En la Sierra de Chihuahua se desmanteló uno de los narcolaboratorios más grandes encontrados en el país, de esos que López Obrador negó durante años y que el actual gobierno presume haber desmantelado por miles.
¿De qué lado están?
La soberanía no sirve para encubrir errores ni para evadir responsabilidades. Se ejerce cuando el Estado actúa para proteger a ciudadanos, no como bandera para atacar opositores con fines electorales.
@JTrianaT
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El 19 de abril murieron dos funcionarios estadounidenses y dos elementos de la Fiscalía estatal en un accidente automovilístico ocurrido en una comunidad del mismo municipio donde se desmanteló el laboratorio, en condiciones distintas al operativo que permitió ubicarlo y asegurarlo. Trascendió que los estadounidenses fallecidos eran agentes de la CIA y eso bastó para que todo cambiara de eje. Sin esperar una investigación, el gobierno federal decidió fijar postura y lanzar acusaciones por una supuesta violación a la soberanía nacional. No se lanzaron contra los criminales, sino contra el gobierno de Chihuahua.
La ofensiva arrancó desde la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum. Ahí se marcó la línea y, casi de inmediato, se activó el aparato que la replica sin matices. Opinadores en medios públicos, periodistas afines, youtubers y cuentas oficialistas en redes comenzaron a señalar a la gobernadora Maru Campos sin una sola prueba. Lo que siguió fue un linchamiento político con descalificaciones personales, carga de misoginia y un interés evidente por incidir en la elección estatal de 2027.
La Fiscalía de Chihuahua ha sido clara al señalar que no hubo participación operativa de agentes extranjeros en el aseguramiento del laboratorio. A pesar de ello, la campaña ya estaba en marcha. Primero se acusa y después se investiga.
Mientras tanto, los hechos quedaron en segundo plano. El exitoso operativo fue realizado por autoridades estatales en coordinación con la Sedena. Participaron al menos 40 elementos del Ejército, hubo inteligencia previa y hubo resultados. Se localizó una instalación de más de 800 metros cuadrados, con hornos, contenedores, cilindros de gas y químicos para producir metanfetamina de forma continua. No era un punto temporal, era una operación establecida.
Ese golpe tiene efectos concretos. Es droga que no llega a las calles, es dinero que deja de financiar estructuras criminales y es capacidad operativa que se reduce. Aun así, nada de eso fue suficiente para centrar la discusión. La conversación se desvió porque políticamente convenía.
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La posible actuación ilegal de agentes extranjeros no es un asunto menor. El problema es que ese tema no corresponde a un gobierno estatal. La Constitución establece que la relación con gobiernos extranjeros es facultad exclusiva del Ejecutivo federal. La Ley de Seguridad Nacional también señala que los agentes de otros países no pueden ejercer funciones operativas en territorio nacional. Si hubo presencia fuera de ese marco, la responsabilidad es de quien autoriza su entrada y supervisa su actuar. Aun así, el gobierno decidió construir una narrativa falaz y sin sustento.
Hay otro punto que no se puede esquivar. En el operativo participó el Ejército. Si el gobierno federal no tenía conocimiento de lo que hacían las fuerzas armadas, estamos ante una falla grave de coordinación. Si sí lo tenía, entonces la reacción posterior fue una decisión política para trasladar el costo a un gobierno de oposición. En ambos casos, el problema está dentro del propio gobierno federal.
Hay un doble rasero imposible de ignorar. Ismael “El Mayo” Zambada afirmó que el día de su detención en Estados Unidos se reunió con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y que no era la primera vez. A la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, le cancelan la visa en medio de señalamientos sobre su entorno. En Tamaulipas, Américo Villarreal nombra asesor legal al abogado defensor del Z40. Nada de eso provocó una reacción firme ni un posicionamiento contundente. Pero en Chihuahua, donde se golpeó directamente al crimen organizado, sí hubo acusaciones inmediatas y un ataque frontal contra Maru Campos. De ese tamaño es el cinismo.
En Chihuahua hay una postura definida. Se combate al crimen, no se negocia con él. Eso, que debería ser lo normal, hoy parece motivo de ataque. Sobre todo después de un sexenio en el que la estrategia federal optó por ceder terreno bajo la idea de pacificar al país con “abrazos, no balazos”. El resultado está a la vista, regiones completas bajo control criminal y un Estado que muchas veces llegó tarde o no llegó.
También se ha invocado la soberanía como argumento. Conviene decirlo sin rodeos, la soberanía no sirve para encubrir errores ni para evadir responsabilidades. Se ejerce cuando el Estado actúa para proteger a sus ciudadanos, no cuando se usa como bandera para atacar opositores con fines electorales.
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El caso sigue abierto y tendrá que resolverse con pruebas. Habrá que determinar si existió alguna actuación fuera del marco legal y, en su caso, quién debe responder. Eso no se decide en declaraciones ni en filtraciones, se define con investigación.
Lo que ya ocurrió no admite discusión. Se golpeó al crimen organizado. Y aun así, lo que vimos fue a un gobierno más preocupado por imponer un relato y activar su maquinaria propagandística que por reconocerlo.
Pareciera que a la presidenta y a su gobierno les irrita que se combata a la delincuencia. Es una pregunta obligada.
¿De qué lado están?
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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
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