México frente al espejo roto

Las recientes acusaciones provenientes de Estados Unidos —frases medidas, casi quirúrgicas, que señalan presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y organizaciones criminales, hoy calificadas como terroristas— han vuelto a sacudir los cimientos. No con estridencia, sino con ese ruido sordo que se instala en el fondo de la conversación pública y no se va. Es el sonido de un espejo que se rompe. Y cuando un espejo se rompe, lo que queda no es una imagen distorsionada, sino múltiples fragmentos incómodos. Cada quien ve lo que quiere ver, pero el espejo está roto y recomponerlo no es posible con meras apariencias.

En diplomacia, los mensajes rara vez llegan envueltos en dramatismo. A veces basta un informe técnico, una declaración anodina, un párrafo escondido en un documento que nadie esperaba leer con tanta atención. Pero cuando ese párrafo proviene de Washington y menciona a funcionarios mexicanos, el eco es inmediato. Por mucho que algunos quieran minimizar el tema, esto va más allá de la incomodidad: se estremecen los fundamentos del sistema populista que ha venido erosionando a México desde mediados de 2018. Estos escándalos de complicidad criminal pegan en la línea de flotación del régimen. Por eso no saben qué hacer, más allá de su reacción cotidiana: generar distractores.

Estados Unidos no improvisa. Cada palabra tiene un peso específico. Y esta vez, el mensaje apunta a algo más profundo que un caso aislado: una falla estructural, una vulnerabilidad que se ha vuelto demasiado visible. La asociación de figuras, equipos y líderes de Morena con quienes son considerados enemigos de Estados Unidos ya no puede ocultarse. Su complicidad interna sería intrascendente para los americanos de no ser por el impacto brutal del fentanilo y la categorización de estas organizaciones como terroristas. Eso no se puede ignorar y tiene consecuencias muy serias, independientemente de la coyuntura política o los calendarios electorales. Morena pierde credibilidad con cada hora que pasa. La ciudadanía tiene que exigir un costo político a quienes tanto daño han causado.

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Los populistas. La historia no miente

La escena podría pertenecer a una novela política: un país que intenta proyectar estabilidad recibe, desde su socio más poderoso, un recordatorio de que la estabilidad no se proclama, se demuestra. Y que cuando los controles internos fallan, alguien más tomará nota. No vale fingir ignorancia ni pretender que aquí no pasa nada. Para Morena fue rentable durante años sostener una relación de negocio con determinados cárteles, entregándoles la rectoría del Estado en tareas como seguridad, aduanas, transporte y justicia. Pero ahora la cadena se rompe por el eslabón más delgado: la intolerancia de Estados Unidos frente a los negocios que esos delincuentes —de los cárteles y de Morena— generan y que afectan directamente a los propios americanos. Washington dijo basta. Esto ya cambió. Y el cambio no es momentáneo ni coyuntural. Aquí se rompió el espejo.

Claudia Sheinbaum llegó al poder con una narrativa de continuidad. Pero la continuidad, en política, es como una herencia familiar: uno no elige qué recibe. Hoy, la presidenta carga con un legado que se vuelve más pesado conforme avanzan las investigaciones y se multiplican los señalamientos. Diversos analistas coinciden en que Sheinbaum enfrenta una tensión que ningún manual de gobernanza resuelve fácilmente: si se distancia del gobierno anterior, fractura a su propio movimiento; si mantiene la continuidad, queda atrapada en las mismas críticas que sacuden a su antecesor. Es el dilema de la empresa familiar: el nuevo director quiere modernizar la compañía, pero cada cambio se interpreta como una traición al fundador. En política, esa tensión se multiplica. Y ante la complicidad con organizaciones terroristas, Sheinbaum no tiene muchas opciones viables si no quiere ahogarse bajo la presión de Estados Unidos.

El contexto agrava todo. Las finanzas públicas están sostenidas con alfileres, sin crecimiento económico alguno, con la confianza empresarial por los suelos y el país dependiendo enteramente de la relación comercial y energética con Estados Unidos. Meter este ruido justo cuando se revisa el T-MEC es un acto suicida. México no puede darse el lujo de entrar en colisión con la nación de la cual depende su economía. Entregar a las personas acusadas por la justicia estadounidense es indispensable si se quieren evitar represalias comerciales. El tiempo apremia: si México no actúa, Estados Unidos adoptará medidas unilaterales, incluida una posible suspensión de la exportación de gas natural que pondría al país de rodillas en menos de dos días, al carecer de alternativas para la generación de energía eléctrica.

