El 24 de junio de 2026, Terrance Cole, director de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), publicó un mensaje en video que la Embajada estadounidense en México amplificó puntualmente al día siguiente.
La frase fue contundente: "Los cárteles mexicanos, Sinaloa y CJNG, son la prioridad número uno de la DEA. El pueblo americano merece que la DEA elimine esta amenaza, y eso es precisamente lo que estamos haciendo".
No fue un comunicado rutinario. Fue una declaración de objetivos con nombre, estructura y geografía. Y fue dirigida, con toda intención, también a nosotros.
Leer este mensaje como simple retórica antinarcóticos sería un error estratégico.
Es la culminación pública de una arquitectura de política que lleva meses construyéndose con una coherencia que, hay que reconocerlo, el gobierno mexicano no ha logrado equiparar en claridad ni en velocidad.
El 22 de febrero de 2026, el Ejército Mexicano abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del CJNG desde su fundación, en Tapalpa, Jalisco.
La propia Secretaría de la Defensa Nacional reconoció que la operación contó con "información complementaria" del gobierno de Estados Unidos.
El resultado inmediato fue devastador para la infraestructura criminal jalisciense —252 narcobloqueos en 20 estados, 25 elementos de la Guardia Nacional fallecidos en los días siguientes— pero también inauguró algo más relevante para el análisis: un modelo operativo binacional que ya fue probado, que funcionó, y que nadie ha desmontado.
Cuando Cole declara que el CDS es ahora prioridad equivalente al CJNG, no está anunciando una intención abstracta.
Está señalando que el mismo modelo de inteligencia compartida, seguimiento de redes y targeting de alto valor podría replicarse sobre la estructura sinaloense. La pregunta no es si puede. La pregunta es cuándo y sobre quién.
El 12 de mayo de 2026, Cole compareció ante el Subcomité de Apropiaciones del Senado estadounidense. Días antes, el Departamento de Justicia había desenlazado el indictment contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios más, acusándolos de coludirse con los Chapitos para distribuir "cantidades masivas de drogas" hacia Estados Unidos. Ante la pregunta de un senador, Cole respondió con una frase que debería estar en el escritorio de todo analista político en México: "Puedo asegurarle que esto es solo el comienzo de lo que está por venir."
No es hipérbole. Es una señalización estratégica. El modelo jurídico de Rocha Moya ya existe: un gobernador en funciones puede ser acusado formalmente por el DOJ.
El umbral fue superado. Lo que resta es saber sobre qué nivel de la clase política mexicana se aplicará a continuación.
Sería un error interpretar las declaraciones de Cole como exabruptos de una administración impulsiva.
Forman parte de una arquitectura coherente: la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, publicada por la Casa Blanca, contempla explícitamente el desmantelamiento de laboratorios clandestinos de fentanilo en México; la designación terrorista a CDS y CJNG amplió el umbral jurídico para acciones extraterritoriales; en diciembre de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que declara al fentanilo ilícito como arma de destrucción masiva. Y los mensajes del gabinete no dejan margen a la ambigüedad: Pete Hegseth anunció que van "a la guerra contra los cárteles"; JD Vance se reservó el derecho a acciones militares; Marco Rubio advirtió que los cárteles podrían usar drones contra intereses estadounidenses.
Todo esto ocurre mientras México perfecciona una narrativa de soberanía que, legítima en el derecho, resulta cada vez más costosa en los hechos.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido consistente: no habrá intervención en suelo mexicano, no se aceptarán operativos unilaterales, la soberanía no es negociable.
La postura es jurídicamente correcta. El problema es que el modelo que ya opera no requiere intervención formal: requiere inteligencia compartida, un objetivo localizado y fuerzas mexicanas que ejecuten. Tapalpa fue exactamente eso.
México está atrapado en una contradicción operativa: coopera en los hechos y protesta en el micrófono. Esa brecha entre discurso y práctica es, en sí misma, una vulnerabilidad política de primer orden.
Mientras la Cancillería exige pruebas sobre Rocha Moya que Washington dice tener, la DEA avanza sobre la cadena completa —facilitadores, lavadores, distribuidores— sin pedir permiso para investigar.
El parámetro que definirá si las declaraciones de Cole son señalización o preludio es simple: un segundo indictment de alcance federal en México. Si ocurre, confirma que la ofensiva es sistemática y que el sistema de justicia mexicano tendrá que responder —o explicar por qué no puede— ante una presión sin precedentes históricos en la relación bilateral.
Desde una perspectiva de política criminal y seguridad institucional, la pregunta urgente no es qué hará la DEA. Eso ya lo sabemos: perseguir, acusar, presionar, judicializar. La pregunta es qué hará México cuando la lista llegue más arriba.
Porque Cole ya dijo que hay lista. Y que apenas empiezan.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
