El 17 de junio de 2026, mientras Donald Trump firmaba en Evian un memorando de entendimiento con Irán para detener operaciones militares, reabrir el Estrecho de Ormuz y abrir un período de 60 días para consolidar la paz, en el mismo recinto y ante las mismas cámaras declaraba que los cárteles gobiernan México y que la presidenta Claudia Sheinbaum es una "mujer muy asustada".
Dos actos en un solo escenario, una sola lógica: Washington cerró un frente para abrir otro.
Y el frente que se abre está aquí.
La lectura superficial celebra el acuerdo con Irán como una victoria de la diplomacia.
La lectura estratégica lo descifra como lo que es: una decisión pragmática motivada por el terror a una recesión global y por la aritmética electoral de los midterms de noviembre. Trump negoció con Teherán no porque haya abandonado la doctrina de la presión máxima, sino porque el costo de no hacerlo amenazaba su agenda doméstica.
Eso revela la lógica profunda de este presidente: no hay principios, hay costos.
Y México, a diferencia de Irán, no ha encontrado la forma de hacerse costoso.
El gobierno de Sheinbaum ha construido su credibilidad en seguridad sobre una narrativa de reducción de homicidios. Es una apuesta políticamente comprensible pero estratégicamente suicida en el contexto bilateral que hoy enfrenta el país.
Washington no mide el éxito en seguridad por tasas de homicidio nacional. Lo mide por flujos de fentanilo, por control territorial de los cárteles y por disposición real a la cooperación de inteligencia.
En los tres indicadores, México está en posición de debilidad estructural, y ninguna conferencia matutina puede cambiar eso.
La narrativa oficial ha generado un espejo roto: el gobierno se mira en él y ve éxito; Washington se asoma y ve un Estado que perdió el control. Esa brecha de percepción no es inocente.
Es exactamente el material con el que la administración Trump fabrica su justificación de presión.
Mientras México celebra cifras de reducción que el propio sistema de información no valida con rigor metodológico independiente, el Secretario de Defensa Pete Hegseth lanza la advertencia que resume todo el escenario bilateral en una frase: "intervengan vs. cárteles para que nosotros no tengamos que hacerlo".
Eso no es diplomacia. Es un ultimátum con fecha de vencimiento.
La tregua operativa entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa, documentada por el propio Secretario García Harfuch, es un hecho que el gobierno mexicano presentó como señal de control.
Fue un error de comunicación estratégica de primer orden.
Para la DEA, el DHS y los asesores del Consejo de Seguridad Nacional de Washington, un frente cartelero unificado con menor violencia visible pero mayor capacidad de control territorial y exportación de fentanilo no es una buena noticia: es la peor.
Significa que los cárteles han alcanzado una madurez organizacional que los acerca al modelo de amenaza existencial que la administración Trump necesita para justificar medidas extraordinarias.
México le regaló a Washington el argumento que Washington más necesitaba.
Aquí está el núcleo del problema y hay que decirlo sin eufemismos: México no tiene palancas de disuasión equivalentes a las que Irán utilizó para sentarse a negociar en términos no absolutamente humillantes.
Irán cerró el Estrecho de Ormuz y amenazó con una recesión global. Irán tiene capacidad nuclear en umbral de armamento. Irán tiene proxies con alcance regional.
Irán tiene la disposición histórica de absorber costos extraordinarios.
México tiene el T-MEC, pero ese instrumento fue parcialmente desactivado como palanca cuando México no respondió con reciprocidad ante los aranceles de 2025.
México tiene la migración, pero la convirtió en moneda de cambio hace tiempo. México tiene el mercado interno y las cadenas de valor manufactureras, pero ningún gobierno ha construido la arquitectura de respuesta que convierta esa interdependencia en poder negociador real.
Lo que nos queda es la retórica de la soberanía, y la retórica sin capacidad de costo es simplemente ruido.
Los 60 días del MoU con Irán no son solo el horizonte de estabilización de Medio Oriente. Son el período en que Washington tendrá atención geopolítica disponible, capacidad operativa de inteligencia enfocada y el máximo incentivo electoral para mostrar victorias en su frontera sur antes de noviembre.
Ese reloj corre para México también, y el gobierno de Sheinbaum parece no haberlo escuchado todavía.
La pregunta que ningún funcionario mexicano ha respondido con claridad es la única que importa en este momento: ¿qué le cuesta a Washington escalar la presión sobre México?
Si la respuesta honesta es "poco o nada", entonces el país no está ante un problema de comunicación ni de relaciones bilaterales mal administradas.
Está ante un vacío estratégico de fondo que ninguna conferencia mañanera puede llenar.
México necesita con urgencia dejar de administrar la narrativa y empezar a construir poder. La diferencia entre ambas cosas es la diferencia entre un Estado que negocia y un Estado que cede.
Por ahora, todo indica que seguimos en el segundo caso.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
