Las verdaderas prioridades

En particular, el populismo no solo promete: pretende reemplazar lo verificable por lo emocional. Y por eso conviene distinguir, sin ambigüedades, entre lo dicho y lo hecho. Si el país quiere entender la ruta real del gobierno en turno, no debe empezar por el slogan: debe empezar por la evidencia.

Así estamos: viendo en tiempo real cómo se cae el telón de los engaños y aparece el rostro del autoritarismo. Uno de los ejes discursivos era sostenerse en “no robar, no mentir, no traicionar”. La pregunta es directa: ¿qué muestran los hechos?

Lo que se observa con insistencia es un deterioro institucional acompañado de conductas y decisiones que contradicen el supuesto compromiso moral. El resultado es el mismo, aunque cambien los pretextos: desconfianza, desgaste y una sensación creciente de que el poder no se somete a reglas, sino que se impone.

1) La prioridad verdadera: el incumplimiento se vuelve sistema:

No basta con que existan programas sociales con sustento constitucional. No se trata de negar apoyos: se trata de preguntarse por qué, mientras se sostienen mecanismos legales, se deteriora el resto de la arquitectura que permite que el país avance.

Cuando un proyecto político gobierna con improvisación, se premia la opacidad y se normaliza la falta de rendición de cuentas, el país pierde algo más que dinero: pierde credibilidad. Y sin credibilidad, no hay ruta. No hay inversión. No hay certeza.

En los últimos años, además, el patrón más grave se ha ido consolidando: la normalización de pactos y vínculos con la delincuencia organizada. Ese costo no se nota de inmediato como una cuenta bancaria; se paga con seguridad, con justicia y con el espacio real del Estado para proteger. Y cuando se cedan libertades a quienes hacen el mal, el territorio deja de ser de la nación y pasa a ser de quienes operan sin freno.

2) Seguridad y justicia: el precio del acuerdo:

Al meterse a la lógica de pactos que favorecen la supervivencia política, se deja de lado lo que el país necesita. La paz, la seguridad y la justicia pasan a segundo plano. Y con ello se rompe la idea elemental de que el gobierno protege, investiga y sanciona.

Lo más delicado es que esta ruta implica renuncias: se cede margen de operación, se debilitan capacidades institucionales y se genera un ambiente en el que el crimen puede expandirse sin consecuencias proporcionales. Y hoy, además, el tema trasciende fronteras. Desde Estados Unidos se han levantado señalamientos institucionales sobre presuntas complicidades vinculadas con Sinaloa; la gravedad del señalamiento no es decorado político: es un asunto de política criminal y de responsabilidad.

3) Economía sin rumbo: la narrativa ya no alcanza:

La retórica también se agota ante una economía sin dirección. México no tiene viabilidad en sus finanzas públicas bajo la ruta actual. En ocho años se han erosionado bases que antes sostenían el rumbo: disciplina, estabilidad institucional, credibilidad y capacidad de ejecución.

Se sustituyen contrapesos por caprichos: se debilitan instituciones, se alteran reglas, se actúa con preferencia por decisiones concentradas y se resiente la arquitectura constitucional. El resultado es una ruta perdedora: se elimina la confianza necesaria para el crecimiento.

Para aterrizarlo, bastan algunos indicadores de referencia:

· México estaría por encima de ~55% del PIB en deuda acumulada; el umbral típico de ~60% suele asociarse a mayor riesgo para el desempeño crediticio.

· Se mantiene una presión estructural con más de 60% de informalidad, mientras crece —o no disminuye— la demanda de servicios públicos.

· Y con esa combinación, el margen fiscal se vuelve frágil: cualquier choque puede acelerar una crisis.

Cuando las finanzas se debilitan y la inversión se inhibe, la vida cotidiana se vuelve más pesada. No hace falta un doctorado para entender la señal: si no hay rumbo, el país se encamina a tropezar.

4) La cadena completa: dependencia externa y captura institucional:

El eslabón más sensible sigue siendo la relación con Estados Unidos y la dependencia del TMEC. Desde los 90, la integración comercial permitió que México se convirtiera en una plataforma de manufactura exportadora. Esa inercia sostiene parte del desempeño mínimo. Pero también vuelve al país más vulnerable a exigencias externas: cuando el entorno se endurece, el margen se reduce.

Y dentro, el problema no es solo económico o de seguridad: es de poder. Se ha debilitado la división de poderes y se ha extendido la lógica de “control del árbitro”. No es una percepción: es un efecto acumulado de decisiones que convierten instituciones en engranes de un proyecto.

Cuando hay captura institucional: se reordena la operación electoral, se presiona el funcionamiento de contrapesos, y se reduce el espacio para la competencia real.

Ese es el mensaje: el objetivo no es administrar un país bajo reglas, sino concentrar el destino.

5) ¿Qué sigue? 2027 como definición:

La gran pregunta ya no es si hay problemas. Es cómo reaccionar ante retos que se han acumulado en lo político, económico y social. La respuesta no es abstracta: es participativa. El electorado marca la diferencia.

La alternancia no ocurre por decreto ni por esperanza: ocurre cuando la sociedad manda una señal clara. La experiencia internacional lo confirma: donde el poder pretende imponerse con captura y control, la salida llega cuando la participación masiva sostiene un voto de rechazo.

En 2027 no se vota únicamente por personas: se decide el tipo de país. O se defiende a México de quienes se aliaron con la delincuencia organizada y con la captura institucional, o se acepta que el país deje de ser libre e independiente.

Morena ya definió sus prioridades. Ahora toca a nosotros definir las propias. Y no habrá otra oportunidad en el tiempo que queda. En nuestras manos la definición del país que queremos. Un elector en cada hijo nos dio.

P.D.1. La legislación y decisiones que en Michoacán inhiben la participación de personas como la actual Presidenta Municipal de Uruapan son una señal del autoritarismo creciente. No es un caso aislado: es un patrón de control. No podemos permitir que sigan reduciendo espacios de convivencia y libertad electoral.

P.D.2. Arrancó el Mundial, y sin embargo no se siente la misma emoción que cuando fuimos sede en 1970 y 1986. No es falta de entusiasmo: es el contexto. La conflictividad, los problemas y el desorden han vuelto pesado el clima nacional. Habrá júbilo por el equipo mexicano, pero no cambia el hecho de que el país carga con demasiada destrucción y devastación.

P.D.3. México ya está aproximadamente por encima del ~55% del PIB en deuda acumulada. Usualmente, cuando se llega a ~60%, aumenta el riesgo de deterioro crediticio. Con finanzas públicas débiles, deuda creciente y nulo crecimiento, el país parece acercarse al umbral que puede detonar una crisis económica de pronóstico reservado.

P.D.4. Las madres de desaparecidos han presentado reclamos legítimos durante años. La insensibilidad y apatía institucional no es justificable. Si el gobierno realmente priorizara a las personas, privilegiaría apoyo, diálogo y resultados verificables. La tenacidad de ellas evidencia algo doloroso: la falta de seriedad no debería normalizarse.

P.D.5. La CNTE ha hecho lo que los gobiernos les han enseñado: generar caos, tomar calles y presionar para obtener concesiones. Pero si algo caracteriza a este proyecto es también lo institucional: cuando hay captura, el problema no se resuelve con acuerdos, sino con control. Por eso lo que hoy se observa no es solo un conflicto social: es el intento de convertir el sistema en una extensión del poder, debilitando contrapesos y reduciendo espacios reales de solución.

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Notas del editor: Juan Francisco Torres Landa es miembro del Consejo Directivo de UNE México y de la red de Unid@s. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.