En Mahahual todavía existe algo que el Caribe mexicano ha ido perdiendo poco a poco. Silencio. Mar visible sin muros interminables de concreto. Un arrecife que sigue vivo y una comunidad que aún conserva parte de su identidad frente al avance del turismo masivo. Por eso lo que hoy ocurre en Mahahual no es solamente una disputa ambiental. Es una advertencia sobre el futuro de las costas mexicanas y sobre la capacidad real que tiene la sociedad para defenderlas.
Mahahual, la última playa y la última defensa
Claro que México necesita crecimiento económico. Pero el desarrollo deja de ser verdadero desarrollo cuando destruye aquello que sostenía la vida y la economía de una comunidad.
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Un mega proyecto vinculado al turismo de cruceros ha generado preocupación entre activistas, habitantes, buzos y organizaciones ambientales que temen daños irreversibles en una de las zonas ecológicamente más delicadas del país. La discusión no gira únicamente en torno a inversión o crecimiento económico. La verdadera pregunta es cuánto más puede soportar el Caribe mexicano antes de perder aquello que originalmente lo volvió atractivo para el mundo.
México ya conoce esta historia.
En Holbox, el crecimiento turístico descontrolado ha provocado durante años presión sobre manglares, problemas de basura, colapso parcial de servicios públicos y una transformación acelerada de una isla que originalmente destacaba por su equilibrio ambiental y tranquilidad. Lo que alguna vez fue presentado como “desarrollo” terminó dejando también problemas de saturación, especulación inmobiliaria y deterioro ecológico.
En Cozumel, el aumento constante de cruceros y presión turística abrió debates sobre contaminación, afectaciones arrecifales y el impacto acumulativo de un modelo donde miles de visitantes llegan diariamente a ecosistemas extremadamente frágiles. El problema nunca fue únicamente un barco o un proyecto específico. El problema fue la acumulación permanente de presión ambiental sobre espacios limitados.
Eso es justamente lo que hoy preocupa en Mahahual.
Porque muchas veces el deterioro ambiental no ocurre de manera inmediata ni espectacular. Ocurre lentamente. Primero desaparecen ciertos peces. Luego aumenta la erosión. Después llegan problemas de agua, residuos, tráfico y saturación urbana. Y cuando finalmente el daño se vuelve evidente, ya es demasiado tarde para revertirlo por completo.
Por eso la discusión ambiental no puede reducirse a si un proyecto genera empleos o inversión. Claro que México necesita crecimiento económico. Pero el desarrollo deja de ser verdadero desarrollo cuando destruye aquello que sostenía la vida y la economía de una comunidad.
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Recientemente, organizaciones ambientalistas promovieron un juicio de amparo buscando frenar actos relacionados con el proyecto mientras se analizaban los posibles impactos ambientales. Inicialmente se concedió una suspensión que representó, aunque fuera temporalmente, una señal importante. El Poder Judicial todavía podía funcionar como un contrapeso frente a decisiones potencialmente irreversibles.
Sin embargo, posteriormente la suspensión quedó sin efectos y el amparo fue rechazado por cuestiones procesales relacionadas con interés legítimo y temporalidad. Jurídicamente puede discutirse la corrección técnica de esa decisión. Pero el problema de fondo sigue ahí y es mucho más profundo.
Porque el daño ambiental rara vez afecta solamente a una persona de manera individual y perfectamente delimitada. Un arrecife no pertenece únicamente a quien vive frente a él. Los ecosistemas son bienes colectivos y, cuando se destruyen, las consecuencias alcanzan a generaciones enteras.
Por eso el derecho ambiental moderno desarrolló el principio precautorio. La lógica es sencilla. Cuando existe la posibilidad de un daño grave o irreversible, el Estado debe actuar con cautela antes de que el daño ocurra y no cuando ya sea imposible revertirlo.
Y precisamente ahí el juicio de amparo adquiere una importancia enorme. En materia ambiental, las sentencias tardías suelen servir de poco. Cuando un manglar desaparece o un arrecife colapsa, no existe reparación integral capaz de reconstruir completamente lo perdido.
Lo ocurrido en Mahahual también refleja otra discusión que México parece evitar. Cada vez resulta más difícil utilizar mecanismos judiciales para cuestionar proyectos de gran escala antes de que comiencen los daños. El acceso a la justicia ambiental se vuelve más complejo justamente en el momento en que los riesgos ecológicos son mayores.
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Aun así, quizá el dato más importante sea otro. La lucha apenas comienza.
Porque más allá del resultado inicial del amparo, el conflicto de Mahahual ya abrió una discusión pública sobre los límites ambientales del modelo turístico mexicano, sobre el papel de los jueces frente a megaproyectos y sobre el derecho de las comunidades a defender los ecosistemas donde viven.
Y eso importa mucho más de lo que parece.
Porque la historia del Caribe mexicano demuestra que los daños ambientales normalmente comienzan cuando la sociedad deja de cuestionar y asume que el desarrollo económico necesariamente debe avanzar sin límites.
Mahahual todavía está a tiempo de decidir un camino distinto.
La pregunta es si México también lo está.
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Nota del editor: Carlos Enrique Odriozola Mariscal es abogado y activista en la defensa de los derechos humanos. Presidente del Centro Contra la Discriminación. Redes sociales @ceodriozolam Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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