La reforma judicial mexicana fue presentada como una transformación democrática histórica. La narrativa oficial era simple: abrir el Poder Judicial al voto popular permitiría terminar con una élite judicial distante y opaca. La legitimidad ya no surgiría de acuerdos políticos ni de carreras judiciales internas, sino directamente de las urnas. Sin embargo, menos de un año después de la elección judicial del 1 de junio de 2025, el debate ya no gira únicamente sobre si el modelo funcionó. La pregunta empieza a ser mucho más delicada: si aquella elección operó realmente bajo condiciones auténticamente libres.
La elección judicial ya estaba intervenida
La reforma que originalmente prometía abrir el sistema empieza ahora a construir nuevas formas de administración política del acceso a la judicatura.
Publicidad
Hoy empiezan a encajar demasiadas piezas que modifican completamente la lectura política de la reforma. Semanas antes de la elección judicial, el periodista Mario Maldonado publicó en El Universal una columna que entonces parecía parte de la tensión política propia de un proceso inédito. Ahí sostuvo que desde estructuras gubernamentales se estaban “socializando” listas de candidaturas judiciales que debían impulsarse políticamente. No hablaba sólo de perfiles para la Suprema Corte, sino también del Tribunal de Disciplina Judicial y otros órganos fundamentales del nuevo diseño constitucional.
En aquel momento, muchos pudieron interpretar esas versiones como parte de la confrontación mediática habitual. El problema es que el tiempo terminó dándoles un contexto completamente distinto. Después vinieron los acordeones, las denuncias sobre estructuras territoriales operando políticamente, las acusaciones de intervención partidista y la creciente percepción pública de que buena parte del electorado votaba sin conocer realmente perfiles, funciones o trayectorias de quienes aparecían en las boletas. A ello se sumó la baja participación y la enorme complejidad logística del modelo.
Pero el punto más delicado apareció después, cuando el propio gobierno comenzó a reconocer que el sistema necesitaba ser rediseñado antes siquiera de consolidarse. La iniciativa enviada recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum para posponer la siguiente elección judicial hasta 2028, reducir candidaturas, simplificar boletas y homologar mecanismos de evaluación cambia completamente el contexto político de la reforma. Porque ya no se trata únicamente de ajustes técnicos. En los hechos, implica reconocer que el modelo original generó problemas estructurales de legitimidad, gobernabilidad y control político mucho más profundos de lo que inicialmente se admitió.
La narrativa oficial insistía en que el pueblo elegiría libremente a quienes integrarían el nuevo Poder Judicial. Pero si desde antes de la elección ya existían versiones sobre candidaturas previamente impulsadas desde estructuras de poder; si posteriormente aparecieron mecanismos masivos de orientación del voto; y si ahora el propio sistema necesita recentralizar filtros y controles para poder operar, entonces la discusión cambia radicalmente. Ya no hablamos solamente de una elección compleja o imperfecta. Hablamos de un proceso cuya autenticidad democrática empieza a ser legítimamente cuestionada.
El problema es especialmente grave porque la reforma judicial nunca fue una simple modificación administrativa. Fue una transformación constitucional que alteró el equilibrio entre poderes y redefinió la forma en que se integra el órgano encargado de proteger derechos fundamentales y controlar constitucionalmente al propio Estado. Por ello, la percepción de intervención política previa adquiere una dimensión mucho más delicada. Un Poder Judicial electo democráticamente sólo puede conservar legitimidad si existe confianza social en que la competencia fue genuina, abierta y auténtica. En el momento en que aparecen señales de candidaturas impulsadas, estructuras operando políticamente o mecanismos informales de alineamiento previo, la lógica democrática empieza inevitablemente a deteriorarse.
Publicidad
Lo más preocupante es que las correcciones actuales parecen profundizar todavía más esa contradicción. Reducir candidaturas, homologar criterios y establecer filtros técnicos puede resolver parte del caos operativo observado en la primera elección judicial, pero también concentra poder en quienes controlen esos mecanismos de selección previa. La reforma que originalmente prometía abrir el sistema empieza ahora a construir nuevas formas de administración política del acceso a la judicatura.
Ahí aparece la paradoja más incómoda de toda la reforma. El proyecto nació prometiendo destruir élites de control dentro del Poder Judicial, pero sus ajustes posteriores parecen orientarse precisamente hacia la construcción de nuevos mecanismos centralizados de control institucional. Primero se aseguró que la elección judicial representaba la democratización definitiva de la justicia. Después aparecieron denuncias de operación política y manipulación electoral. Más tarde llegaron cuestionamientos sobre viabilidad técnica y legitimidad institucional. Y ahora el propio gobierno propone reconstruir partes esenciales del sistema antes de su siguiente gran prueba electoral.
Tal vez por eso la discusión ya no debería centrarse únicamente en quién ganó la elección judicial de 2025. La verdadera discusión consiste en determinar si aquella elección alguna vez operó completamente libre de intervención política.
_____
Nota del editor: Carlos Enrique Odriozola Mariscal es abogado y activista en la defensa de los derechos humanos. Presidente del Centro Contra la Discriminación. Redes sociales @ceodriozolam Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
Publicidad
Recomendaciones
Más acerca del autor:
Newsletter
Publicidad