Reflexionar sobre lo que ocurre en el país en estos años obliga a examinar la inercia de políticas públicas que orientan su destino. Ello implica revisar el devenir de México desde que fue una nación independiente, los movimientos sociales y cambios estructurales, las distintas Constituciones, el desarrollo en distintas etapas del siglo XX, las transiciones democráticas a partir de 1997, y finalmente el proyecto autoritario que se inauguró en 2018. Por cuestiones de espacio nos concentraremos en lo ocurrido más recientemente.
Las decisiones tienen consecuencias
Se pueden establecer parámetros de evaluación en distintos temas: seguridad, justicia, educación, salud, trabajo, economía. Es particularmente relevante en este ejercicio la perspectiva ciudadana. Al final del día lo que cuenta no son tanto los colores políticos de lo que haya sucedido en determinada época. Lo que sí importa es que, más allá de lo que digan los gobernantes, el proceso riguroso consiste en medir a los gobiernos por su desempeño. Las palabras se las lleva el tiempo. Hechos son amores.
En esta línea quiero explicar lo que se aprecia de lo sucedido en México desde finales de 2018. Partamos de algo claro e indiscutible. En nuestra patria había en ese momento una acumulación de agravios profundos. En temas como corrupción, seguridad, justicia, salud, trabajo, economía y medio ambiente, la lista de reclamos no era menor. De hecho, fueron esos rubros los que sirvieron de base para que la alternancia en ese año fuera posible y real. Podría uno decir que sin esos problemas no habría sido factible el cambio electoral de 2018.
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Pero si bien la nación estaba lejos de condiciones perfectas, es importante conocer lo que ha sucedido desde entonces. Al llegar al poder en 2018 con la narrativa de prometer un mejor país para quienes creyeron en la oferta de cambio, lo que encontraron fue un país con un gran nivel de ahorro, fondos de reserva cuantiosos, finanzas públicas sanas, inversión en proyectos rentables, un ánimo inversionista sustentado en reformas estructurales razonadas, y la expectativa de que se podía impulsar una mejoría real para el grueso de la población con base en políticas públicas sensatas y bien sustentadas.
Eso es lo que pudo haber sido: una historia de gran éxito con asesores sofisticados, negociadores solventes para tender puentes con otras fuerzas políticas, grandes acuerdos nacionales, y un impulso democrático que forjara un mejor destino para el país —con enorme fuerza para mejorar la situación de los más desprotegidos y generar el mejor clima de desarrollo social—. Pero eso no sucedió. Todo fue muy distinto.
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Lo que realmente pasó fue, tristemente, resultado de caprichos. Llegó un caudillo con retórica populista, frases contagiosas e ideas estrafalarias. Para dar un golpe de autoridad anunció cambios fundamentales en la forma de conducir el gobierno y ejercer el poder. Pronto emergió su vena autoritaria: los compromisos adquiridos para ganar las elecciones lo obligaron a cumplirles a sus aliados delincuentes, y para ello determinó dejarlos actuar a sus anchas bajo una política específica: la de abrazos y no balazos. Así, desde el inicio del sexenio se había apostado a no tener un ejercicio pulcro de la justicia. Se optó por la erosión sistemática de derechos.
Otro tema claro fue el nuevo criterio para ejecutar proyectos de infraestructura. Se pasó a definir obras faraónicas con base en caprichos, sin diagnósticos ni evaluación profesional. Bastaron la intuición y las ocurrencias del caudillo para determinar el uso —y desperdicio— de cuantiosísimos recursos. Una sola persona decidió, sin sustento técnico, científico o económico alguno, construir obras inútiles. El resultado: una pesada lápida presupuestal y la pérdida de oportunidades para un país que requiere infraestructura de vanguardia, no obras de relumbrón convertidas en enormes sifones de recursos.
Por si ese desperdicio no fuera suficiente, se abrió una época de corrupción desbordada. Se hizo a un lado la oferta de no permitir el robo de recursos públicos, y en su lugar se fraguaron esquemas de defraudación pública como Segalmex, con el epítome de malversación de fondos con el huachicol fiscal. Se hicieron todos los esfuerzos para robar en forma sistemática y escandalosa. Robar, mentir y traicionar a manos llenas.
Aunque habían ofrecido regresar a las fuerzas armadas a los cuarteles, optaron por lo contrario: se llevó a cabo la militarización casi completa de la vida pública gubernamental. Se les asignaron tareas suficientes para asegurar que, sobre la base de una lealtad institucional, no se cuestionaran las órdenes. Y en el proceso se les destinaron tantos recursos que muchos de ellos se corrompieron.
Como el robo del erario ha llegado a niveles históricos, el gobierno de Morena ha debido instrumentar medidas para garantizar la opacidad y la impunidad. Dominar fiscalías, cooptar medios, agotar investigaciones y en general evitar que se persiga a los suyos y en su lugar atacar a los adversarios con acusaciones artificiales. La detención y puesta en cárcel de alta seguridad de Ernesto Ruffo simboliza el abuso total de la procuración de justicia, un prisionero político por donde se le vea.
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Una parte fundamental del desastre institucional fue la desaparición de organismos constitucionales autónomos, pero lo verdaderamente delirante fue destruir la independencia del Poder Judicial. Como se quería evitar que el contrapeso de los jueces siguiera frenando abusos, Morena decidió destruirlo y colocar personas a modo que garantizaran no controvertir jamás al gobierno. Impunidad garantizada. Paradójicamente, no se tocó a quienes sí requerían intervención y profesionalización: policías y fiscalías.
