En la primera parte de esta columna señalé el error diagnóstico del programa y la ausencia de arquitectura operativa real.
Ahora quiero ir a los vacíos específicos que, en mi criterio, condenan este documento al fracaso antes de que comience a implementarse.
Porque cuando uno ha trabajado en campo, sabe que no hay pecado más caro en seguridad pública que creer que las palabras sustituyen a las instituciones.
El primero de esos vacíos es la Guardia Nacional.
El programa la consolida como eje central de la estrategia sin presentar una sola evaluación independiente de su desempeño.
Ningún dato que demuestre reducción estructural de violencia atribuible a sus operaciones. Ningún criterio claro sobre permanencia territorial. Ningún mecanismo de retiro gradual que permita el fortalecimiento real de las policías locales.
La Guardia Nacional aparece en el documento como solución autoevidente, como axioma que no requiere demostración. Eso no es política pública. Es fe institucional.
Y detrás de esa fe hay un problema que el programa sistemáticamente evita nombrar: México militarizó su seguridad pública porque el Estado fracasó durante décadas en construir instituciones civiles funcionales.
La Guardia Nacional no es la solución a ese fracaso. Es su administración continuada bajo otro nombre.
El programa intenta disfrazar esa dependencia estructural como "coordinación interinstitucional".
Pero quienes hemos visto cómo opera esa coordinación en los estados sabemos perfectamente lo que significa en la práctica: las Fuerzas Armadas hacen el trabajo mientras las policías civiles se deterioran un sexenio más.
El segundo vacío que resulta inaceptable para cualquier analista con experiencia es el colapso absoluto de las policías municipales. Este es, probablemente, el problema más grave del sistema de seguridad mexicano y el documento lo trata con una superficialidad que ofende la inteligencia.
Habla de "fortalecimiento" y "capacitación" como si el problema fuera de formación y no de infiltración sistémica. Habla de "coordinación" con municipios que ya no tienen control real sobre sus propias corporaciones.
En México existen hoy municipios donde la policía local es, funcionalmente, una extensión del crimen organizado regional. No como excepción. Como norma operativa documentada.
Decirle a esos municipios que el gobierno federal les enviará programas de capacitación no es una estrategia. Es un insulto disfrazado de política pública.
Hablar de fortalecimiento sin hablar de depuración es simulación. Hablar de capacitación sin hablar de infiltración es negación. Hablar de proximidad social mientras policías municipales son asesinadas o subordinadas por cárteles es retórica vacía con presupuesto federal.
El tercer y más peligroso vacío es el silencio sobre la captura criminal de gobiernos locales.
En mis años de trabajo he podido observar algo que la mayoría de los documentos oficiales evitan con cuidado: la violencia en México ya no puede entenderse como un conflicto entre Estado y crimen.
En amplias regiones del país existe una integración funcional entre élites políticas locales, economías ilegales, redes empresariales y estructuras criminales.
Esa simbiosis no es accidental ni reciente. Es el producto de décadas de instituciones débiles, impunidad estructural y financiamiento político no regulado.
El programa sectorial prácticamente no aborda el financiamiento criminal de campañas, la captura electoral, las redes político-criminales ni la corrupción sistémica municipal.
Y lo que no se nombra no se combate.
Lo que no se mide no se corrige. Lo que no se reconoce oficialmente se normaliza. Esa normalización es la mayor amenaza de largo plazo para la viabilidad del Estado mexicano, y este programa la convierte en política pública por omisión deliberada.
Sobre los indicadores debo ser especialmente severo, porque es el terreno donde la simulación alcanza niveles técnicamente vergonzosos.
Reducir la evaluación de la política de seguridad a tasas de incidencia delictiva es, en el México de 2025, una decisión metodológicamente indefendible.
Las tasas de incidencia miden denuncias, no realidad criminal.
En un país con cifra negra superior al 90%, ese indicador mide fundamentalmente la disposición ciudadana a denunciar, no la reducción del crimen.
Un gobierno puede bajar la tasa de incidencia delictiva simplemente haciendo que denunciar sea más difícil, más peligroso o más inútil. Y de eso, desgraciadamente, también tenemos experiencia documentada.
Un sistema de evaluación serio mediría control territorial criminal, desplazamiento forzado, penetración criminal en instituciones, debilitamiento financiero de organizaciones criminales, recuperación real de municipios bajo dominio criminal.
Nada de eso aparece como métrica central. La razón es obvia: esos indicadores mostrarían resultados que ningún gobierno querría publicar.
Lo que el Programa Sectorial de Seguridad 2025-2030 revela, en su conjunto, no es únicamente incompetencia técnica —aunque también la tiene.
Revela una decisión política de fondo: este gobierno, como los anteriores, ha optado por administrar el equilibrio criminal en lugar de alterarlo.
Ha optado por mantener umbrales de violencia tolerables para la opinión pública en lugar de desmantelar las estructuras que producen esa violencia. Ha optado por medir lo que puede controlar narrativamente en lugar de lo que importa operativamente.
Eso tiene un nombre preciso en la literatura de seguridad comparada: captura funcional del Estado.
No necesariamente por corrupción directa —aunque no puede descartarse— sino por el agotamiento institucional de un Estado que ya no cree posible ganar y que, por lo tanto, ha dejado de intentarlo.
La consecuencia más peligrosa de este enfoque no es el fracaso operativo inmediato. Es la normalización gradual de un Estado que aprende a coexistir con estructuras criminales en lugar de derrotarlas, hasta que esa coexistencia se vuelve el único orden político posible.
El crimen organizado mexicano no necesita derrotar al Estado. Le basta con que el Estado siga publicando programas como este.
_____
Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
