Aunque el problema tiene décadas de existencia, es a partir del arribo de Morena en 2018 cuando el número de desaparecidos comienza a crecer de forma exponencial. En 2017 se registraban cerca de 7,000 nuevas desapariciones anuales; en 2022 esa cifra superó las 15,000. La estrategia de "abrazos, no balazos" fue la señal inequívoca: la delincuencia entendió que podía hacer lo que se le pegara la gana, con impunidad garantizada. Las instituciones de seguridad y justicia se hicieron a un lado. Las bandas ampliaron su territorio sin temor a persecución ni sanción. Una fórmula perdedora por donde se vea. La población expuesta como carne de cañón.
Todos estos hechos demuestran que el desprecio por la vida forma parte del ADN de Morena. Solo así se entiende el saldo de sus dos presidentes desde 2018: niños con cáncer sin medicamentos ni tratamiento, personal médico sin insumos, hospitales sin medicinas ni alimentos, un récord histórico de homicidios y una escalada imparable de desapariciones. Para evidenciar el grado de cinismo: en todos esos años, ninguno de los dos presidentes tuvo el gesto mínimo de reunirse con las madres buscadoras. El argumento esgrimido fue proteger la investidura presidencial. Vaya forma más despreciable de abandonar a las víctimas.
Las desapariciones no se limitaron a personas. En el sector salud también desaparecieron las vacunas, los medicamentos y los insumos hospitalarios. México era, hasta 2018, referente mundial en programas de vacunación y disponibilidad de medicinas. Bajo la excusa de combatir la corrupción y ahorrar recursos, Morena logró lo contrario: millones de personas dejaron de ser inoculadas, y con ello resurgieron enfermedades que ya habían sido erradicadas, como el sarampión y la poliomielitis. Se destruyó el sistema de compra de medicamentos, se adquirió una mega-farmacia que no funcionó, y se hicieron anuncios grandiosos que no cambiaron la realidad: hoy no hay medicamentos ni insumos en los hospitales públicos. El resultado es una privatización de facto: la gente acude a farmacias privadas porque en el sector público no hay nada.
También desaparecieron las fuerzas armadas como institución de seguridad nacional. Al convertirlas en operadoras de obra pública y en gestoras de tareas ajenas a su mandato constitucional, Morena eliminó su función primaria en defensa y seguridad. Las Fuerzas Armadas asumieron responsabilidades de seguridad pública para las que no estaban diseñadas. El resultado es un desastre operativo y un incremento exponencial de casos de corrupción entre sus propias filas.
La desaparición se amplió a derechos e instituciones, con la extinción de los organismos constitucionales autónomos. INAI: desapareció la transparencia y el acceso a la información pública. IFT: desapareció la autonomía en materia de telecomunicaciones. COFECE: desapareció la independencia en competencia económica. Estas entidades se convirtieron en apéndices del gobierno federal: la toma de decisiones técnicas quedó centralizada y al servicio del gobierno en turno, no de la nación. Una pérdida neta para la calidad de la administración pública y para los derechos de todos.
La destrucción judicial es otro capítulo de desapariciones. Desapareció la independencia de la judicatura. Desapareció la carrera judicial. Con ellas, desapareció el principal contrapeso al poder ejecutivo. Ministros, magistrados y jueces se convirtieron, en su gran mayoría, en comparsa y sello de impunidad de los funcionarios administrativos. La revisión de la constitucionalidad y legalidad de los actos de autoridad —columna vertebral de cualquier Estado de derecho— quedó debilitada. La ciudadanía ha quedado en indefensión absoluta.
El escudo de los programas sociales ya no alcanza para ocultar la realidad. Morena apostó a una estrategia simple: repartir efectivo a cambio de no ser cuestionada en el ejercicio del poder. En los hechos, se abocó a desaparecer libertades e instituciones con la misma falta de empatía con la que ha tratado la tragedia de las desapariciones humanas. Extinguió los contrapesos. Eliminó los obstáculos al abuso del poder. Pero la fórmula no funciona: el dinero en efectivo no sana las heridas que deja un gobierno miserable, insensato y arbitrario.
La irresponsabilidad de Morena abarca muchos rubros: el uso faccioso de recursos públicos, el endeudamiento exponencial y —lo más grave— la vinculación visible con la delincuencia organizada. Ese último factor es el que más duele, porque implica una alianza deliberada con los responsables directos de las desapariciones. Vendieron al país por sus aspiraciones de poder. Se aliaron con quienes desaparecen personas. Su responsabilidad no es solo política: es criminal. La aquiescencia que mencionamos al inicio no fue pasiva. Fue un pacto.
El tema central es la responsabilidad. Si Morena y sus líderes se han dedicado a destruir todo lo que encontraron, no pueden negar su autoría. Alegar que todo lo anterior era malo no alcanza para validar una agenda cuya meta real fue concentrar poder y perpetuarse, sin que el electorado pudiera expresar una opinión distinta. El ejercicio no es sostenible. Al caerse el telón quedan claras las verdaderas intenciones y la necesidad urgente de detener esta hemorragia. La población sufre vejaciones como nunca antes. Las desapariciones son la huella más visible de una destrucción irracional y sistemática. La única salida es la que siempre ha existido: la participación ciudadana masiva y decidida.
