México lleva dos décadas reformando su sistema de procuración de justicia.
Cambió la Constitución. Construyó un Código Nacional de Procedimientos Penales. Otorgó autonomía formal a sus fiscalías. Creó fiscalías especializadas. Diseñó protocolos, capacitó ministerios públicos, firmó convenios interinstitucionales y celebró cada modificación legal como si fuera el principio del fin de la impunidad.
El resultado está a la vista: entre el 90 y el 95% de los delitos denunciados en México no terminan en ninguna forma de sanción efectiva.
No porque las leyes sean malas.
Sino porque las instituciones que deben operarlas tienen fallas estructurales que ninguna reforma normativa ha tocado en serio.
El problema de las fiscalías mexicanas hoy no es jurídico. Es organizacional, metodológico y estratégico.
Y esa distinción importa enormemente, porque define qué tipo de intervención se necesita y cuánto tiempo seguiremos desperdiciando en diagnósticos que no se convierten en transformación.
Durante años, la narrativa dominante señaló al Poder Judicial como el responsable del colapso del sistema penal.
Los jueces eran lentos, las sentencias absurdas, los criterios inconsistentes. Había algo de verdad en ello.
Pero era una verdad incompleta que permitía a las fiscalías eludir su propia responsabilidad.
La evidencia acumulada apunta en otra dirección: una parte sustancial del rezago ocurre antes de llegar al juez.
Ocurre en la carpeta de investigación que nadie prioriza. En el ministerio público que administra expedientes en lugar de investigar fenómenos. En la fiscalía que organiza su trabajo por volumen de casos y no por impacto criminal. En la institución que mide su desempeño contando carpetas abiertas y cerradas, sin preguntarse jamás si debilitó alguna organización delictiva o protegió a alguna comunidad.
La gestión ministerial es el verdadero cuello de botella.
Y transformarla requiere algo que las reformas legales no contemplan: administración pública especializada, dirección estratégica y modelos de trabajo completamente distintos a los actuales.
Aquí reside quizá la falla conceptual más profunda del modelo actual.
Las fiscalías mexicanas fueron diseñadas —y siguen operando— como máquinas procesadoras de expedientes. Cada caso llega, se registra, se clasifica y eventualmente se archiva o se judicializa.
El sistema mide su productividad en función de la velocidad con que procesa esa carga.
Lo que ningún indicador mide es si ese trabajo tiene algún efecto sobre la criminalidad real. ¿Se desarticuló alguna red de extorsión? ¿Se identificó la estructura financiera detrás de una banda de secuestradores? ¿Se redujo la presencia territorial de una organización que opera en determinado municipio?
La respuesta, en la gran mayoría de los casos, es no.
No porque los fiscales sean incompetentes, sino porque el modelo institucional no fue diseñado para ese propósito.
La persecución penal estratégica —que orienta la acción del ministerio público hacia fenómenos criminales y no hacia carpetas individuales— sigue siendo una aspiración retórica en México, no una práctica institucionalizada.
Las fiscalías que mejor funcionan en el mundo no operan en modo reactivo. T
rabajan con análisis criminal sistemático, inteligencia financiera, georreferenciación del delito, minería de datos y análisis de redes criminales.
No esperan que llegue una denuncia para comenzar a investigar: construyen conocimiento sobre los mercados delictivos que operan en su territorio y orientan sus recursos hacia los nodos de mayor impacto.
En México, esta capacidad es marginal o inexistente en la mayoría de las fiscalías estatales. Los equipos de análisis criminal son pequeños, mal equipados, escasamente formados en metodología y frecuentemente subordinados a lógicas administrativas que los neutralizan.
El resultado es predecible: instituciones que reaccionan al delito sin nunca anticiparlo, que investigan hechos sin nunca comprender fenómenos.
Existe un factor que con frecuencia se omite en los análisis sobre fiscalías: ninguna institución de procuración de justicia puede ser mejor que la calidad de las investigaciones policiales que recibe. Una fiscalía depende, en buena medida, del trabajo previo de las policías preventivas, las policías de investigación y los servicios periciales.
En México, ese eslabón es críticamente débil.
Las policías municipales —que son el primer contacto con el delito en la mayoría del territorio nacional— carecen de capacidades básicas de investigación. Las policías estatales son heterogéneas. Los servicios periciales están saturados y, en algunos estados, capturados o infiltrados. La cadena de custodia se rompe con frecuencia antes de llegar al ministerio público.
Mejorar las fiscalías sin transformar al mismo tiempo las capacidades policiales de investigación es construir sobre arena.
Un último factor suele omitirse del debate: la captura política e informal de las fiscalías.
No me refiero únicamente a la subordinación constitucional que existía antes de la autonomía formal. Me refiero a mecanismos más sutiles y más persistentes: la captura presupuestal que convierte a los fiscales en dependientes del ejecutivo aunque la ley diga lo contrario; la designación de fiscales regionales como instrumento de control político; la penetración de redes criminales en estructuras ministeriales; los nombramientos que premian la lealtad sobre la capacidad técnica.
La autonomía formal resuelve una ecuación constitucional. No resuelve la captura real. Y mientras esa captura persista, ninguna transformación organizacional será sostenible.
México necesita fiscalías que investiguen fenómenos criminales con inteligencia analítica, que coordinen efectivamente con policías competentes, que rindan cuentas por impacto sobre la criminalidad y no por volumen de expedientes, y que operen con autonomía real —no solo formal— frente al poder político y frente a las organizaciones criminales.
Eso no se logra con otra reforma constitucional.
Se logra con transformación institucional profunda, inversión sostenida, dirección estratégica y voluntad política real.
Tres cosas que, en el debate público mexicano sobre seguridad, siguen brillando por su ausencia.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
