Cada mes, con puntualidad anglosajona, el gobierno federal presenta sus cifras de seguridad. Cada mes, la narrativa es la misma: los homicidios bajan, la estrategia funciona, vamos por buen camino.
El informe correspondiente a junio de 2026 no es la excepción.
Se presume una reducción de 46% en el promedio diario de homicidios respecto a septiembre de 2024.
El número suena contundente. El problema es que ese número fue elegido con cuidado quirúrgico, no con rigor científico.
Septiembre de 2024 fue uno de los meses más violentos del sexenio, en plena escalada del conflicto interno del Cártel de Sinaloa. Comparar contra ese pico es como medir la temperatura corporal de un paciente durante una crisis de fiebre alta y celebrar que hoy tiene 37 grados.
Técnicamente es correcto. Metodológicamente es una trampa.
El error más grave del informe no es una cifra falsa. Es un concepto falso.
El documento asume, de manera implícita pero sistemática, que homicidio doloso es sinónimo de violencia.
No lo es.
La violencia criminal en México opera como un sistema complejo que incluye desapariciones forzadas, extorsión generalizada, desplazamiento interno, cobro de piso, reclutamiento forzado, control territorial, ataques con explosivos y violencia política. Nada de esto aparece como indicador central en el informe.
Si la violencia fuera únicamente una estadística de homicidios, bastaría con que los grupos criminales ocultaran mejor los cuerpos para que el gobierno reportara récords históricos de seguridad.
Y, dicho sea de paso, eso ya ocurre: cuando un cuerpo no aparece, no hay homicidio registrado. Hay una persona desaparecida.
Las fosas clandestinas llevan años explicando parte de esta ecuación que el informe ignora completamente.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra carpetas de investigación, no delitos cometidos.
La diferencia no es semántica: es estructural.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Inegi, históricamente más del 90% de los delitos en México nunca llegan a una carpeta de investigación.
Eso significa que la disminución de carpetas puede reflejar menor denuncia ciudadana, menor confianza en las fiscalías o menor capacidad ministerial, no necesariamente menos delitos. Una reducción estadística construida sobre esa base no mide la realidad criminal. Mide cuánta gente todavía confía en denunciar.
Hay un fenómeno documentado en criminología que el informe no menciona ni de lejos: el llamado efecto de consolidación territorial.
Un municipio puede registrar menos homicidios precisamente porque el grupo criminal dominante ya eliminó toda competencia y monopolizó el territorio.
Desde la estadística del SESNSP, eso parece una mejora. Desde la inteligencia criminal, es exactamente lo contrario: significa que la gobernanza criminal se consolidó.
El Estado no recuperó el territorio. Lo perdió de manera definitiva y silenciosa.
Esta distinción es fundamental. No aparece en el informe.
A partir de cierto punto, el documento cambia de naturaleza sin advertirlo.
Deja de hablar de incidencia delictiva y empieza a presentar detenciones, decomisos, laboratorios destruidos y objetivos prioritarios capturados.
La presentación los mezcla como si fueran indicadores equivalentes. No lo son.
Existe evidencia internacional consolidada de que la captura de líderes criminales puede producir fragmentación de estructuras, luchas sucesorias violentas e incremento temporal de homicidios.
Una detención no equivale a menos violencia. Equivale a una acción operativa con efectos inciertos.
Para medir efectividad real de política criminal se necesitan tasas de esclarecimiento, porcentajes de judicialización y sentencias firmes. Nada de eso aparece en el informe.
Un análisis técnicamente sólido requeriría al menos: comparar mediante promedios móviles de 12 meses o tendencias anualizadas, en lugar de seleccionar picos convenientes; expresar los datos en tasas por cada 100,000 habitantes para hacer comparaciones válidas entre entidades; incorporar desapariciones, desplazamiento forzado y percepción de inseguridad como indicadores centrales; analizar la dimensión espacial mediante mapas de concentración criminal, y distinguir con claridad entre resultados operativos y reducción estructural de la violencia.
Nada de eso exige recursos extraordinarios. Exige voluntad metodológica.
Lo que el gobierno presenta como evaluación de política pública es, en términos técnicos, una pieza de comunicación institucional.
No es mentira en el sentido estricto: algunas cifras individuales pueden ser correctas dentro del marco administrativo que las genera.
El problema es la arquitectura del argumento: se seleccionan los indicadores que mejoran, se omiten los que complican, se mezclan conceptos incomparables y se presenta el resultado como si fuera un diagnóstico integral.
Gobernar la seguridad con ese método no reduce la violencia.
Solo reduce la incomodidad de explicarla.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
