Tula sigue en el mapa. Pero ya no vive nadie en Tula.
En México, en 2026, un grupo criminal consiguió vaciar un pueblo. Esto no es solamente una historia sobre inseguridad. Es una historia sobre soberanía.
Los exiliados que nunca salieron de México
Los habitantes de Tula no emigraron buscando mejores salarios. No cruzaron ninguna frontera ni pidieron asilo en otro país. Huyeron de un lugar de México hacia otro lugar de México porque quedarse podía costarles la vida. Eso es, en esencia, el desplazamiento forzado interno: no la búsqueda de una vida mejor, sino la huida de una muerte concreta.
No es un caso aislado. Organizaciones especializadas documentaron cerca de 16 mil desplazados internos durante 2025 en once estados del país, la mayoría a causa de la violencia de grupos criminales. Sinaloa, Chihuahua y Michoacán concentraron la mayor parte; Guerrero y Chiapas completan un mapa que ya no distingue entre norte y sur.
Y son cifras mínimas. México no cuenta con un registro nacional que documente cada salida, cada retorno, cada familia que huyó dos veces porque ni siquiera el segundo refugio resultó seguro. Nadie sabe con exactitud cuántos mexicanos viven hoy lejos de su casa por esta razón. Esa misma incertidumbre ya forma parte del problema.
Cuando el crimen comienza a gobernar
Medimos habitualmente la inseguridad con homicidios, secuestros, desapariciones y extorsiones. Pero hay una pregunta que esos números no capturan: ¿puede un ciudadano mexicano vivir donde quiere sin pedir permiso a un criminal?
En algunas regiones, ciertas organizaciones dejaron hace tiempo de limitarse al tráfico de drogas. Cobran cuotas. Controlan caminos. Deciden qué se siembra y qué se cosecha. Reclutan jóvenes. Amenazan a las autoridades. Y, en los casos extremos, deciden qué comunidades siguen existiendo.
Si un grupo criminal puede decidir quién permanece en un territorio, ¿quién ejerce ahí la autoridad real? Puede haber ayuntamiento, policía, escuela, incluso urnas el día de la elección. Pero la presencia del Estado no es lo mismo que su control.
Tula tenía autoridades. Tula ya no tiene gente.
La soberanía que no aparece en los mapas
México tiene 1.96 millones de kilómetros cuadrados que, sobre el papel, pertenecen íntegramente al Estado. La pregunta incómoda es otra: ¿en cuántos de esos kilómetros puede alguien abrir un negocio, sembrar su parcela o dormir en su propia casa sin necesitar, de un modo u otro, el consentimiento del crimen organizado?
Nadie tiene ese porcentaje. Y que el Estado mexicano no pueda medir con precisión dónde termina su autoridad y dónde comienza la imposición criminal debería preocuparnos tanto como cualquier estadística de violencia.
Soberanía no es solo impedir que un ejército extranjero cruce la frontera; es garantizar que, dentro de ella, la última palabra siga siendo del Estado.
Este terrible proceso no nació con este gobierno ni con un solo partido. El narcotraficante primero necesitó esconderse de la autoridad. Después aprendió a comprarla. Luego empezó a intimidarla. Y, en algunos territorios, terminó comportándose como si fuera la autoridad.
Cada administración, de distinto signo, heredó este patrón y lo dejó crecer un poco más. La responsabilidad pendiente no consiste en señalar a un culpable único, sino en exigir que el Estado recupere esos espacios y garantice, sobre todo, que quienes se fueron puedan volver.
Al final, todos estos conceptos como soberanía, territorio y control se reducen a algo que cabe en la mano: un llavero. El de una casa que tal vez ya nadie vuelva a abrir.
Los países no solo pierden territorio cuando un ejército extranjero cruza la frontera. A veces lo pierden sin que se dispare un solo tiro contra el Estado: basta con que sus ciudadanos dejen de poder vivir donde nacieron, uno por uno, casa por casa, hasta que un pueblo entero cabe en la memoria de un solo hombre que fue el último en cerrar su puerta.
México conserva intacto su mapa.
La pregunta es si conserva intacta su soberanía.