La ciudadanía no quiere explicaciones técnicas. Quiere certezas. Quiere seguridad. Quiere que el Estado recupere el control territorial que ha perdido. Pero la seguridad no opera bajo los tiempos de la opinión pública. Sheinbaum gobierna bajo esa exigencia: demostrar eficacia en un terreno donde, según múltiples observadores, los avances han sido limitados durante años. Aunque las acusaciones no la mencionan directamente, la narrativa pública ya la coloca en el mismo tablero. En política, la cercanía pesa tanto como la responsabilidad directa. Es como si una empresa heredara un escándalo contable: aunque el nuevo director no haya firmado los documentos, la auditoría cae sobre su escritorio. Y el legado de su predecesor es brutal. Sheinbaum tuvo la oportunidad de distanciarse y reducir los daños, pero cuando pudo haberlo hecho —con la reforma judicial, por ejemplo— no hizo lo necesario. De hecho, aceleraron el paso. Y ahora se preguntan por qué el país no crece. Vaya despropósito. Errores brutales.

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Los grilletes a la economía

Las acusaciones actuales no se dirigen al expresidente, pero diversos observadores han señalado que ciertos problemas están vinculados a decisiones tomadas durante su administración. No se trata de juicios personales, sino de diagnósticos institucionales. Entre los argumentos más recurrentes destacan: la centralización de la seguridad en el Ejecutivo, reduciendo contrapesos; las tensiones con organismos autónomos que limitaron la vigilancia institucional; una estrategia de seguridad basada en la contención, interpretada como un entorno de menor presión para grupos criminales; la militarización de tareas civiles con áreas de menor escrutinio; nombramientos cuestionados que abrieron espacios de vulnerabilidad; la reconfiguración de fondos para policías locales, debilitando capacidades municipales; un ambiente de confrontación política que dificultó la coordinación interinstitucional; y la falta de resultados contundentes en casos de alto perfil, percibida como incentivo a la impunidad. Un cóctel que hoy genera adversidades estructurales.

En términos de gobernanza, es el equivalente a una administración que reduce controles internos, concentra decisiones en una sola oficina y debilita áreas clave de supervisión. El resultado es predecible: cuando llega la crisis, el sistema carece de defensas. Las acusaciones no solo generan ruido político; revelan fallas sistémicas que, según múltiples observadores, llevan años acumulándose. Los rubros críticos más notorios son los siguientes:

Crisis de legitimidad institucional. La confianza es el activo más valioso de cualquier gobierno. Cuando se sospecha que actores del Estado colaboran con organizaciones criminales, ese activo se desploma.

Riesgo de captura del Estado. La infiltración criminal no siempre se manifiesta en grandes escándalos. A veces opera en decisiones presupuestales, en nombramientos menores, en filtraciones de información. Es una erosión silenciosa pero devastadora. Una enfermedad letal.

Debilitamiento de la seguridad pública. Cuando mandos policiales o militares son señalados, la estructura operativa se fractura. La pérdida de control territorial no es solo un problema de fuerza; es un problema de confianza interna. La ciudadanía queda totalmente expuesta a los abusos.

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La incongruencia es el sello de la casa

Obstáculos para combatir la corrupción. Las redes de protección dificultan investigaciones profundas. La corrupción se vuelve un círculo cerrado. La impunidad se generaliza. La opacidad es la regla y la rendición de cuentas, la excepción. La corrupción se ha multiplicado como nunca antes.

Impacto en la cooperación internacional. La relación con socios estratégicos se vuelve más tensa. Surgen condicionamientos, mayor escrutinio y presiones diplomáticas. Se desconfía de México y de su capacidad para tomar decisiones de fondo. Es una pérdida de credibilidad en un momento crítico.

Afectación económica. La inversión, nacional y extranjera, es extremadamente sensible a la incertidumbre institucional. Sectores como energía, infraestructura y logística lo resienten de inmediato. Hoy México registra el crecimiento económico más bajo de toda Latinoamérica.

Polarización política. Las acusaciones se convierten en munición discursiva. La confrontación aumenta y la capacidad de construir consensos se reduce. El gobierno se queda solo y, en lugar de buscar alianzas con distintas fuerzas, se encierra en su ideología sin cesar sus vínculos con la delincuencia. No puede haber unidad nacional con hostilidad permanente.

