La directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, Sara Carter, declaró recientemente que la cooperación bilateral en materia de combate al narcotráfico ha alcanzado niveles que, en sus propias palabras, "nunca habíamos visto".
A primera vista, parece un reconocimiento generoso.
A segunda vista —y con los anteojos de la inteligencia estratégica— es algo considerablemente más complejo: es un mensaje de condicionamiento envuelto en papel de regalo diplomático.
En política de seguridad internacional, los elogios públicos de este calibre casi nunca son gratuitos. Cuando una funcionaria de alto rango de Washington sale a reconocer resultados concretos de su contraparte mexicana, está haciendo al menos tres cosas simultáneamente: reconoce que México produjo resultados; demuestra que esos resultados son posibles cuando existe intercambio de inteligencia real; e implícitamente advierte que la continuidad de esa cooperación dependerá de que México mantenga ese nivel de colaboración. Es una narrativa de incentivos, sí, pero también un recordatorio de quién lleva la cuenta.
Para entender por qué estas declaraciones son más importantes de lo que aparentan, hay que ubicarlas en el contexto político en que ocurren.
Desde enero de 2025, la administración estadounidense modificó sustancialmente su marco jurídico frente a los cárteles mexicanos: varios fueron designados como Foreign Terrorist Organizations y Specially Designated Global Terrorists.
Eso no es un cambio cosmético. Es una transformación radical del tablero.
Antes, el narco era asunto de crimen organizado transnacional.
Ahora es, formalmente, una amenaza terrorista y una prioridad de contraterrorismo. La diferencia jurídica tiene consecuencias prácticas enormes: cambian los instrumentos disponibles, los presupuestos asignados, las agencias involucradas y, sobre todo, las justificaciones legales para actuar —incluso fuera del territorio estadounidense.
Cuando se habla de cooperación en este nuevo marco, no se habla únicamente de extradiciones de líderes visibles.
En lenguaje de inteligencia estratégica, los "objetivos de alto valor" abarcan un espectro mucho más amplio: localización mediante inteligencia técnica y humana, desarticulación de redes logísticas y financieras, aseguramiento de infraestructura criminal, identificación de operadores internacionales, y —aquí viene lo políticamente más sensible— mapeo de redes de protección institucional. Políticos, empresarios, funcionarios públicos: todos pueden convertirse en objetivos de investigación federal estadounidense si existen elementos que los vinculen con organizaciones ahora designadas como terroristas.
La propia Carter dejó caer esa advertencia: las investigaciones no se limitarían a los cárteles, sino también a quienes les brinden cobertura política.
Esa afirmación no es menor.
Es la declaración de que el perímetro de la presión estadounidense se ha ampliado considerablemente.
Lo que pocas veces se discute con franqueza en México es que una cooperación intensa también tiene costos soberanos.
Si el intercambio de inteligencia fluye generosamente hacia Washington sin marcos jurídicos claros de reciprocidad y rendición de cuentas, México podría encontrarse en una situación paradójica: siendo más vulnerable —no menos— a la presión unilateral estadounidense.
Los riesgos de una eventual reducción de la cooperación son conocidos: deterioro de la confianza bilateral, menor flujo de inteligencia técnica y humana, incremento de investigaciones y sanciones financieras del Departamento del Tesoro, y el fortalecimiento interno, en Washington, de la narrativa que justifica respuestas cada vez más unilaterales. Pero los riesgos del extremo opuesto —cooperar sin límites, sin condiciones propias, sin agenda nacional clara— son igualmente serios.
El debate real no es si cooperar o no cooperar.
Esa pregunta está resuelta por la geopolítica antes de que alguien la formule.
La pregunta que México tendría que hacerse con mayor rigor es cómo cooperar: bajo qué reglas, con qué salvaguardas institucionales, con qué mecanismos de rendición de cuentas propios, y —especialmente— con qué agenda de seguridad nacional que no sea simplemente el reflejo de los intereses estadounidenses.
Las declaraciones de Sara Carter son un recordatorio de que Washington sabe perfectamente lo que quiere de esta relación.
La pregunta pertinente es si México tiene igual claridad sobre lo que quiere de ella.
Aplaudir el elogio sin leer sus condiciones implícitas sería el peor de los errores estratégicos posibles.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
