Desaparecer en México, el crimen perfecto

Más de 128,000 desaparecidos no representan únicamente una cifra monstruosa.

Representan la demolición progresiva de la capacidad institucional del Estado para garantizar seguridad, justicia y control territorial. Lo verdaderamente alarmante es que el país ha comenzado a normalizarlo. En México, la desaparición ya forma parte del paisaje cotidiano de la violencia.

El horror se burocratizó.

Gobernanza criminal y pérdida de soberanía

La clase política mexicana ha sido incapaz de comprender que la desaparición forzada no es un fenómeno marginal ligado exclusivamente al narcotráfico.

Es, en realidad, el síntoma más claro de una gobernanza criminal instalada en regiones completas del país. Ahí donde desaparecen personas de manera sistemática, el Estado ya perdió el monopolio de la fuerza, de la inteligencia y de la autoridad.

El problema ya no es únicamente criminal. Es estructural.

En muchas regiones del país, las organizaciones criminales operan como poderes paralelos: cobran impuestos, controlan rutas, reclutan jóvenes, regulan economías locales y penetran gobiernos municipales.

La desaparición se convirtió en una herramienta funcional de control territorial.

Desaparecer personas reduce presión mediática, elimina evidencia y prolonga el terror colectivo.

Es más rentable que el homicidio visible.

El fracaso de la militarización

Durante casi dos décadas, la política de seguridad mexicana apostó todo a la militarización. Desde 2006, cada gobierno prometió que ahora sí llegaría la pacificación mediante despliegues armados, operativos conjuntos y ocupaciones territoriales temporales.

El resultado está a la vista: más violencia, más fragmentación criminal, más desapariciones y más dependencia de las Fuerzas Armadas.

La militarización fracasó porque confundió contención táctica con construcción institucional.

El Estado mexicano utilizó soldados para sustituir policías incapaces, ministerios públicos corruptos y fiscalías inoperantes.

Pero los militares no investigan desapariciones, no construyen inteligencia criminal de proximidad y no fortalecen capacidades civiles permanentes.

Lo que sí ocurrió fue el debilitamiento terminal de las policías locales y la consolidación de un modelo de seguridad reactivo, opaco y profundamente dependiente de las Fuerzas Armadas.

La corrupción como sistema operativo

El informe de la CIDH también expone algo todavía más grave: la connivencia entre estructuras criminales y autoridades.

Policías municipales, agentes ministeriales, funcionarios locales y operadores políticos aparecen una y otra vez vinculados con redes de desaparición.

La corrupción dejó de ser una desviación individual; hoy es un componente operativo del ecosistema criminal mexicano.

Mientras el crimen organizado siga financiando campañas, infiltrando gobiernos y capturando corporaciones policiales, cualquier estrategia de seguridad será un montaje político sin capacidad real de transformación.

Las madres buscadoras y el vacío del Estado

Mientras tanto, las familias buscadoras hacen el trabajo que el Estado abandonó.

Son madres con picos y palas quienes localizan fosas, rastrean indicios y generan información territorial. La imagen es devastadora: ciudadanos desarmados buscando restos humanos mientras el aparato institucional presume discursos triunfalistas sobre seguridad.

La existencia misma de colectivos de búsqueda revela el tamaño del colapso institucional mexicano. Cuando las familias sustituyen al Estado en tareas de investigación y localización, lo que existe no es únicamente omisión gubernamental: existe una ruptura profunda de legitimidad pública.

El colapso forense y la impunidad masiva

El colapso forense mexicano merece capítulo aparte.

Decenas de miles de cuerpos sin identificar revelan una crisis de capacidad estatal pocas veces vista en América Latina.

Un Estado que no puede identificar a sus muertos tampoco puede investigar a sus verdugos. La impunidad se multiplica cuando la evidencia humana termina apilada en fosas comunes, refrigeradores saturados o archivos perdidos.

La desaparición se volvió rentable porque el castigo prácticamente no existe.

Las fiscalías están rebasadas, las investigaciones son deficientes y las capacidades científicas del país son profundamente insuficientes para enfrentar una crisis de esta magnitud.

Lo que México tendría que hacer

México necesita abandonar urgentemente la ficción política de que la seguridad se resolverá únicamente con presencia militar.

La solución exige reconstrucción institucional profunda.

Primero, se requiere una política nacional especializada contra desapariciones, con inteligencia territorial y análisis criminal regional.

Segundo, las fiscalías deben transformarse radicalmente: menos burocracia y más capacidades reales de investigación, análisis financiero y persecución de redes criminales completas.

Tercero, el país necesita un sistema forense autónomo y tecnológicamente moderno, capaz de procesar e identificar masivamente restos humanos.

Cuarto, es indispensable reconstruir policías civiles profesionales, bien pagadas, supervisadas y con capacidades de investigación. Ningún país democrático puede sostener indefinidamente un modelo de seguridad basado exclusivamente en militares.

Pero la medida más importante implica recuperar el control político y económico de los territorios capturados por el crimen. Eso significa golpear estructuras financieras, redes de corrupción y economías ilegales que sostienen el poder criminal.

Un Estado que también comienza a desaparecer

La tragedia mexicana no radica únicamente en los desaparecidos. Radica en la incapacidad del Estado para impedir que sigan desapareciendo.

Y peor aún: en la normalización política de esa incapacidad.

México enfrenta hoy una disyuntiva histórica. O reconstruye sus instituciones civiles de seguridad y justicia, o terminará consolidando un modelo de soberanía fragmentada donde vastas regiones sean administradas de facto por organizaciones criminales.

El informe de la CIDH no es solamente una condena internacional.

Es una advertencia terminal. El Estado mexicano aún existe formalmente en todo el territorio nacional, pero en muchas regiones ya dejó de gobernar realmente.

Y cuando un Estado pierde la capacidad de proteger a sus ciudadanos, investigar los crímenes y recuperar a sus desaparecidos, comienza lentamente a desaparecer también.

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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.