La complicidad institucional que nadie audita
La segunda falla es aún más grave porque no es omisión, es corrupción activa.
En Puebla, se iniciaron 784 carpetas de investigación por despojo durante 2025, lo que equivale a un mínimo de dos despojos diarios en el estado, y las propias autoridades han reconocido que parte de esos despojos contó con respaldo de integrantes del Poder Judicial.
En la Ciudad de México, el patrón se repite con otros nombres: redes de operadores jurídicos, abogados, despachos, notarías e incluso jueces que legalizan actos de simulación para que el despojo se pueda ejecutar.
¿Dónde están los controles de confianza para notarios, ministerios públicos y personal de registro público? No existen, o existen solo en el papel.
Mientras un policía municipal es sometido a exámenes de control de confianza cada dos años, un notario o un juez civil puede pasar toda su carrera sin una sola evaluación de integridad patrimonial. Esa asimetría es, en sí misma, una política pública fallida.
Modus operandi: la cadena de montaje del despojo
Los esquemas documentados ya tienen guion fijo: personas que vigilan viviendas vacías, grupos que ingresan rápidamente al inmueble, supuestos mudanceros que introducen muebles para aparentar posesión, y abogados o gestores que presentan documentos presuntamente falsificados, en ocasiones con actos de corrupción de notarios o funcionarios de por medio.
Es una cadena de montaje criminal, no un delito espontáneo.
Y frente a esa sofisticación, la respuesta institucional sigue siendo reactiva: alertas inmobiliarias aisladas, coordinaciones ad hoc entre alcaldías y registros públicos, sin un centro de control interinstitucional que integre seguridad, procuración de justicia, tribunales y áreas registrales bajo un mismo tablero de decisión.
Lo que exige una política de Estado, no una ocurrencia local
No basta con que la Ciudad de México o Veracruz reaccionen cuando el escándalo estalla.
El despojo debe elevarse a la agenda del Sistema Nacional de Seguridad Pública como lo que es: una modalidad de crimen organizado con capacidad de lavar dinero a través de bienes raíces, no un litigio civil menor.
Eso exige homologar tipos penales y agravantes entre las 32 entidades, crear controles de confianza obligatorios para notarios y personal registral, y construir el centro de inteligencia patrimonial interinstitucional que hoy no existe en ningún estado del país.
Mientras sigamos tratando el despojo como pleito de vecinos, seguiremos regalándole al crimen organizado la vía más limpia y menos vigilada para lavar y controlar territorio: la escritura pública.
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*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx
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