Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

La presidenta Claudia Sheinbaum lo presentó el 4 de noviembre de 2025, después del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.

Cinco días después anunció una estrategia de doce ejes, más de cien acciones y una inversión superior a 57 mil millones de pesos, incluida inversión mixta. La magnitud presupuestaria expresa una decisión política; todavía no demuestra una transformación institucional.

La coyuntura inmediata estuvo marcada también por el asesinato de Bernardo Bravo, dirigente de productores limoneros, en octubre de 2025. Su muerte exhibió la vulnerabilidad de una actividad económica sometida a presiones criminales. En cuanto a Hipólito Mora, exlíder de autodefensas asesinado en junio de 2023, su caso pertenece a una secuencia anterior que ayuda a comprender la profundidad histórica de la crisis.

No fueron acontecimientos equivalentes ni simultáneos: juntos ilustran cómo la violencia ha alcanzado a autoridades municipales, representantes productivos y figuras surgidas de la resistencia armada.

La pregunta pertinente, por tanto, no es si hacía falta intervenir. Era indispensable proteger a la población y perseguir a los responsables.

La pregunta es por qué, después de tantas intervenciones, las condiciones que permiten la reproducción de la violencia continúan presentes.

De 2008 a 2021: cambiar el operativo sin cambiar el problema

El Operativo Conjunto Michoacán, iniciado en diciembre de 2006, inauguró una etapa de intervención federal que continuó durante los años siguientes.

En 2008, las autoridades reportaban decomisos, detenciones y operaciones contra organizaciones delictivas. Esos resultados podían acreditar actividad policial y militar, pero no necesariamente la recuperación sostenible de las instituciones locales. La propia documentación federal de aquellos años reconocía debilidades de las corporaciones y la necesidad de reconstruir capacidades policiales y ministeriales.

La intervención de 2013 y el Plan Michoacán de 2014 respondieron a otra fase de la crisis: expansión de los grupos criminales, levantamientos de autodefensas y pérdida de confianza en las autoridades.

El Gobierno federal asumió responsabilidades operativas, creó mecanismos extraordinarios de coordinación y prometió recuperar espacios dominados por actores armados.

La estrategia reconocía, al menos formalmente, que la crisis no era exclusivamente policial, sino también institucional y de gobernabilidad.

Sin embargo, la incorporación de integrantes de autodefensas a estructuras oficiales, las dificultades para depurar corporaciones y la fragmentación de poderes regionales mostraron los riesgos de confundir una alianza táctica con una solución institucional.

Un actor armado que combate a un grupo criminal no adquiere automáticamente vocación pública, controles democráticos ni subordinación efectiva a la ley.

En 2021, la violencia electoral volvió a exhibir la vulnerabilidad municipal. Varios estudios e investigaciones documentaron, mediante entrevistas, percepciones de influencia criminal sobre candidaturas y votantes durante el proceso electoral de 2020-2021 en Michoacán.

Sus hallazgos identificaron motivaciones económicas, coerción y prebendas, sin encontrar un patrón partidista único que explicara la intervención.

Este antecedente importa porque la gobernanza criminal no se limita a disparar armas. También consiste en decidir quién puede competir, quién puede hacer negocios, qué actividades pagan cuotas y qué autoridades enfrentan obstáculos para ejercer sus funciones.

El territorio detrás de las cifras

La crisis michoacana no surgió de una sola causa.

La desigualdad territorial, la precariedad de ciertos servicios públicos, los conflictos agrarios, la disputa por mercados legales e ilegales y la debilidad de las instituciones crearon condiciones aprovechables por organizaciones criminales.

Pero convertir esas condiciones en una explicación automática sería otro error: la pobreza no produce inevitablemente delincuencia y la inversión social no desmantela, por sí sola, una estructura armada.

La economía legal también se convirtió en terreno de disputa.

El limón, el aguacate, la madera, la minería, el transporte, el ganado y el comercio generan ingresos, empleos y cadenas de suministro que pueden ser sometidos a extorsión o interferencia criminal.

Cuando una organización cobra por transportar mercancías, impone precios, amenaza a productores o decide quién trabaja, no necesita sustituir formalmente al gobierno para ejercer poder sobre una comunidad.

A esa presión se suman conflictos políticos.

Los municipios no son simples unidades administrativas: tienen élites económicas, rivalidades partidistas, autoridades tradicionales y relaciones particulares con los gobiernos estatal y federal. Si el análisis ignora estas redes, termina interpretando cada agresión como un episodio aislado y cada despliegue como una respuesta suficiente.

La infiltración electoral exige especial cuidado analítico.

Existen investigaciones sobre la intervención criminal en las elecciones michoacanas y resoluciones que han examinado controversias relacionadas con violencia política. Eso permite sostener que el riesgo es real y documentado.

No permite, sin pruebas individualizadas, atribuir financiamiento ilícito a una candidatura determinada ni afirmar que una autoridad específica actúa bajo órdenes criminales. La investigación debe identificar recursos, intermediarios, amenazas, beneficios y decisiones verificables.

La omisión de esa tarea produce una democracia formalmente competitiva, pero vulnerable a poderes que pueden alterar sus condiciones reales. Una elección puede celebrarse y, aun así, existir coacción localizada; una autoridad puede asumir el cargo y enfrentar restricciones para gobernar.

El Plan y la tentación de empezar de nuevo

El anuncio de 2025 ofreció una estrategia amplia que combinaba seguridad, justicia, educación, bienestar e infraestructura. El Gobierno federal informó un despliegue inicial de 10 mil 506 elementos del Ejército y la Guardia Nacional, mil 781 de Marina y 277 integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Son cifras oficiales de movilización, no indicadores suficientes de control territorial.

La dificultad está en determinar qué ocurre cuando disminuye la concentración operativa.

¿Quién investiga la extorsión después del patrullaje?

¿Qué autoridad protege a un productor que denuncia?

¿Quién supervisa a la policía municipal?

¿Qué fiscalía reconstruye las redes financieras?

¿Qué institución evita que un grupo criminal vuelva a imponer reglas sobre una carretera, un municipio o una comunidad?

Sin respuestas medibles, cada administración puede presentar su intervención como un comienzo histórico y dejar a la siguiente el mismo problema, con otros nombres y nuevas cifras.

El Plan Michoacán puede constituir una oportunidad para romper ese ciclo, pero solamente si se evalúa por sus consecuencias institucionales y territoriales, no por la cantidad de reuniones, recursos anunciados o efectivos desplegados.

La historia de 2008, 2014 y 2021 exige reconocer que la violencia cambia de actores y modalidades mientras persisten vulnerabilidades que ninguna operación resuelve de manera automática.

*Alberto Guerrero Baena es consultor y estratega en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal.

Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad en diferentes espacios de la Radio y Televisión en CDMX y Michoacán.

Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com

Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.