Pero tantos errores abren hoyos en el casco del barco nacional. El mal manejo de las finanzas públicas ha detonado un crecimiento exponencial de la deuda: en solo ocho años la han duplicado. Para mantener el dispendio siguen apalancando al país. Han hipotecado el futuro de la nación. Lo grave no es solo el monto, sino que la deuda se contrajo para financiar gasto corriente y proyectos improductivos. Irresponsabilidad extrema.
Ante esta situación ya resulta imposible sostener la retórica de que todo marcha bien. El cúmulo de errores es de tal magnitud que ni la maquinaria de comunicación masiva puede ocultar lo evidente. El dinero ya no alcanza. Gastos fijos crecientes en programas sociales que no garantizan movilidad social, obras faraónicas deficitarias que devoran recursos, nulo crecimiento económico y un sector informal en expansión: el cóctel es devastador. La bonanza imaginaria se desmorona ante los datos duros.
Lo central es que Morena y sus secuaces tomaron decisiones deliberadas sobre lo que quisieron hacer con el país. Con tal de concentrar poder han sido capaces de demoler hasta sus cimientos la institucionalidad de la nación. El objetivo fue controlar todo para impedir alternancias pacíficas y vigencia democrática. La incongruencia con sus mensajes electorales iniciales es oprobiosa. En los hechos se definieron como absolutamente antidemocráticos y ejecutaron su plan de erosión y cooptación.
Así tenemos que quienes dijeron ser diferentes no lo fueron. Resultaron mucho peores que cualquier gobierno anterior —y mira que hemos tenido muchas deficiencias en el pasado—. Pero definieron lo que quisieron hacer, y ahora nuestra obligación es reaccionar. Nos toca dejar claro que tenemos la capacidad de apostar por un destino distinto. Solo con actitud, perseverancia y determinación podremos evitar que México se convierta en un bastión permanente del populismo destructor que tanto daño ha causado en Cuba, Venezuela y El Salvador. Eso no queremos ni podemos ser.
Por ello urge salir de la ruta perdedora. No seamos ingenuos ni absurdos. Esto no va a cambiar por simples inercias o milagros repentinos. Nada de líderes mesiánicos ni partidos todopoderosos. La receta nos involucra a todos los que tenemos la convicción de que son las instituciones fuertes y las libertades plenas las que hacen a un mejor país. Sabemos que hay una enorme deuda social y rezagos que atender con programas y políticas públicas que realmente fomenten la movilidad social. Algo menos que eso es inservible.
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Sin duda daremos el impulso democrático y de evolución que México requiere, pero para ello hay que reconocer que las decisiones tienen consecuencias, y ser pasivos o apáticos no funciona. Es la población vigorosa y comprometida la que puede sacarnos de la historia de terror en que Morena nos ha metido.
Lo hemos dicho antes y lo reiteramos: la cita es el 6 de junio de 2027, el hito electoral más importante de nuestra historia para consolidar el nuevo rumbo de México. Definamos y actuemos. Todos con un mismo impulso y con el deseo de generar las consecuencias de cambio que hoy son indispensables antes de llegar a un punto de no retorno —por lo menos no para la actual generación—. La pregunta es si estamos dispuestos a actuar. Que cada quien lo conteste y actúe en consecuencia.
P.D.1. La iniciativa de modificación constitucional para restringir derechos políticos de mexicanos con más de una nacionalidad es una señal inequívoca de un régimen que pretende que México sea un país donde prive el aislacionismo y que solamente los que piensen como el régimen puedan competir electoralmente. Pretender que la nacionalidad es regla para lealtad es lo mismo que asumir que los que tienen una sola nacionalidad son infalibles.
P.D.2. La protección recurrente a Rocha Moya refleja la distancia de Morena con cualquier cosa que se parezca al cumplimiento de la ley y su perenne vinculación con el crimen organizado. Refleja además los enormes riesgos que derivan del temor de que se conozca la extensión de los involucrados en la ilicitud, que alcanza a muchas personas más y hasta los niveles más altos del gobierno. Por eso no lo entregan.
P.D.3. Es simplemente increíble que no tengamos políticos con sentido común que se ocupen de dar soluciones, desde lo más simple hasta lo más complejo. Entre lo sencillo estaría, por ejemplo, evitar los baches en calles y carreteras. Cuando te das cuenta de que en lo evidente son incapaces de dar resultados, no extraña que en lo mayor menos lo logren. La incapacidad es estructural y se repite una y otra vez.
P.D.4. Mientras en el mundo se avanza a pasos agigantados en la discusión sobre los riesgos y oportunidades de la inteligencia artificial, en México el rezago es brutal y se sigue desperdiciando el tiempo en tópicos de nula trascendencia. Morena nos inunda con distractores y problemas estructurales.
P.D.5. La bomba de tiempo sigue prendida con el nivel creciente de endeudamiento en México, principalmente por el apalancamiento infinito de Pemex, el subsidio a obras faraónicas, y los boquetes por gastos fijos brutales que no tienen un correlativo de ingresos al no haber inversiones o proyectos del sector privado. Preocupa la vulnerabilidad del país, pero es casi inevitable ante el cúmulo de errores cometidos en estos últimos 8 años.
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Notas del editor: Juan Francisco Torres Landa es miembro del Consejo Directivo de UNE México y de la red de Unid@s. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.