La Auditoría Superior de la Federación encontró pagos en exceso, trabajos mal ejecutados y millones por aclarar. Aun así, la revisión apenas alcanzó el 0.014% del presupuesto ejercido, resultado de un “acuerdo” con el gobierno.
Todo esto se construyó, además, sobre la destrucción ambiental. Más de 300 hectáreas de manglar fueron arrasadas para levantar la refinería. Un ecosistema que protegía naturalmente contra inundaciones y que simplemente desapareció porque estorbaba. Hubo multas y promesas de reforestación, pero el daño ya estaba hecho.
La planeación fue igual de irresponsable. Levantaron la refinería junto a comunidades y escuelas. Años después, con niños enfermos, alergias, irritación ocular y problemas respiratorios, la respuesta gubernamental se limitó a negar el problema y a sugerir la mudanza de los planteles.
Y llegó lo inevitable. En marzo pasado, una mezcla de agua con hidrocarburos salió de la refinería, rebasó los sistemas de contención y terminó en una vialidad interna. Un vehículo explotó y murieron cinco personas. La respuesta de Claudia Sheinbaum fue deslindarse porque la tragedia ocurrió fuera del complejo, como si el origen no importara.
Días después comenzaron a circular videos de emisiones de gases dentro de la refinería. El gobierno aseguró que se trataba de vapor de agua y que todo estaba bajo control. Se inmovilizó, se registró una explosión y un incendio en la zona de coque, un residuo sólido producto de la refinación. Primero niegan, luego ocurre.
No son hechos aislados. Es una cadena de fallas, de operación deficiente y de una instalación que nunca debió construirse ahí y que hoy no funciona en condiciones estables. Dos Bocas es la consecuencia directa de un capricho personal convertido en política pública. López Obrador empujó el proyecto contra toda evidencia, lo defendió como símbolo ideológico y permitió que se convirtiera en un espacio de opacidad y corrupción.
