Si hay una coyuntura que demanda estabilidad y certeza es esta. La relación con Estados Unidos se encuentra en su estado más crítico de las últimas décadas y cada vez luce más viable un escenario de revisiones anuales del T-MEC, acompañado de aranceles a productos de sectores estratégicos. Al mismo tiempo, el panorama económico del país es poco alentador, con crecimiento casi nulo, baja inversión y un margen fiscal sumamente estrecho. A pesar de ello el propio gobierno continúa tomando decisiones y promoviendo reformas que perpetúan la incertidumbre justo cuando más se requiere transmitir estabilidad y certeza jurídica.
Crisis externas, incertidumbres creadas
El gobierno continúa tomando decisiones y promoviendo reformas que perpetúan la incertidumbre justo cuando más se requiere transmitir estabilidad y certeza jurídica.
@ginadelafuente
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La decisión Moody’s de esta semana de recortar nuevamente la calificación de la deuda soberana de México es una nueva señal de alerta que no debe minimizarse. Se trata de la tercera revisión negativa reciente por parte de la agencia, que advirtió un debilitamiento sostenido de la fortaleza fiscal del país, el aumento de la deuda pública y las crecientes presiones derivadas del barril sin fondo en el que se ha convertido Pemex.
Pero la calificadora también advirtió algo todavía más delicado. La desaceleración del flujo de inversiones desde 2024 asociada, entre otros factores, a la incertidumbre generada por cambios en el marco institucional como la reforma judicial. Lo que se advirtió por meses y se quiso contrarrestar mediante la formación de comités empresariales y discursos desde Salón Tesorería terminó materializándose en una señal concreta de riesgo para el país. Porque la inversión no solo depende de ventajas geográficas, mano de obra calificada o costos bajos. Depende, sobre todo, de la confianza en las instituciones, de la estabilidad regulatoria, de la existencia de reglas claras y la previsibilidad de su sostenimiento en el tiempo.
En este contexto, otro desarrollo reciente proveniente de Estados Unidos amenaza con aumentar más la presión sobre la economía mexicana. Una orden ejecutiva publicada por la Casa Blanca que busca “reestablecer la integridad del sistema financiero estadounidense” restringirá el acceso de inmigrantes indocumentados a diversos productos financieros y endurecerá reglas para evitar su contratación laboral. De implementarse en los términos planteados, las restricciones serán severas, pues no podrán abrir cuentas bancarias, adquirir créditos hipotecarios y automotrices, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros.
El impacto económico potencial para México no es menor. El 96.6% de las remesas que recibe el país proviene de Estados Unidos y, de acuerdo con estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, cerca del 45% de la población migrante mexicana en ese país es indocumentada. Aunque no se cuenta con cifras oficiales, especialistas y organismos financieros advierten que una parte significativa de las remesas proviene de ese sector. En un contexto en que las remesas constituyen una fracción significativa del PIB e incluso sostienen las economías de entidades enteras como Zacatecas, Guerrero y Michoacán, cualquier afectación a estos flujos tendrá, sin duda, un impacto directo sobre el consumo, la estabilidad regional y el de por sí ínfimo crecimiento económico nacional.
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Frente a un entorno externo cada vez más incierto, México debería estar fortaleciendo las condiciones internas de estabilidad institucional y certeza jurídica. Mientras tanto, el Congreso mexicano se prepara para un periodo extraordinario de apenas una semana para corregir aspectos meramente logísticos y operativos de la elección judicial, desperdiciando la oportunidad de un debate serio y de fondo sobre los aspectos más problemáticos de esta reforma, aprobada con la mínima deliberación y la mayor improvisación.
El principal problema de la incertidumbre jurídica derivada de esta reforma no radica en la operación de la jornada electoral, sino en la ausencia de garantías reales de profesionalismo e independencia y autonomía de quienes lleguen a integrar los tribunales del país. Mientras persistan las condiciones que obliguen a aspirantes a integrar el Poder Judicial a atravesar filtros políticos y a responder a intereses partidistas para acceder a una candidatura viable y hacer campaña, difícilmente podrá reconstruirse la confianza que inversionistas requieren para apostarle al país.
México enfrenta suficientes fuentes de incertidumbre externa como para seguir fabricándola desde adentro. Pero eso es exactamente lo que ocurre cuando se apresuran reformas y se busca corregirlas con nuevas improvisaciones que no atienden los problemas de fondo.
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Nota del editor: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a Georgina De la Fuente.
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