Hay momentos en que la historia no avisa, simplemente ocurre.
La relación entre México y Estados Unidos ha llegado a uno de esos puntos de fractura silenciosa donde las declaraciones diplomáticas ya no alcanzan para cubrir la profundidad del deterioro.
No se trata de una crisis coyuntural; es la acumulación de décadas de simulación institucional, de narcopolítica enquistada en los vértices del poder mexicano, y de operaciones estadounidenses —legales, encubiertas y abiertamente ilegales— que han socavado cualquier posibilidad de una relación entre iguales.
La pregunta no es si la confianza entre ambos gobiernos está rota. La pregunta es si alguna vez existió de manera genuina o si siempre fue una construcción retórica conveniente para ambos lados del río.
La CIA no actúa por altruismo geopolítico.
Sus intervenciones en México —documentadas en casos como el del general Jesús Gutiérrez Rebollo, el escándalo Camarena o la filtración de que presidentes mexicanos han operado como activos pagados de inteligencia estadounidense— revelan una lógica implacable: cuando el Estado mexicano falla en contener las amenazas que derraman hacia el norte, Washington construye sus propios canales.
No pide permiso.
Compra voluntades, infiltra estructuras y opera en los márgenes de lo que el marco bilateral permite. Eso no es conspiración: es política exterior documentada con nombres, fechas y consecuencias.
Aquí reside el nudo más obsceno del momento político mexicano.
La actual administración ha construido un relato donde la persecución de narcopolíticos por parte de Washington no es leída como una falla del Estado mexicano, sino como una agresión a la soberanía nacional.
Es un ejercicio de prestidigitación ideológica de una audacia que desafía cualquier análisis serio: convertir la protección de funcionarios vinculados al crimen organizado en un acto de resistencia antiimperialista.
El discurso nacionalista, históricamente legítimo en sus orígenes, ha sido secuestrado para blindar precisamente a quienes más han lesionado al Estado mexicano desde adentro.
Cuando figuras señaladas por agencias estadounidenses con evidencia documentada —no con rumores— reciben respaldo explícito o silencio cómplice desde Palacio Nacional, el mensaje que se envía no es de soberanía: es de captura.
Un Estado soberano investiga a sus funcionarios corruptos antes de que lo haga el vecino. Un Estado capturado espera que el vecino actúe y luego protesta por las formas.
México lleva años en el segundo escenario, con gobiernos de distintos colores, pero la presente administración ha elevado esa protección a categoría de virtud política.
El fenómeno tiene además una dimensión que ningún analista serio puede ignorar: la defensa de narcopolíticos en México no es ideológica en su fondo, es cromática en su forma.
Se defiende o se silencia a un funcionario comprometido dependiendo de si porta las siglas del partido gobernante.
La narrativa cambia, el tono cambia, la indignación moral se activa o se desactiva con una precisión quirúrgica que revela no convicciones, sino cálculos.
Los mismos actores que exigían transparencia y combate a la corrupción desde la oposición administran hoy el mismo silencio que antes condenaban, con la diferencia de que ahora ese silencio tiene consecuencias geopolíticas concretas.
Este doble estándar no pasa inadvertido en Washington.
Las agencias de inteligencia estadounidenses —con décadas de penetración en las estructuras políticas y criminales mexicanas— leen con precisión ese código.
Saben que el problema no es ideológico: es patrimonial.
Saben que la protección a ciertos operadores políticos no responde a una defensa de principios nacionales, sino a una red de compromisos, financiamientos y lealtades que atraviesa verticalmente la estructura del poder.
Y ese conocimiento, acumulado pacientemente, es la palanca real que Washington utiliza o amenaza con utilizar en cada negociación bilateral.
La llamada reforma judicial —procesada con una velocidad legislativa que haría sonrojar a cualquier estudioso del derecho comparado— completó el cuadro.
Sin un Poder Judicial independiente, no existe árbitro institucional capaz de contener la narcopolítica desde adentro.
Lo que quedó es un sistema donde el crimen organizado no necesita capturar al Estado mediante la violencia: puede hacerlo mediante el proceso electoral, la financiación de campañas y la colocación de operadores en posiciones clave.
Y cuando ese proceso produce resultados inconvenientes para Washington, la respuesta norteamericana no es diplomática: es operativa, unilateral y crecientemente descarnada.
México enfrenta hoy una paradoja brutal: el gobierno que más ha invocado la soberanía como bandera es el que más ha erosionado las instituciones que harían posible ejercerla.
Defender narcopolíticos con retórica nacionalista no es soberanía. Es su epitafio.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
