Hay una diferencia fundamental entre gobernar un país y administrar sus estadísticas.
El más reciente informe de incidencia delictiva del Gobierno de México, correspondiente a mayo de 2026, ilustra con perturbadora claridad esa distinción.
No es un documento de seguridad. Es un documento de relaciones públicas construido con datos reales, seleccionados quirúrgicamente para producir una narrativa de éxito que la realidad territorial se obstina en desmentir.
El gobierno presume una reducción del 40% en el promedio diario de homicidios dolosos respecto a septiembre de 2024, y proclama que abril de 2026 fue "el abril más bajo desde 2016". La afirmación, técnicamente, puede ser cierta.
El problema no es el dato. El problema es lo que el dato oculta, y la arquitectura deliberada de esa ocultación.
Reducir la seguridad nacional al conteo de homicidios dolosos equivale a diagnosticar la salud de un paciente midiendo únicamente su temperatura. Es un indicador, sí. Pero no es el cuadro clínico.
El crimen organizado mexicano —hace al menos una década— protagonizó una mutación estratégica silenciosa: aprendió que la violencia visible genera presión federal, cobertura mediática e intervención castrense. Aprendió, en consecuencia, a gobernar con menos ruido.
Lo que el documento no menciona en ninguna de sus páginas resulta más revelador que lo que sí registra: no hay una sola cifra sobre desapariciones forzadas, sobre desplazamiento interno, sobre fosas clandestinas descubiertas, sobre municipios bajo control territorial criminal, sobre extorsión sistémica como impuesto paralelo al Estado.
Esas omisiones no son descuidos técnicos. Son decisiones políticas.
Comparar la incidencia actual contra septiembre de 2024 —un mes de picos excepcionales de violencia— es un recurso político de manual. Se toma el peor momento como línea base para fabricar porcentajes de reducción espectaculares.
Si el mismo análisis se realizara con series históricas de diez años, con tasas acumuladas por cada cien mil habitantes, o con indicadores multidimensionales de seguridad ciudadana, el panorama sería considerablemente menos festivo.
La estadística está diseñada para producir percepción de control. No para reflejar transformación estructural.
El informe presume una reducción del 82% en homicidio doloso en Zacatecas como si fuera el emblema de la nueva seguridad mexicana.
Lo que el análisis territorial serio arroja es una lectura radicalmente distinta: Zacatecas no fue pacificado. Fue estabilizado mediante reconfiguración criminal.
La confrontación abierta cedió porque el control territorial se consolidó. Cuando una organización criminal establece hegemonía completa sobre un territorio, los homicidios caen.
No porque el Estado haya recuperado soberanía, sino porque ya no hay a quién disputarle el espacio.
Eso no es pacificación. Es rendición estadística.
El documento acumula capturas de operadores del CJNG en Nayarit, células de Los Mayos en Sinaloa, redes de extorsión en Morelos y laboratorios clandestinos desmantelados en múltiples entidades. Cada detención viene acompañada de fotografías, cifras y titulares.
El problema estratégico es conocido y documentado: México no enfrenta estructuras verticales con un capo sustituible. Enfrenta redes descentralizadas, franquicias regionales y economías criminales con sustitución acelerada de mandos.
Cada captura genera reacomodo violento. La historia reciente del país lo demuestra con precisión dolorosa: la fragmentación criminal que sigue a la decapitación de liderazgos no produce paz.
Produce disputas territoriales y nuevas oleadas de violencia local.
Quizás el dato más revelador del informe, y el menos analizado, es el desmantelamiento de más de dos mil trescientos laboratorios clandestinos con aseguramientos de millones de litros de precursores químicos y millones de pastillas de fentanilo.
Una cifra de esa magnitud no habla de un fenómeno marginal en retirada. Habla de una economía criminal industrial, con logística sofisticada, protección territorial, corrupción aduanal y financiamiento estructurado.
El Estado no está desarticulando una amenaza periférica. Está administrando los bordes visibles de una gigantesca maquinaria ilícita que opera con relativa impunidad en las profundidades del sistema.
Todo el andamiaje del informe descansa sobre operaciones del Ejército, la Guardia Nacional e inteligencia federal. Las policías municipales, las fiscalías, el ministerio público, los modelos civiles de seguridad: brillan por su ausencia.
México abandonó de facto la construcción de institucionalidad civil en materia de seguridad. Las Fuerzas Armadas contienen. Pero no reconstruyen policías, no generan tejido institucional, no producen justicia cotidiana, no devuelven confianza ciudadana.
La militarización puede mover indicadores. No puede sustituir al Estado.
Lo que el informe de mayo de 2026 revela, para quien lo lee sin las anteojeras del discurso oficial, es una política de seguridad atrapada en su propia lógica: confunde la reducción del homicidio visible con la recuperación del Estado de derecho. Mientras tanto, en vastas regiones del país, los poderes criminales territoriales gobiernan con menos ruido, más eficiencia y creciente legitimidad social forzada.
Esa es la paz que México debería estar discutiendo. No la que aparece en los informes.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
