El diagnóstico correcto, la conclusión equivocada
Nadie honesto puede negar el problema que detona la propuesta.
El mismo día en que Bedolla hizo su planteamiento, cayeron el director y el subdirector de la Policía Municipal de Zacapu, señalados por facilitar el robo de armamento oficial que terminó en manos del Cártel Jalisco Nueva Generación, usado para emboscar a un convoy de la Guardia Civil en Nahuatzen: cinco elementos muertos, cinco heridos.
Antes, en Coeneo, cayó la propia directora de Seguridad Pública municipal por presuntamente operar como halcón del crimen organizado. En Zinapécuaro, ocho oficiales más. Y apenas un día antes, fue ejecutado en Morelia el excoordinador de la Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado.
El patrón es real, es documentado, y es gravísimo.
Pero de un diagnóstico correcto —hay infiltración criminal profunda en corporaciones municipales— se está saltando a una conclusión que no se sostiene: que la solución es que el municipio deje de tener policía.
Y aquí hace falta una precisión que cambia todo el sentido de la propuesta: no se está hablando de trasladar la función a la policía estatal, lo que al menos permanecería dentro de la lógica de un sistema federal donde cada orden de gobierno responde por su territorio.
Se está hablando de entregarla a la Guardia Nacional, una corporación de origen, mando y disciplina federal con desconocimiento de territorio y de resultados cuestionables.
Eso no es un reacomodo institucional: es una centralización de facto de la función más elemental del gobierno local, la seguridad de sus habitantes.
El costo de gobernar sin construir
La Guardia Nacional no fue concebida como policía de proximidad.
Su lógica operativa es de despliegue táctico y contención, no de prevención social del delito, atención a conflictos vecinales, protección escolar o esa infinidad de tareas cotidianas que sí hace —o debería hacer— una policía municipal bien construida.
Sustituir de golpe a mil ochocientos municipios por una corporación federal no cierra el vacío de gobernanza local: lo traslada a una escala donde hay aún menos rendición de cuentas ante el propio municipio, y donde el ciudadano pierde toda capacidad de exigir resultados a su presidente municipal, porque la seguridad ya no depende de él.
Y aquí conviene ser francos sobre el origen del problema.
Las policías municipales de Michoacán no llegaron solas a este estado de infiltración y colapso.
Llegaron después de años de un modelo —el de la Guardia Civil estatal como proyecto insignia— que absorbió recursos, protagonismo político y prioridad presupuestal, mientras las corporaciones municipales quedaban sin capacitación, sin equipo, sin mando profesionalizado y, en muchos casos, sin más opción que aceptar la protección o el dinero de quien sí tenía presencia territorial: el crimen organizado.
