lugares no adecuados y en peores condiciones, con costos crecientes que debemos enfrentar de un modo u otro.
No se trata de ser permisivos, pero tampoco ser restrictivos en exceso. Se trata de encontrar el equilibrio a partir de esquemas ganar-ganar: Favorecer un desarrollo urbano más inclusivo y eficiente, que impulse una Prosperidad Compartida en todos los barrios y comunidades, generando mejores condiciones urbanas y financieras y, sobre todo, resolviendo las necesidades de las personas y familias que más lo necesitan.
El tercer desafío es la movilidad. La interacción entre las diferentes entidades, municipios y alcaldías que conforman el Valle de México es muy profunda, pero muy desigual: cerca de 70% de los viajes se originan en el Estado de México con destino en Ciudad de México y de regreso y, sin embargo, de las 12 líneas de metro que hay, solo 2 entran al Estado de México, aunque es importante reconocer los esfuerzos realizados en los últimos 15 años por ampliar la cobertura a través de los trenes interurbanos, BRT y transporte teleférico.
Hay familias del oriente del Estado de México o de Tizayuca que pueden tomar entre seis y ocho horas diarias en ir y volver a su casa después de sus actividades diarias. Ese tiempo perdido tiene costos sociales y económicos enormes.
En el fondo, lo que nos falta sobre todo, es una identidad metropolitana. Seguimos pensando como “chilangos”, “mexiquenses” o “hidalguenses”. Pero lo que ocurre en Iztapalapa afecta a Ecatepec, y lo que pasa en Huitzilac termina afectando a la Cuauhtémoc. El debate debe entrarle con seriedad a los problemas de fondo que enfrentamos en nuestra ciudad. Lo podemos hacer por las buenas, con información y diálogo, reconociendo las diferencias pero priorizando lo que nos une. Lo podemos hacer ahora que todavía es posible reorientar el futuro del Valle de México. De lo contrario, cuando no quede de otra lo tendremos que hacer igual, pero en peores condiciones. Hoy estamos todavía a tiempo, ¿qué ruta vamos a elegir?
*José A. Iracheta, subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda en la SEDATU, es especialista en diseño de investigación y metodologías para formular evaluaciones de impacto y sus líneas de investigación se relacionan con la política de suelo y la política ambiental urbana/metropolitana, en temas como la calidad del aire y del agua, la movilidad y la interrelación de los sistemas y subsistemas urbanos. Tiene más de 10 años de experiencia en análisis de políticas públicas.
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
