Hay crisis que se construyen solas, piedra a piedra, con la complicidad de la omisión y la arrogancia del poder.
La negativa del gobierno mexicano a presentar ante la justicia a Rubén Rocha Moya y demás señalados en el expediente que la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos tienen perfectamente documentado, no es un acto de soberanía.
Es, en el mejor de los casos, una torpeza estratégica monumental. En el peor, una complicidad que el tiempo y las instituciones internacionales cobrarán con intereses compuestos.
La designación del Cártel de Sinaloa como organización terrorista por parte del gobierno estadounidense no fue un evento retórico.
Fue un acto jurídico con consecuencias sistémicas que el gobierno mexicano parece empeñado en ignorar, o peor aún, en minimizar mediante el recurso más trillado del repertorio político nacional: el discurso soberanista.
Existe un antecedente que los estrategas del gobierno deberían tener grabado a fuego en sus carpetas de análisis geopolítico.
En 1997, cuando el Estado español logró la designación de ETA como organización terrorista, la contaminación jurídica y política no se detuvo en los ejecutores de los atentados.
Alcanzó a Batasuna, su brazo político-ideológico, que terminó ilegalizado precisamente por la doctrina de responsabilidad asociativa que el derecho antiterrorista internacional aplica sin piedad.
La lógica es simple e implacable: quien tiene vínculos documentados con una organización terrorista designada, comparte su condición jurídica. Personas, partidos, gobiernos.
No hay zona gris cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos decide activar sus mecanismos de sanciones.
Y las pruebas que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitaba con tanto énfasis retórico ya están entregadas: tienen nombre, nombramiento político y, según fuentes cercanas al proceso bilateral, hasta posibles acuerdos en construcción.
¿Cuánto tiempo más sostendrá el gobierno el argumento de que no hay evidencia suficiente?
En este escenario, la figura del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, merece una lectura separada.
Su perfil operativo, su trayectoria en investigación criminal y su comprensión de las dinámicas del crimen organizado lo colocan como uno de los funcionarios técnicamente más sólidos que ha ocupado ese cargo en años recientes.
Pero ninguna competencia técnica sobrevive cuando la política pública de seguridad es secuestrada por la ideología del partido y la lealtad a figuras cuestionadas.
García Harfuch está rebasado.
No por sus capacidades, sino por el peso de una narrativa gubernamental que antepone la protección de aliados políticos a la construcción de una arquitectura de seguridad que México urgentemente necesita.
Su credibilidad ante los interlocutores estadounidenses —DEA, FBI, NORTHCOM— se erosiona cada vez que el gobierno emite un comunicado que contradice lo que la evidencia binacional ya tiene documentado.
La dimensión comercial de este desastre político no puede subestimarse.
El Tratado México-Estados Unidos-Canadá se renegocia en un contexto de presión arancelaria, desconfianza institucional y señalamientos directos del Congreso estadounidense hacia funcionarios mexicanos vinculados al crimen organizado.
Cada declaración soberanista que protege a un gobernador señalado es, en términos reales, una palanca que los sectores más duros del Senado norteamericano utilizan para justificar medidas punitivas que golpearán exportaciones, inversión y empleo en México.
No se está jugando con la soberanía.
Se está apostando el sustento de millones de mexicanos para proteger a unos cuantos.
La presidenta invocó la soberanía nacional el pasado 17 de mayo en Yucatán.
El concepto merece una pregunta directa e incómoda: ¿qué soberanía ejerce el Estado mexicano en los territorios donde el crimen organizado recauda impuestos, imparte justicia paralela, controla el comercio y designa autoridades?
La soberanía que se proclama en tribunas nacionales debería comenzar por recuperarse en las calles de Culiacán, en la sierra de Badiraguato, en los municipios donde el gobierno federal llega de puntillas y el crimen organizado gobierna a plena luz.
Las soluciones no son un misterio: México necesita una política de seguridad con autonomía técnica real, blindada de interferencias partidistas.
Requiere una fiscalía genuinamente independiente con capacidad de procesar casos de corrupción policial y política sin autorización del ejecutivo. Necesita activar los mecanismos de cooperación bilateral con marcos claros de reciprocidad y soberanía procedimental, no retórica.
Y requiere, sobre todo, que quienes toman decisiones de seguridad entiendan que la geopolítica no espera los tiempos del calendario electoral interno.
La política de seguridad cimentada en lealtades personales y protecciones ideológicas no es política pública.
Es administración del riesgo en favor de unos pocos, con el costo distribuido entre todos.
La soberanía que no se ejerce en el territorio propio no merece invocarse frente al vecino.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
