En los últimos días hemos visto un caso realmente ofensivo por todo lo que involucra. De forma inverosímil se ha encarcelado al exgobernador Ernesto Ruffo. El proceso penal se ha hecho con base en acusaciones estrafalarias y artificiales sobre su supuesta participación en un esquema de defraudación fiscal en importación de combustibles. Lo increíble no es solo que las imputaciones estén fabricadas en su caso, sino que en otros casos no se ha hecho absolutamente nada. Hay investigaciones contra altos mandos de Morena que provienen desde 2020 y ahí no hay sino impunidad total. En México no se pone alto a los criminales. Los de Morena son autores de corrupción rampante, pero saben que no tienen nada de qué preocuparse puesto que las fiscalías brillan por su ausencia. Impunidad garantizada.
No olvidemos que el huachicol fiscal es un negocio que requiere un ecosistema. Para funcionar necesita el consentimiento de muchas autoridades federales: Aduanas, SAT, Sedena, Semar, Guardia Nacional, Pemex, Sener, etc. La única forma en que opere es si se permite apagar todas las alarmas desde que se adquieren los combustibles en EU hasta que son introducidos, distribuidos y vendidos en territorio nacional. Ningún particular puede realizar esa operación sin que las autoridades sean instruidas para facilitarla. Eso solo es factible si el visto bueno proviene de la Presidencia de la República. Morena no solo no combatió ese negocio: lo multiplicó y profesionalizó de la mano de la delincuencia organizada en amplios territorios del norte y centro de México. El esquema ya implica un desfalco de al menos 750,000 millones de pesos, conforme a diversos estudios, uno de ellos a cargo de Francisco Barnés de Castro. Y lo peor: sigue vigente. Morena sigue robando al erario público.
Por ello llama la atención lo que hoy sucede. El caso de Ruffo es una mala obra de teatro. Un ataque frontal contra una figura del sector opositor, justo cuando hay enormes grupos de personas ligadas a Morena con acusaciones de corrupción y asociación delictuosa. Destacan los casos de los gobernadores de Baja California, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora y Michoacán. El de Baja California es particularmente relevante por el escándalo de las conversaciones telefónicas en que la gobernadora se ofrece a espiar para las autoridades de EU a cambio de impunidad, recuperar su visa y no ser investigada en aquel país. En este contexto, la autoridad ministerial decide actuar, pero no contra quienes tienen manifiestas irregularidades, sino contra un chivo expiatorio: alguien cuya única responsabilidad es ser socio minoritario de Ingemar, una comercializadora de combustibles que no se encarga directamente de la importación.
Las irregularidades en el proceso son evidentes. La carpeta de investigación de la FGR no abarcaba a Ruffo sino hasta hace unas semanas. Lo incorporaron porque les urgía distraer la atención de la camada de morenistas con escándalos mediáticos. No contentos con adulterar la investigación, se toparon con un juez de carrera que negó la orden de aprehensión. Entonces la FGR cambió la acusación y recurrió a una juez del acordeón para obtener la captura. Toda la energía de la procuración de justicia federal para atacar a un contrincante político inerte. No importa que el caso no tenga solvencia; lo importante es golpear a los adversarios con el uso faccioso de las instituciones. Prueba evidente del daño cuando las estructuras de gobierno pierden autonomía e independencia. Para eso querían destruir al poder judicial y los órganos constitucionales autónomos: para que sirvieran a sus propósitos y no a los de la nación. Lo que nos preocupaba hoy es una realidad.
Otro dato alarmante: la presidenta dijo que Ruffo tenía que acreditar su inocencia. Pequeño detalle: a la titular del Ejecutivo se le olvidó la presunción de inocencia, columna vertebral de toda causa penal. Corresponde a la autoridad acreditar la responsabilidad, no al imputado demostrar su inocencia. Los imputados son inocentes hasta que se les pruebe lo contrario, no al revés como pretende la Presidenta.
