La coordinación con Estados Unidos
El mismo problema aparece en la coordinación internacional.
La Secretaría reporta 50 reuniones con agencias estadounidenses como FBI, DEA, ATF, ICE y CBP, además de intercambios con servicios europeos y latinoamericanos. Esto demuestra cooperación intensificada. Pero reuniones, capacitaciones y canales de comunicación no equivalen automáticamente a cooperación estratégica efectiva.
El indicador sería cuántas investigaciones binacionales concluyeron en desarticulaciones, decomisos, extradiciones, condenas y recuperación de activos.
Hay, además, una cuestión geopolítica.
El informe utiliza cuidadosamente el lenguaje de soberanía y coordinación sin subordinación, mientras reconoce un intercambio creciente de inteligencia con agencias estadounidenses.
Esa relación es necesaria para enfrentar mercados transnacionales, pero exige controles y trazabilidad. Cuanto más depende México de información compartida, más importante resulta garantizar quién la produce, cómo se valida, quién puede explotarla y qué ocurre cuando la inteligencia extranjera entra en una investigación nacional.
¿Nueva arquitectura estructural de seguridad?
La nueva arquitectura es prometedora pero incompleta.
México parece haber entendido que el crimen organizado no se combate únicamente con presencia territorial. Ahora necesita demostrar que sabe convertir inteligencia en investigaciones, investigaciones en procesos penales y procesos en desarticulación permanente.
Y ahí aparece el siguiente eslabón de la cadena: la prevención y la extorsión, donde el éxito ya no puede medirse por capturas, sino por la capacidad de impedir que el ciudadano vuelva a quedar solo frente al delincuente.
La extorsión como prueba
La extorsión es el laboratorio más exigente para esta estrategia.
El informe registra 227,365 llamadas recibidas por los servicios 089 y 088 durante el periodo: 212,237 al 089 y 15,128 al 088. En 2026, 87.9% correspondió a intentos no consumados y 12.1% a extorsiones consumadas.
La cifra demuestra demanda ciudadana de protección y que muchas amenazas pueden ser neutralizadas.
Pero llamadas atendidas no equivalen a extorsiones investigadas. Tampoco permiten conocer cuántos casos terminaron con identificación de responsables, judicialización y sentencia.
La metodología para la evaluación: la medición de la extorsión
El problema metodológico es central: cuando un gobierno utiliza registros administrativos como prueba de reducción, debe explicar si el cambio refleja menos delitos, más denuncia, mejor clasificación o variaciones en la capacidad de registro.
Una disminución en carpetas puede ser éxito; también puede ser subregistro.
Una llamada al 089 puede representar prevención; también puede mostrar que la víctima no confía todavía en denunciar formalmente. El informe no resuelve la incertidumbre.
Además, la extorsión golpea economías locales mediante mecanismos que rara vez aparecen completos en una estadística policial.
El cobro de piso puede provocar cierres, desplazamientos, cambios de ruta o informalidad. Su costo social excede la carpeta. Por eso la política debería medir pérdidas evitadas, negocios protegidos, territorios recuperados y redes financieras desmanteladas.
_____
*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