En resumen, el primer gobierno de Morena surgió con un vínculo financiero y operativo con la delincuencia organizada y, además, se dedicó a destruir las capacidades institucionales: una combinación literalmente criminal. El segundo gobierno de Morena no se atreve a corregir el rumbo. En materia de seguridad, el Secretario de Seguridad Pública parece intentar una política distinta, pero sin cambios institucionales que permitan aseverar un programa sustentable y sostenido en el largo plazo. Sin una corrección de fondo —con tareas reales, rompiendo el pacto de impunidad con los delincuentes e incluso enmendando las insolentes modificaciones constitucionales— todo queda en la retórica. No es creíble que haya un deseo real de enmienda. El destino los alcanzará, porque las pifias se acumulan: finanzas públicas raquíticas, conexiones con delincuentes, exhibición ante los socios comerciales, dilución institucional e incapacidad de respetar derechos básicos. El margen de maniobra es realmente estrecho.

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Las instituciones son necesarias

México está en la cuerda floja, entre la oportunidad y el colapso. El país se encuentra en un punto crítico. La nueva administración debe demostrar independencia, fortalecer instituciones y responder con claridad a las acusaciones, sin perder cohesión política ni caer en parálisis. Pero también es un momento para reconocer que el problema no nació ayer. La fragilidad institucional, la infiltración criminal y la falta de controles efectivos son fenómenos que se acumularon con el arribo populista de 2018. La diferencia es que hoy, por primera vez en mucho tiempo, el país está obligado a mirarlos de frente. El telón cayó y todo el desastre queda a la vista.

Sheinbaum no puede dormir tranquila al amparo de no haber sido directamente involucrada en los esquemas de financiamiento electoral y de corrupción con la delincuencia organizada. La responsabilidad puede ser por acción u omisión. Todas las personas que han sabido de las fechorías de Morena y no han dicho ni hecho nada son también responsables. No se pueden lavar las manos tan fácilmente. El tema se agrava al considerar que muchas de estas personas se beneficiaron porque sus campañas electorales se financiaron con dinero sucio; en esa medida, están vinculadas a las fechorías.

Sheinbaum debe decidir si se reconstruye o se resigna. Enfrenta una prueba de estrés institucional que no puede evadir. La respuesta determinará si logra argumentar que tiene control de la seguridad y la gobernanza, o si entra en un ciclo de desgaste que comprometa su estabilidad a mediano y largo plazo. La responsabilidad es enorme. El margen de error, mínimo. Y el país ya no está en condiciones de tolerar otra crisis sin consecuencias. El espejo ya se rompió.

P.D.1. Si Morena piensa que basta con que pidan licencia los gobernantes acusados de delincuencia por Estados Unidos, están muy equivocados. No se puede tapar el sol con un dedo. En el problema se juega mucho más que los puestos que dejan. Son responsables de haber participado en un esquema delincuencial que ha afectado a México y a otros países, como Estados Unidos. Y hay muchos más en esa lista que seguramente serán señalados en breve.

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Las cifras no cuadran

P.D.2. El aviso del gobierno de Estados Unidos sobre la revisión del funcionamiento de los consulados mexicanos es una pésima noticia. La imputación es que dichas representaciones consulares se están utilizando para proselitismo y campañas políticas, violentando la autorización diplomática que rige su operación.

P.D.3. Se han cumplido ya seis meses del terrible asesinato de Carlos Manzo. La impunidad reinante sigue siendo pavorosa. Se le abandonó en vida y en la muerte. El mensaje es terrible: en nuestro país, matar no tiene costo. Las autoridades se dedican a perseguir adversarios políticos o a abandonarlos a su suerte. Los criminales son sus socios.

P.D.4. Se cumplen ya cinco años de la tragedia de la Línea 12. Más allá de simulaciones e investigaciones superficiales, no se castigó a los responsables de los gobiernos que fallaron en la construcción, operación y mantenimiento del transporte. Como a los gobiernos morenistas no les preocupan las vidas, no existe preocupación alguna por procesar a los responsables, en particular porque están en la cima de Morena y gozan de inmunidad absoluta.

P.D.5. Seguimos viendo con enorme preocupación cómo, pese al esfuerzo de reclasificación de cifras, la violencia en México sigue en ascenso. No es solamente el número total de homicidios: es la cifra de desaparecidos, el incremento en robos en carreteras, el escalamiento de extorsiones y derechos de piso, y ahora la represión y muerte contra activistas ambientales y madres buscadoras. Como dijo una activista, México es una fosa común con himno nacional.

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Notas del editor: Juan Francisco Torres Landa es miembro del Consejo Directivo de UNE México y de la red de Unid@s. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.