El sábado 25 de abril, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el gabinete de seguridad mexicano emitieron un comunicado contundente: los agentes estadounidenses fallecidos en Chihuahua habían ingresado a México como turistas y operaban sin ningún permiso oficial.
Punto. Fin del comunicado.
Como si con esa declaración se cerrara el expediente, se saldara la deuda con la soberanía nacional y se borrara de un plumazo una semana de tropiezos comunicacionales, contradicciones presidenciales y silencios institucionales que dijeron más que cualquier boletín oficial.
El problema no es el comunicado.
El problema es lo que ese comunicado revela: que el Gobierno de México reaccionó, no actuó. Que administró el daño, no la crisis.
Y que, en el intento tardío de recuperar una narrativa soberanista, terminó exhibiendo las fracturas más profundas de su arquitectura de seguridad e inteligencia nacional.
Un gobierno que tarda una semana en articular una posición oficial sobre la muerte de agentes extranjeros en su propio territorio no está ejerciendo soberanía.
Está improvisando el libreto mientras el incendio ya consumió la escena.
El primer acto revelador no vino de México.
Vino del embajador de Estados Unidos, ex agente de inteligencia, cuya condolencia inicial no pudo disimular el esquema doctrinal que lo formó: habló de los fallecidos como personal bajo su cargo, asumiendo de facto una responsabilidad operativa que ningún turista generaría jamás.
Ese desliz no fue un error de protocolo diplomático; fue una confesión involuntaria, el reflejo condicionado de quien sabe exactamente qué tipo de operación se desarrollaba en territorio chihuahuense.
Para cualquier analista medianamente serio en materia de inteligencia, ese momento era la clave interpretativa de todo lo que vendría después.
La CIA no responde a ningún gobierno extranjero.
Sus operaciones no requieren ni solicitan permiso de las cancillerías que las reciben.
Históricamente —documentado en archivos desclasificados, investigaciones académicas y cobertura periodística especializada de décadas— la Agencia Central de Inteligencia ha operado en México y en toda América Latina bajo distintas coberturas, incluyendo la consular, la diplomática y, evidentemente, la turística.
No es teoría conspirativa: es historia operativa registrada, incómoda y sistemáticamente ignorada por los gobiernos mexicanos que prefieren la amnesia institucional a la confrontación diplomática real.
Hay un dato que el comunicado oficial no puede neutralizar y que resulta operativamente inexplicable: en el lugar de los hechos había 73 elementos del Ejército Mexicano desplegados.
Setenta y tres.
No es una patrulla de reconocimiento. Es un operativo estructurado, con mando, con comunicaciones, con cadena de reporte.
Y la pregunta que ningún funcionario ha respondido con claridad es devastadoramente simple: ¿cómo es posible que ese contingente no identificara a los agentes extranjeros presentes en el área de operaciones?
Hay dos respuestas posibles, y ambas son igualmente graves.
Primera: los identificaron y hubo una coordinación tácita que nadie quiere documentar porque documentarla destruye el relato oficial.
Segunda: no los identificaron, lo que significaría una falla de inteligencia operativa de proporciones alarmantes para una fuerza armada desplegada en zona de alta conflictividad criminal.
En cualquiera de los dos escenarios, el comunicado del gabinete resulta no sólo insuficiente sino, en términos técnicos, operativamente inverosímil. Y cuando un comunicado oficial es inverosímil para cualquier profesional del sector, el problema ya no es de comunicación: es de credibilidad institucional estructural.
El expresidente Andrés Manuel López Obrador lo dijo con una claridad que pocos registraron en su dimensión real: "El presidente de México lo sabe todo."
Esa declaración, hecha en su momento como afirmación de autoridad presidencial, se convierte hoy en una trampa política de proporciones mayúsculas para la administración de Claudia Sheinbaum.
Si el presidente —y por extensión la presidenta— lo sabe todo, entonces el Gobierno de México no puede ahora asumir desconocimiento sobre la presencia y operación de agentes de inteligencia extranjeros en su territorio.
No puede.
Y sin embargo, eso es exactamente lo que el comunicado del sábado pretende instalar como verdad oficial.
Lo que siguió a la semana de crisis fue ilustrativo de cómo opera realmente el poder cuando se siente acorralado: una reunión entre la gobernadora de Chihuahua y el titular de la SSPC, breve, sin pormenores públicos, sin conferencia de prensa conjunta, sin una sola pregunta respondida sobre el fondo del asunto.
De esa reunión emergió como principal medida la creación de una comisión investigadora local.
Traducción política sin eufemismos: el peso institucional del hecho fue transferido al gobierno estatal.
El discurso soberanista se quedó cómodamente instalado en Palacio Nacional; la factura, con todos sus costos políticos y sus riesgos operativos, se paga en Chihuahua.
Lo que este episodio expone con una crudeza que ningún comunicado puede maquillar es la geometría exacta del silencio conveniente que sostiene la relación México-Estados Unidos en materia de seguridad e inteligencia.
Ambos gobiernos necesitan la ambigüedad. Washington necesita operar con libertad táctica en territorio mexicano donde los cárteles tienen presencia que impacta directamente su seguridad interior.
Ciudad de México necesita mantener un discurso soberanista que alimente su legitimidad política interna sin provocar una ruptura con su socio comercial, de seguridad y geopolítico más importante.
El resultado de ese pacto no escrito es siempre el mismo: cuando la operación sale bien, nadie habla.
Cuando sale mal —cuando hay muertos, cuando hay cámaras, cuando hay un embajador que no puede contener el reflejo doctrinal de décadas— entonces comienza la danza de los comunicados tardíos, las comisiones estatales y las declaraciones dispersas de una presidenta que todavía no encontraba el tono correcto mientras la narrativa ya se le había escapado de las manos.
México puede emitir todos los comunicados que quiera afirmando que nadie operó con permiso en su territorio.
Pero mientras 73 soldados sigan sin explicar oficialmente qué vieron, mientras el embajador estadounidense siga sin ser convocado formalmente a dar explicaciones ante la SRE, y mientras la respuesta institucional de mayor peso sea una comisión investigadora estatal en Chihuahua, esos comunicados serán exactamente lo que parecen: control de daños para el consumo interno, no ejercicio real de soberanía frente a una potencia que lleva décadas operando en territorio mexicano con la certeza de que la incomodidad diplomática siempre será administrada, nunca realmente confrontada.
La soberanía no se declama en un boletín de prensa del sábado.
Se demuestra en lo que un gobierno es capaz de exigir, de investigar y de sostener políticamente cuando el costo de hacerlo es real.
Por ahora, México sigue demostrando que prefiere administrar la incomodidad a enfrentar la verdad.
Y la CIA, como siempre, lo sabe perfectamente.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
