No cualquier funcionario cruza la frontera hacia la justicia estadounidense cargando el peso de lo que el General Gerardo Mérida lleva consigo.
Exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, excomandante de la XXI Zona Militar en Michoacán y exdirector de la Escuela de Inteligencia del Ejército Mexicano, Mérida no es un operador menor ni un eslabón prescindible.
Es, en términos de inteligencia criminal, una joya documental con patas: conoce la arquitectura del crimen organizado sinaloense desde adentro, domina la geografía del narco michoacano, y lleva en la cabeza los planos de las redes de colusión que durante años convirtieron la llamada "estrategia de seguridad" en Sinaloa en lo que realmente fue: una estrategia de convivencia institucional pactada con el narcotráfico.
Su entrega a las autoridades estadounidenses no es un acto de contrición ni de patriotismo tardío.
Es una negociación calculada, ejecutada con precisión, tras obtener un amparo de un juez federal en Morelia que le concedió el margen de maniobra suficiente para moverse, hablar y cruzar.
Esa jugada jurídica, ese tránsito libre por territorio nacional mientras el Estado mexicano miraba, ya dice todo lo que necesitamos saber sobre el estado real de la justicia en este país.
La figura del secretario de Seguridad Pública en un estado como Sinaloa no es ceremonial ni administrativa.
Es el eje sobre el cual giran las decisiones operativas, las omisiones convenientes y los despliegues que deliberadamente no se ejecutan.
Si las investigaciones de la fiscalía estadounidense apuntan simultáneamente a Rubén Rocha Moya y a 10 servidores públicos más, es porque el entramado de narcopolítica en Sinaloa no fue accidental ni episódico: fue sistemático, articulado y blindado desde las más altas esferas del gobierno estatal.
Mérida era el operador de ese blindaje. Conocía los acuerdos, los actores, los territorios en disputa, los equilibrios frágiles entre facciones y, sobre todo, los silencios institucionales que hacen posible que el crimen organizado opere con la tranquilidad de quien paga renta puntual.
A eso hay que sumar su paso por Michoacán como comandante de zona militar, estado donde el Cártel Jalisco Nueva Generación y los grupos herederos de Los Caballeros Templarios han reconfigurado el poder político local con una brutalidad que ningún gobernador, incluido Alfredo Ramírez Bedolla, ha logrado —ni intentado seriamente— contener.
Mérida vio eso de cerca. Lo conoce.
Y ahora ese conocimiento está depositado en manos de fiscales federales estadounidenses que, a diferencia de sus contrapartes mexicanas, no tienen compromisos de partido que honrar ni narrativas oficiales que proteger.
Aquí la severidad del análisis no puede ceder al eufemismo ni a la cortesía institucional.
El Gobierno de México ha mantenido una postura que oscila entre la omisión conveniente y la defensa ideológica militante frente al caso Sinaloa y sus derivaciones.
Ante la embestida jurídica que viene del norte, la respuesta institucional mexicana ha sido más discursiva que técnica, más política que investigativa.
Rocha Moya permanece en una situación que el gobierno federal prefiere no llamar por su nombre: una prisión preventiva disfrazada de protección, un limbo jurídico que revela, con descarnada claridad, que México no sabe qué hacer con sus propios gobernadores cuando la evidencia los alcanza desde afuera.
Pedir pruebas cuando las pruebas se construyen precisamente porque la justicia mexicana fue incapaz o no quiso generarlas es una posición no solo insostenible, sino deshonesta.
Y la pregunta que el caso Mérida coloca sobre la mesa con toda su brutalidad analítica es esta: si un exgeneral con acceso a inteligencia de alto nivel, con décadas de operación en zonas de conflicto criminal, decide hablar con los estadounidenses en lugar de presentarse ante la FGR, ¿qué tan rota está la cadena de confianza institucional del Estado mexicano?
La respuesta no requiere interpretación: está en el amparo de Morelia, en el cruce tranquilo de la frontera, en el silencio cómodo de las dependencias federales.
El caso no termina en Sinaloa.
La lógica de captura institucional que Mérida personifica alcanza a otras entidades, otros uniformes, otros escritorios desde donde se administra la connivencia con el crimen organizado como si fuera política pública legítima.
Lo que viene no es una trama de ficción, aunque tenga todos sus ingredientes.
Es la realidad desnuda de lo que ocurre cuando un Estado permite, durante años, que sus instituciones de seguridad sean capturadas, vaciadas y recicladas al servicio del crimen.
Mérida ya habló, con una profundidad que ningún expediente mexicano ha logrado construir.
Con cada pieza que entregue, el mapa de la narcopolítica nacional se volverá más nítido, más incómodo y más difícil de negar desde cualquier tribuna.
La pregunta ya no es si habrá consecuencias jurídicas y políticas: es si México tendrá —o querrá tener— la capacidad institucional de asumir las propias antes de que Washington las dicte.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
