El 23 de junio de 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos presentó ante el Congreso su “Report to Congress on Disrupting Fentanyl Proliferation”.
El texto no es un reporte burocrático cualquiera.
Es un documento de orientación estratégica que reconfigura la relación bilateral en materia de seguridad para los próximos años. Su lectura obliga a una conclusión incómoda: Washington ya tomó decisiones. México sigue debatiendo si debe tomarlas.
El informe formaliza lo que algunos analistas venimos advirtiendo desde hace tiempo: Estados Unidos dejó de tratar el tráfico de fentanilo como un problema criminal ordinario para elevarlo a categoría de amenaza de seguridad nacional. Los principales cárteles mexicanos fueron designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras y como Specially Designated Global Terrorists.
Esa clasificación no es semántica. Es jurídica, financiera y operativa. Abre facultades legales extraordinarias: persecución de financiadores, sanciones secundarias, congelamiento de activos, ampliación de jurisdicción extraterritorial.
México puede no aceptar esa doctrina, pero no puede ignorar sus consecuencias.
El gobierno mexicano ha desarrollado una habilidad notable: hablar de cooperación sin practicarla de manera consistente. La retórica de la soberanía ha sido invocada con tanta frecuencia y con tanta amplitud que ha dejado de ser un principio jurídico para convertirse en un mecanismo de evasión política.
El informe estadounidense reconoce avances bajo la administración de la presidenta Sheinbaum: mayor número de decomisos, destrucción de laboratorios, participación en el Security Implementation Group, algunas extradiciones relevantes.
Eso habla bien de ciertos esfuerzos institucionales. Sin embargo, el mismo documento señala que esos avances resultan insuficientes frente a la magnitud de la amenaza.
No lo dice como provocación. Lo dice porque los datos lo respaldan.
La pregunta que el gobierno mexicano no ha respondido con claridad es esta: ¿dónde están los límites reales de la cooperación?
Porque dentro del marco constitucional mexicano, dentro del derecho internacional y sin ceder un milímetro de soberanía efectiva, existe un amplio espacio de acción que no ha sido aprovechado.
Compartir inteligencia financiera sobre redes de lavado, fortalecer la persecución patrimonial de organizaciones criminales, transparentar los resultados del combate al tráfico de precursores: ninguna de esas acciones requiere violar la Constitución.
Requieren voluntad política. Y esa es precisamente la variable que escasea.
El problema no es únicamente de omisión técnica o institucional. Es político en su sentido más profundo y más perturbador.
El indictment del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, constituyó una señal de alarma de primer orden.
No porque un funcionario haya sido acusado en el extranjero —eso en sí mismo es un asunto de derecho y de proceso— sino porque reveló algo que el sistema político mexicano ha preferido administrar en silencio: la penetración de intereses del crimen organizado en estructuras de gobierno va mucho más allá de los casos individuales y documentados públicamente.
El gobierno federal respondió con cautela calculada.
No hay investigación formal anunciada, no hay posición institucional clara, no hay mecanismo visible de depuración preventiva. Esa respuesta —o más precisamente, esa no-respuesta— no es políticamente neutral.
Es un mensaje. Le dice a Washington que México gestiona internamente sus escándalos de corrupción bajo sus propios tiempos y sus propias prioridades. Y le dice a la ciudadanía que la infiltración del narco en la política es un tema que se administra, no que se confronta.
El informe estadounidense insiste en que la prioridad estratégica es el dinero, no la droga. Desmantelar las finanzas del crimen organizado produce efectos más duraderos que destruir laboratorios.
México, en contraste, ha avanzado con una lentitud que no tiene justificación técnica: los marcos legales para la inteligencia financiera existen, las unidades institucionales existen, los tratados internacionales de cooperación existen.
Lo que no existe, o existe de manera insuficiente, es la voluntad de aplicarlos contra objetivos que tienen vínculos políticos, económicos o territoriales con actores de peso.
La persecución patrimonial de los grandes cárteles sigue siendo estadísticamente marginal respecto al volumen de activos que mueven. Los casinos, las fintech, las inmobiliarias y las empresas de fachada que blanquean recursos del crimen organizado operan en México con una impunidad que no puede explicarse únicamente por falta de capacidad institucional.
Hay una narrativa cómoda que convierte este debate en una disputa entre Washington y la Ciudad de México.
No lo es.
Lo que está en juego es la seguridad de la población mexicana, la integridad del Estado y la capacidad del país para definir su propio futuro sin que el crimen organizado sea un actor con poder de veto sobre decisiones públicas.
México no necesita obedecer a Estados Unidos.
Necesita actuar en su propio interés con la determinación que la crisis exige. Cada demora en desmantelar redes financieras, cada investigación que se archiva sin explicación, cada funcionario acusado que no enfrenta consecuencias institucionales inmediatas, es una cesión de soberanía real —no a Washington, sino al crimen organizado.
El espejo que el informe estadounidense coloca frente a México es incómodo. Pero no mirarlo no lo hace desaparecer.
_____
Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
