Tres mil quinientos treinta menores de edad. Esa es la cifra que el Mecanismo Estratégico de la Secretaría de Gobernación coloca sobre la mesa en su Informe Anual 2025 como la población michoacana en riesgo de ser reclutada por la delincuencia organizada.
Mil 746 hombres. Mil 784 mujeres. Ninguno mayor de 18 años.
Y sin embargo, Michoacán no tiene un solo artículo en su Código Penal que tipifique el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes como delito autónomo.
La entidad aparece entre los 10 estados con mayor incidencia en el país, y el marco jurídico local actúa como si el problema no existiera.
Eso no es un descuido legislativo. Es una decisión política disfrazada de omisión.
El mismo informe federal identifica con precisión los cuatro municipios de mayor riesgo: Zamora, Morelia, Jacona y Uruapan. En esos territorios operan simultáneamente el Cártel de Sinaloa, el CJNG, la Nueva Familia Michoacana, Los Viagras y escisiones de Los Caballeros Templarios.
No es una coincidencia que sean también zonas de alta deserción escolar, violencia intrafamiliar y desempleo juvenil. La investigación de REDIM y el Centro de Estudios Antonio de Montesinos —realizada entre 2018 y 2025 con apoyo de la Unión Europea— lo confirma con datos georreferenciados y testimonios directos: los menores no llegan al crimen organizado exclusivamente por coerción física.
Llegan porque la pobreza, la ausencia de instituciones y la búsqueda de pertenencia construyen un camino que el Estado dejó libre y el cártel pavimentó. Eso no los hace cómplices.
Los hace víctimas de un sistema que llegó tarde —o no llegó.
En junio de 2026, el Fiscal General Carlos Torres Piña ( que en lugar de atender estos temas, se encuentra ya en campaña por la nominación de Morena por la candidatura al gobierno de Michoacán) confirmó tres casos de reclutamiento forzado con cuatro víctimas, todas rescatadas en tránsito hacia Tierra Caliente.
Lo que hace especialmente preocupante el patrón no es la coerción visible, sino su ausencia: las víctimas abordaron autobuses por su propio pie. Una venía de Jalisco. Otra, del Estado de México.
Los enganchadores operan con lógica transnacional y las instituciones responden con lógica municipal. Las autoridades locales de Morelia revelaron, casi de manera incidental, que existe evidencia de campos de adiestramiento a las afueras de la capital michoacana.
La pregunta incómoda es inevitable: si esa información llegó a través de una detención fortuita, ¿qué tan robusto es realmente el sistema de inteligencia preventiva del estado?
Paralelo al reclutamiento, el secuestro virtual se ha convertido en la modalidad delictiva de mayor crecimiento en Michoacán.
Durante 2025, la FGE atendió 201 casos —un incremento del 29% respecto a 2024— logrando localizar con vida a las 201 víctimas y bloqueando pagos por más de 29 millones de pesos. Solo en mayo de 2026, la SSP rescató a 25 víctimas adicionales e impidió depósitos por 1.5 millones más. Las cifras operativas son reales y merecen reconocimiento.
Pero detrás de cada número hay un adolescente al que convencieron de aislarse de su familia, mantenerlo bajo control psicológico sin tocarlo físicamente, mientras una célula delictiva ordeñaba el miedo de sus padres.
Morelia, Zamora, Uruapan y La Piedad concentran la mayor incidencia. El delito no requiere armas. Solo requiere un teléfono, un menor vulnerable y una familia que ama más de lo que desconfía.
La arquitectura institucional de respuesta tiene avances concretos.
La Unidad Integral Antiextorsión de la SSP frustró en marzo de 2026 un intento de secuestro virtual en Zitácuaro.
La Reforma Antiextorsión elevó las penas de este delito a entre 15 y 25 años. Los foros de seguridad digital en escuelas secundarias llegan ya a catorce municipios del estado. Todo eso existe y funciona en el plano reactivo.
Pero la política de prevención sigue siendo cosmética frente a la escala del problema.
No hay un programa estatal específico de desvinculación y reinserción para menores ya incorporados a estructuras criminales. No hay tipificación del reclutamiento forzado. No hay coordinación interestatal de inteligencia suficientemente ágil para rastrear rutas de captación transestatales.
Y los 6,300 millones de pesos del Plan de Paz y Justicia federal, destinados en 2026 a becas y transferencias, son necesarios pero insuficientes si no van acompañados de presencia territorial real en los cuatro municipios de mayor riesgo identificados por el propio gobierno federal.
México lleva más de una década viendo cómo el crimen organizado construye su propio sistema de captación juvenil con más eficiencia que el Estado sus programas de desarrollo social.
Michoacán no es la excepción: es el laboratorio donde esa realidad se vuelve estadística, titular y expediente sin que ninguno de esos formatos produzca todavía una política criminal coherente.
Tres mil quinientos menores en riesgo, campos de adiestramiento en las periferias de Morelia, jóvenes que abordan autobuses hacia Tierra Caliente y 201 secuestros virtuales atendidos en un solo año son síntomas de un Estado que combate los efectos con operatividad, pero que no ha tenido la voluntad política de atacar las causas con legislación, presupuesto focalizado y arquitectura institucional de largo plazo.
El crimen organizado recluta con estrategia. La respuesta del Estado no puede seguir siendo solo táctica.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
