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Segundo Informe de Gobierno en Seguridad IV

El informe termina donde empieza la responsabilidad.
prevencion extorsion mexico
La seguridad de un país no se mide por la contundencia de su relato, sino por la libertad efectiva de sus ciudadanos, señala Alberto Guerrero. (Photo Beto/Getty Images)

La cárcel como infraestructura criminal

Si el primer problema era medir la caída de la violencia, el segundo convertir inteligencia en investigación y el tercero construir capacidades locales, el cuarto es cerrar el ciclo dentro del sistema penitenciario y frente a la rendición de cuentas.

El informe dedica un capítulo amplio a cárceles federales, pero sus propios datos muestran que la seguridad penitenciaria sigue siendo una tarea de contención, no todavía una política plenamente demostrada de reinserción y desarticulación criminal.

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Centros penitenciarios: territorios sin soberanía

El sistema federal reporta 14 Centros Federales de Reinserción Social con 20,985 personas privadas de la libertad al 31 de julio de 2026, equivalente a 74.4% de la capacidad instalada.

El dato sugiere que existe margen de capacidad. Pero capacidad disponible no significa sistema funcional.

La pregunta decisiva es qué ocurre dentro: quién controla las comunicaciones, cómo ingresan objetos prohibidos, qué redes criminales operan, qué tan efectiva es la supervisión y qué porcentaje de internos recibe condiciones reales para no reincidir.

El informe ofrece un dato especialmente revelador.

Se elaboraron 154 diagnósticos de riesgo, 86 alertas tempranas y 551 notas de inteligencia.


Además, se integraron 35 investigaciones relacionadas con redes criminales que operaban desde el interior de centros penitenciarios federales.

Esto confirma algo negado durante años: la cárcel no es solamente el lugar donde el Estado encierra delincuentes; puede convertirse en infraestructura operativa de las organizaciones criminales.

Precisamente por eso, 35 investigaciones deben leerse como un resultado y como una alarma. Si hubo necesidad de integrar investigaciones sobre redes internas, existe una amenaza criminal persistente dentro del sistema.

El informe enfatiza la prevención, pero no informa sobre cuántas redes fueron desmanteladas, cuántos funcionarios fueron sancionados, qué activos se aseguraron o cuánto disminuyó la capacidad de mando criminal desde las cárceles.

El bloqueo de señales telefónicas también muestra la complejidad.

El informe señala que la inhibición celular se instaló en Puente Grande y posteriormente en otros 11 centros prioritarios.

Es necesaria frente a la extorsión penitenciaria, pero insuficiente.

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El crimen puede sustituir telefonía por mensajería clandestina, corrupción, visitas, dispositivos alternativos o intermediarios externos, con controles internos efectivos.

La seguridad penitenciaria necesita inteligencia financiera, control de funcionarios, análisis de comunicaciones, inspección tecnológica y trazabilidad de contactos.

Reinserción sin autoengaño

En materia de reinserción, el informe presenta actividades educativas, laborales, culturales y de capacitación. Registra 204 certificados obtenidos mediante cursos en línea y 4,665 personas privadas de la libertad inscritas en algún nivel educativo.

Son esfuerzos valiosos, pero falta medir resultados.

Reinserción no es impartir cursos. Es lograr que una persona, al recuperar la libertad, tenga habilidades, vínculos legales, oportunidades laborales y menor probabilidad de reincidir.

La administración debe explicar cómo conecta el sistema penitenciario con la política criminal exterior.

Si una organización mantiene capacidad de extorsionar, ordenar homicidios o administrar mercados desde una prisión, entonces las capturas realizadas en la calle pierden parte de su eficacia.

La cárcel debe cortar capacidades, no administrar población.

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La estadística delictiva: la mascarilla que encubre la falta de metodología

Hay un problema adicional: la metodología de los datos.

El informe usa carpetas de investigación para describir incidencia delictiva y reconoce que 2026 contiene información preliminar al 31 de julio.

Esto es legítimo, pero obliga a interpretar con prudencia los porcentajes. Las carpetas no equivalen a todos los delitos cometidos.

Dependen de denuncia, registro, clasificación y actuación ministerial.

El propio informe reconoce la necesidad de mejorar sistemas de información y anuncia nuevos registros de incidencia y eficiencia ministerial. Esa necesidad revela que la infraestructura estadística todavía está en construcción.

La estadística bajo examen

La misma cautela debe aplicarse a la percepción ciudadana.

La ENSU reportada en el informe muestra una reducción de hábitos modificados por temor y señala que delincuencia dejó de ocupar los primeros lugares de preocupación en junio de 2026. Es una señal favorable.

Pero percepción y criminalidad son dimensiones distintas. Una ciudad puede sentirse tranquila y seguir padeciendo delitos no denunciados; también puede registrar delitos mientras la preocupación se desplaza hacia problemas urbanos como agua, baches o basura.

La rendición de cuentas no puede consistir de manera verificable únicamente en presentar porcentajes descendentes. Debe incluir denominadores, series completas, tasas por población, distribución territorial, tasas de esclarecimiento, judicialización, sentencias, reincidencia, corrupción detectada y evaluación independiente.

Sin ese tablero, el gobierno puede demostrar actividad, pero no necesariamente efectividad.

La responsabilidad institucional, ese faltante en el informe

Falta una dimensión esencial: la responsabilidad institucional.

Cuando un informe atribuye mejoras a una estrategia, debe identificar responsables, metas y correcciones. La coordinación diluye responsabilidades si todos participan.

El Estado necesita saber qué dependencia conduce cada objetivo y qué consecuencia deriva del incumplimiento. Sin responsabilidad verificable, la arquitectura produce consenso burocrático sin aprendizaje.

La experiencia demuestra que los gobiernos pueden modificar estructuras sin cambiar comportamientos. Por eso el próximo informe debería reconstruir cada cadena de resultados desde diagnóstico hasta sentencia y prevención hasta cambio comunitario.

Concluyendo…

El balance final es más complejo que su narrativa.

Hay una reducción real y relevante del homicidio; existen avances en coordinación, inteligencia, certificación, cooperación internacional y tecnología. Negarlos sería negar datos. Pero también existen concentraciones territoriales severas de violencia, capacidades policiales desiguales, una extorsión que exige mejores indicadores, cárceles que todavía contienen redes criminales y una arquitectura estadística que reconoce sus propias limitaciones.

El verdadero examen no será producir un informe convincente. Será demostrar que la reducción es sostenible, que la inteligencia produzca condenas, que la prevención modifique riesgos y que las policías locales sostengan resultados.

La seguridad de un país no se mide por la contundencia de su relato, sino por la libertad efectiva de sus ciudadanos.

Si el gobierno quiere convertir una tendencia favorable en política de Estado, debe dejar de confundir actividad con impacto, coordinación con capacidad y estadística con verdad completa.

El informe ofrece una arquitectura.

Falta demostrar que puede sostener la realidad.
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*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx

Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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