Cuando el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana correspondiente al primer trimestre de 2026, lo hizo como quien descorcha champán en un velorio.
El discurso oficial destacó lo que le convenía: que el porcentaje nacional de percepción de inseguridad bajó de 63.8 a 61.5% respecto a diciembre de 2025.
Aplausos. Felicitaciones. Narrativa lista para el ciclo noticioso.
Lo que el gobierno omitió decir es que ese mismo 61.5% representa a más de 6 de cada 10 mexicanos que consideran inseguro vivir en su ciudad. Que ese porcentaje es estadísticamente idéntico al registrado en marzo de 2025.
Que la encuesta no mide logros: mide el miedo acumulado de décadas que ningún sexenio ha sabido desactivar.
Presentar una cifra que no cambió en un año como victoria es, en el mejor de los casos, un ejercicio de ingenuidad estadística.
En el peor, es cinismo de Estado.
Los datos de la ENSU son contundentes en su severidad.
Guadalajara registró un incremento dramático en percepción de inseguridad, al pasar de 78.8 a 90.2% respecto a marzo de 2025. Puerto Vallarta —destino turístico de primer orden y fuente de divisas— pasó de 23.0 a 59.9% en el mismo periodo. Zapopan escaló de 44.6 a 70.8%. Tepic, de 38.3 a 53.9. Ciudad Juárez, de 58.0 a 69.1. Ixtapa-Zihuatanejo, de 49.2 a 68.2. Reynosa, de 74.1 a 86.1.
El mapa del terror no retrocede: se reconfigura.
El dato más revelador, sin embargo, no está en los porcentajes de percepción. Está en la expectativa social: 27.1% de los ciudadanos considera que la situación empeorará en los próximos doce meses.
Eso representa un aumento de 4.2 puntos porcentuales respecto a marzo de 2025. La ciudadanía no cree en el discurso oficial.
Y tiene razones para ello: 43.7% dejó de llevar objetos de valor; 39.2% no permite que los menores del hogar salgan solos; 39.1% dejó de caminar de noche cerca de su casa. Estas no son percepciones abstractas.
Son conductas concretas que documentan una sociedad que se ha resignado al encierro como estrategia de sobrevivencia.
El gobierno exhibe con orgullo otro indicador: la Secretaría de Marina alcanzó 87.3% de percepción positiva de desempeño; el Ejército, 85.5; la Guardia Nacional, 77.0.
La lectura oficial es que la ciudadanía confía en sus fuerzas de seguridad. La lectura técnica es otra.
Esa confianza se concentra en las instituciones castrenses porque son las únicas que han tenido visibilidad operativa.
Son los referentes de los operativos mediáticamente espectaculares que el gobierno ha utilizado para construir imagen de firmeza.
Pero los operativos del Ejército no sustituyen a la policía municipal, que apenas alcanza 50.8% de percepción positiva, ni a la policía estatal, que llega a 56.1.
La brecha entre ambas cifras es la fotografía más precisa del abandono estructural en que se encuentran las corporaciones de seguridad del orden local. Son ellas quienes responden a los robos en la calle, a los asaltos en el transporte público —donde 64.1% se siente inseguro—, a las bandas violentas que el 24.2% de los encuestados atestigua cerca de su hogar.
El Ejército no patrulla las colonias a las tres de la madrugada. La policía municipal sí, cuando existe, cuando está capacitada, cuando está pagada dignamente. Y en México, eso es la excepción.
Existe un fenómeno que la encuesta no puede capturar directamente, pero que cualquier operador de seguridad pública conoce: la correlación entre abandono federal y deterioro local de la seguridad.
Las entidades con gobiernos de distinta filiación partidista al partido en el poder han documentado reducciones en transferencias y apoyos para fortalecimiento policial.
La política de seguridad, que debería ser política de Estado, se ha convertido en instrumento de disciplinamiento político.
El resultado está en los números: ciudades que no reciben apoyo federal estructural ven dispararse sus índices de inseguridad mientras el gobierno central festeja el promedio nacional.
La ENSU debería ser el punto de partida de una política de seguridad seria, no el cierre de una campaña de comunicación.
Las propuestas son concretas y no requieren genialidad: requieren voluntad.
Primero, es indispensable un programa nacional de profesionalización y salarización digna de las policías estatales y municipales, financiado con recursos federales etiquetados y auditables, desvinculado de preferencias partidistas. El modelo de mando único requiere revisión profunda y diferenciada por región, no aplicación homogénea desde un escritorio capitalino.
Segundo, debe establecerse una política nacional de prevención del delito con enfoque territorial, diseñada desde el diagnóstico local —no desde la capital— y articulada con los municipios mediante convenios de desempeño verificables. La prevención no puede seguir siendo el rubro que se recorta cuando el presupuesto aprieta.
Tercero, los destinos turísticos con incrementos alarmantes en percepción de inseguridad —Puerto Vallarta, Zapopan, Ixtapa-Zihuatanejo, Cancún— requieren estrategias de seguridad turística diferenciadas, con presupuesto específico y coordinación entre SSPC, Sedena, Semar y los gobiernos locales. El turismo es la industria más vulnerable a la inseguridad y la más rápida en derrumbarse.
Cuarto, la ENSU debe dejar de ser un instrumento de comunicación política para convertirse en un mecanismo vinculante de evaluación de la política de seguridad. Sus resultados deberían activar protocolos de intervención en ciudades con incrementos significativos, no ruedas de prensa triunfalistas.
Guadalajara, la segunda ciudad del país, tiene nueve de cada diez habitantes que se sienten inseguros. Solo 32.3% de los mexicanos considera que su gobierno municipal es efectivo para resolver los principales problemas. Seis de cada 10 ciudadanos siguen viviendo con miedo. La encuesta lo dice con números.
El gobierno la leyó al revés.
El problema no es la encuesta.
El problema es un sistema de seguridad que necesita reformas estructurales urgentes, financiamiento sostenido, instituciones locales fortalecidas y políticas públicas diseñadas para resolver problemas reales, no para alimentar narrativas triunfalistas.
México merece eso. Lo que tiene, por ahora, es un gobierno que festeja que el miedo bajó dos puntos porcentuales mientras millones de mujeres evitan salir de noche.
Eso no es seguridad. Es resignación administrada.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
