La nueva llave del Poder Judicial

Las propuestas recientes para “corregir” la reforma parten de un diagnóstico que ya nadie discute. El modelo generó demasiados candidatos, procesos de evaluación débiles y un electorado que, en muchos casos, votó sin información suficiente. La apertura total no produjo mayor legitimidad, sino más incertidumbre. Frente a ese escenario, la solución que empieza a construirse no es abandonar la elección, sino condicionarla.

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La ministra Yasmín Esquivel, con olfato político, se adelantó planteando serie de ajustes que, aunque se presentan como técnicos, tienen un efecto político claro. Exámenes obligatorios, requisitos más estrictos, reducción de candidaturas, control de campañas. En conjunto, estos elementos no solo buscan mejorar la calidad del proceso, también delimitan quién puede participar en él. La ministra no solo está corrigiendo el modelo, está ocupando el espacio de quien define cómo hacerlo viable en un momento en que la reforma empieza a mostrar sus límites.

En paralelo, la iniciativa presentada en el Senado, suscrita por Ola Sánchez Cordero, Javier Corral y otros legisladores que participaron en el diseño original, avanza en la misma dirección. Posponer la elección, concentrar la evaluación, elevar estándares y reducir el número de candidaturas. No se trata únicamente de ajustes operativos, sino de una reconfiguración del sistema. Quienes impulsaron la apertura ahora impulsan el filtro. Puede leerse como un reconocimiento pragmático de error, pero también como un intento de reducir la incertidumbre que ellos mismos generaron. La apertura absoluta resultó políticamente atractiva, pero operativamente riesgosa. El filtro técnico permite ordenar el proceso y, al mismo tiempo, acotar sus resultados.

Ese cambio no es menor. Significa que el momento decisivo ya no está en la urna, sino en el proceso previo. El voto permanece, pero condicionado. La apertura se conserva en el discurso, pero se acota en la práctica. Y en ese nuevo esquema, la formación y la evaluación dejan de ser elementos secundarios para convertirse en el verdadero umbral de entrada.

Por eso la Escuela de Formación Judicial cambia de papel.

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Deja de ser un espacio de capacitación para convertirse en el lugar donde se define quién cumple con los estándares para aspirar. En un modelo con filtros técnicos más estrictos, la Escuela no solo forma perfiles, también incide directamente en la integración futura del Poder Judicial. Eso la coloca en el centro del poder.

Bajo la presidencia del magistrado Sergio Molina, esta institución se ubica en un punto particularmente sensible. Molina no es un actor ajeno a la dinámica interna del sistema. Fue consejero de la judicatura, aspiró a la Suprema Corte y hoy encabeza una instancia que, bajo el nuevo diseño, puede convertirse en el principal filtro de entrada. Su trayectoria lo coloca cerca de la nomenclatura judicial y política. La reforma a la reforma judicial le otorga una influencia que, hasta hace poco, la Escuela no tenía.

En un modelo donde el acceso depende de evaluaciones técnicas, quien controla esos procesos tiene una influencia directa sobre la integración del Poder Judicial. La Escuela no decide formalmente quién gana una elección, pero puede definir quién llega a ella. Y eso, en términos de poder, resulta determinante.

Las propuestas de corrección dejan ver con claridad ese desplazamiento. La ministra Esquivel se posiciona en el terreno donde se va a concentrar el nuevo control. El bloque en el Senado confirma esa misma lógica desde el ámbito legislativo. Y en medio de ambos, la Escuela de Formación Judicial emerge como el punto de convergencia entre técnica y política.

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El problema es que ese orden no es neutro.

Cuando el acceso se condiciona, alguien tiene que definir las condiciones. Cuando la evaluación se vuelve central, alguien tiene que controlar la evaluación. Y cuando la formación se convierte en requisito, la institución que la administra deja de ser secundaria. Se vuelve decisiva.

Y en ese nuevo mapa, la Escuela de Formación Judicial ya no es un actor técnico.

Es la nueva llave del Poder Judicial.

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Nota del editor: Carlos Enrique Odriozola Mariscal es abogado y activista en la defensa de los derechos humanos. Presidente del Centro Contra la Discriminación. Redes sociales @ceodriozolam Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.