El error conceptual que lo invalida todo
El fallo más grave del documento es que sigue planteando la inseguridad como un problema de incidencia delictiva, cuando México enfrenta desde hace años un problema de control territorial armado.
Son cosas distintas.
Cualitativamente distintas. Estratégicamente distintas.
Cuando un municipio tiene sus finanzas públicas subordinadas al cobro criminal, cuando su policía es una extensión operativa del cártel regional, cuando su presidente municipal negocia cuotas antes de firmar contratos de obra, ese municipio no tiene un problema de "delincuencia".
Tiene un problema de soberanía.
Y ningún programa de "proximidad social" ni de "fortalecimiento comunitario" resuelve ese problema si primero no se nombra con precisión.
He leído estudios académicos con más honestidad analítica que este programa sectorial. Y eso, viniendo de un gobierno que presume de rigor técnico, es devastador.
Narrativa de buenas intenciones en lugar de ingeniería operativa
El segundo gran fracaso del documento es su arquitectura —o su ausencia de ella.
El programa está saturado de lo que en el gremio llamamos "narrativa de buenas intenciones": humanismo, perspectiva de género, interculturalidad, atención a las causas profundas. Nadie, en su sano juicio, puede estar en contra de esas orientaciones en términos generales.
El problema es que no son una estrategia de seguridad.
Son una cosmovisión política disfrazada de ingeniería operativa.
¿Dónde están los modelos de despliegue diferenciado por región?
¿Dónde está la arquitectura de inteligencia criminal nacional?
¿Dónde está el protocolo para municipios bajo dominio criminal?
¿Dónde está la estrategia de recuperación territorial con indicadores verificables?
¿Dónde está el diseño táctico para enfrentar estructuras criminales con capacidad financiera mayor que la de muchos estados?
No están. No existen.
