Balance del modelo de seguridad a dos años de Gobierno

La presidenta atribuyó estos resultados a los cuatro ejes de su estrategia: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, y coordinación entre instituciones y órdenes de gobierno. A ello agregó la detención de 63 mil personas —incluidos 207 objetivos prioritarios de todos los grupos del crimen organizado—, el decomiso de 32,824 armas y 519 toneladas de drogas, así como el desmantelamiento de 2,725 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para producir metanfetaminas.

Los datos oficiales muestran avances que deben reconocerse. Sin embargo, el informe también permite identificar tres implicaciones sobre el modelo de seguridad que se está consolidando.

1. Un modelo estadocéntrico

La primera es que se trata de un modelo estadocéntrico. Su prioridad es proteger la estabilidad del Estado y recuperar su capacidad para imponer orden. El homicidio doloso ocupa el centro de la narrativa porque representa la manifestación más extrema de la violencia, pero también porque es un indicador visible, comparable y políticamente rentable. Su reducción permite comunicar que el Gobierno recupera el control.

En la misma lógica se inscriben las detenciones, los decomisos y la destrucción de laboratorios. Son acciones necesarias frente a organizaciones con capacidad para desafiar a las autoridades, controlar territorios y capturar mercados ilícitos. No obstante, también revelan una estrategia predominantemente punitiva, conducida desde el Gobierno federal y sostenida por instituciones militares. El agradecimiento de la presidenta comenzó, significativamente, por los titulares de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional.

Este enfoque ofrece créditos internos y externos. En México permite presentar resultados concretos frente a la principal preocupación de la población. Ante Estados Unidos demuestra disposición para detener objetivos criminales, decomisar drogas y armas y desmantelar infraestructura para la producción de metanfetaminas. Por ello, es previsible que esta orientación se mantenga en el corto plazo.

2. La omisión de otras violencias

La segunda implicación es que el modelo deja fuera otros problemas públicos. La seguridad no puede reducirse a la cantidad de homicidios registrados. Existen violencias que quizá no producen tantos cuerpos, pero restringen severamente la libertad de las personas y modifican la vida económica y comunitaria.

El cobro de piso obliga a comerciantes y productores a pagar para trabajar, altera precios y puede provocar el cierre o desplazamiento de empresas. La desaparición de personas destruye familias y muestra la incapacidad institucional para buscar e investigar. La violencia familiar convierte el hogar en un espacio de riesgo, especialmente para mujeres, niñas y niños. También deben considerarse el reclutamiento de jóvenes, el despojo, la trata de personas y las amenazas contra periodistas, autoridades y líderes comunitarios.

Estos fenómenos pueden coexistir con una disminución del homicidio. Incluso pueden ser mecanismos mediante los cuales una organización criminal estabiliza su dominio territorial: mata menos porque ya no necesita disputar abiertamente el control. Por eso, una reducción del homicidio no equivale automáticamente a pacificación ni demuestra que las personas hayan recuperado sus libertades.

3. Relegación de otras políticas igualmente importantes

La tercera implicación es que quedan relegados rubros indispensables de la política pública. La estrategia federal concentra la atención en la Guardia Nacional, la inteligencia y los operativos, pero la seguridad cotidiana sigue dependiendo de policías municipales, policías estatales, fiscalías y servicios de atención a víctimas. Son estas instituciones las que reciben denuncias, investigan delitos, buscan personas desaparecidas y deben convertir una detención en una sentencia.

Sin embargo, muchos policías locales siguen enfrentando salarios insuficientes, precariedad laboral, falta de equipamiento y capacidades limitadas de investigación. Las fiscalías acumulan millones de casos sin resolver, enfrentan carencias tecnológicas y no ejecutan una proporción importante de las órdenes de aprehensión. Tampoco existe una política nacional de prevención de la violencia basada en evidencia, con programas evaluables y continuidad presupuestaria.

Esta debilidad no es secundaria. La Guardia Nacional puede detener a una persona, pero necesita de una fiscalía capaz de construir el caso. La inteligencia federal puede identificar una red criminal, pero se requiere presencia policial local para evitar que vuelva a ocupar el territorio. Los operativos pueden contener la violencia, pero no sustituyen instituciones civiles capaces de sostener los resultados.

Una tendencia favorable no es una mejora estructural

El balance, por tanto, no exige desconocer las cifras oficiales. Si los registros muestran una reducción pronunciada del homicidio y de otros delitos, corresponde reconocerla y estudiar sus causas. Pero estos datos describen solamente una parte de la seguridad.

El riesgo está en confundir una tendencia favorable con la solución estructural del problema. Si la reducción descansa principalmente en operativos federales, detenciones y decomisos, mientras se abandonan la prevención, las policías locales, las fiscalías y la atención de otras violencias, los resultados pueden ser frágiles. México ya ha conocido periodos de contención seguidos por nuevos ciclos de violencia. Evitar otro rebote exige ampliar el diagnóstico y construir las instituciones civiles que puedan hacer sostenible lo alcanzado.

*Armando Vargas (@BaVargash) es doctor en Ciencia Política, profesor universitario en la UNAM y el Tecnológico de Monterrey y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa.