Estuve ahí.
Era el primer año que decidía acudir a un acto cívico de esa magnitud junto a mi familia, en la plaza Melchor Ocampo de Morelia, a cien metros de donde estallaron los artefactos.
No recuerdo un estruendo cinematográfico: recuerdo el desconcierto, la estampida sin rumbo, la ausencia total de un protocolo de evacuación, y después, horas de una autoridad que no sabía –o no quería saber– qué acababa de ocurrir frente al Palacio de Gobierno.
Esa noche no solo estallaron dos granadas de fragmentación.
Estalló también la ficción de que Morelia, y México, eran ajenos al terrorismo. Dieciocho años después, esa misma ficción sigue viva, y hoy es todavía más cínica.
El expediente que nunca cerró bien
Lo que siguió al atentado de 2008 fue, en muchos sentidos, peor que el propio ataque.
La entonces PGR, bajo el entonces procurador Eduardo Medina Mora —quien después fue ministro de la Suprema Corte y renunció a ese cargo en octubre de 2019 en medio de investigaciones por presunto lavado de dinero—, presentó como autores materiales a tres hombres de Lázaro Cárdenas que, se demostró años después, fueron levantados, torturados y obligados a confesar un crimen que no cometieron.
Estuvieron presos casi una década. Salieron libres, exonerados en definitiva en 2019, sin que absolutamente nadie haya sido condenado por el ataque ni por la tortura que fabricó a los culpables.
La propia Comisión Estatal de Derechos Humanos michoacana documentó la hipótesis de que La Familia Michoacana entregó a esos tres inocentes a cambio de una recompensa. Dieciocho años después, esa hipótesis sigue siendo eso: una hipótesis, jamás una sentencia.
Y las víctimas tuvieron que esperar hasta agosto de 2024 —dieciséis años— para que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Michoacán aprobara siquiera un pago compensatorio.
Coahuayana, 2025: el gobierno actual repitiendo el mismo guion, pero peor
Si alguien pensaba que aquello era una anomalía del pasado, el 6 de diciembre de 2025 lo desmintió con crueldad.
Un coche bomba estalló frente a la comandancia de la policía comunitaria de Coahuayana, Michoacán: cinco muertos, más de una decena de heridos, el episodio más letal con explosivos en trece años.
La propia FGR, a través de su Fiscalía Especializada Antiterrorista –que existe, que tiene facultades, que abrió carpeta por el delito de terrorismo conforme al artículo 139 del Código Penal Federal– calificó el hecho como acto terrorista.
Y horas después, tras la intervención pública del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien "descartó" el terrorismo y reclasificó el caso como delincuencia organizada, la FGR se retractó.
Distintos medios documentaron que la decisión se tomó, según fuentes consultadas, bajo instrucción de Palacio Nacional; el gobierno nunca lo ha confirmado con esas palabras, pero tampoco ha explicado con transparencia técnica por qué la propia fiscalía especializada que investiga terrorismo se desdijo en menos de veinticuatro horas.
Esto no es un matiz jurídico menor: es la evidencia de que en México el nombre de un delito no lo determina la evidencia pericial, sino la conveniencia política del momento.
Eso es más grave que la negación de 2008, porque en 2008 al menos había ignorancia institucional; en 2025 hay un aparato técnico que sí sabe nombrar el delito, y un poder político que se lo prohíbe.
Zacatecas 2026: cuando la negación se vuelve rutina administrativa
El patrón no se detuvo.
El 30 de agosto de 2026, un coche bomba estalló en Ojocaliente, Zacatecas, en plena feria regional.
Y de nuevo: clasificación inicial como terrorismo, reclasificación posterior a delincuencia organizada. Ya no es un episodio aislado ni una decisión de coyuntura: es un protocolo.
México ha normalizado un procedimiento de "clasifica y desclasifica" que convierte la palabra terrorismo en un interruptor político, no en una categoría jurídica objetiva, mientras en municipios de Zacatecas –Pinos, Villa García, Trinidad García de la Cadena, Luis Moya– se acumulan ataques con explosivos contra corporaciones de seguridad que el Estado se niega sistemáticamente a mirar como lo que estadísticamente ya son: una campaña sostenida de violencia con explosivos contra el aparato de seguridad y la población civil.
Sin mecanismo de investigación, sin justicia restaurativa
El problema no es solo semántico: México no cuenta con una estrategia nacional de investigación e inteligencia especializada en actos terroristas cometidos por organizaciones criminales, sostenida en el tiempo y blindada de la coyuntura política; tiene, en cambio, una fiscalía especializada que se activa y se desactiva según convenga a Palacio Nacional.
Y no existe, dieciocho años después de Morelia, ningún mecanismo de justicia restaurativa diseñado específicamente para víctimas de estos actos: ni protocolos de atención psicológica de largo plazo, ni reparación integral automática, ni memoria institucional que impida que cada víctima tenga que litigar, década tras década, para que el Estado reconozca lo que le ocurrió.
Mientras el Departamento de Estado de EU designa ya a ocho organizaciones mexicanas como terroristas, el Estado mexicano sigue decidiendo, caso por caso y según el calendario político, si puede pronunciar la palabra.
Lo que debería hacerse
¿Qué se requiere?
- Primero, que la clasificación de terrorismo doméstico deje de depender de instrucciones políticas y regrese a criterios periciales verificables y públicos;
- Segundo, una ley de víctimas de terrorismo con mecanismos de justicia restaurativa reales, no promesas de aniversario;
- Tercero, transparencia total —no negación ni retractación silenciosa— sobre quién ordena reclasificar un delito y por qué.
Sin eso, cada explosión seguirá terminando en el mismo lugar: una carpeta que cambia de nombre, una ofrenda floral, y dieciocho años más de la misma cobardía institucional disfrazada de prudencia.
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*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx
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