Borraron a los desaparecidos. No es una frase efectista para abrir esta columna, es la descripción más precisa de lo que ocurrió después de más de un año de retrasos, promesas recicladas y una manipulación política que terminó sustituyendo a la verdad.
Borrados por el Estado
Las madres buscadoras reaccionaron al reporte de Sheinbaum y lo dijeron sin rodeos. No creen en los números porque no las escucharon, porque no hubo transparencia.
@JTrianaT
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La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en 15 días tendría listo un informe sobre la crisis de desapariciones. Pasaron 380. Once veces lo pospuso mientras repetía el mismo libreto de siempre, que ya casi, que este mes, que la próxima semana. No fue desorden, fue cálculo. El tiempo no se usó para esclarecer la crisis, se usó para preparar cómo presentarla sin que le estallara en la cara.
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El resultado es grotesco. El propio gobierno tenía registrados más de 130,000 desaparecidos. El nuevo informe reconoce apenas 43,000. No porque hayan encontrado a las personas ni porque hayan resuelto los casos, sino porque decidieron reclasificar casi 90,000 expedientes y sacarlos de la categoría de desaparición. Si el registro está incompleto, deja de contar. Si existe algún mínimo rastro de trámite administrativo llevado a cabo por la persona, se asume que está viva. Si la autoridad falló en documentar, el problema se evapora en el papel.
La forma en que se presentó el informe confirma que no había interés en transparentar nada. Viernes, en la antesala de vacaciones de Semana Santa, cuando la atención pública cae y la conversación se dispersa. Es el manual más viejo del poder cuando quiere esconder algo incómodo. Solo que aquí no se estaba escondiendo un dato técnico, se estaba intentando reducir una tragedia nacional.
El relato oficial se derrumba en cuanto se cruza con otra cifra que el propio Estado no puede borrar. En México hay más de 72,000 cuerpos sin identificar en servicios forenses y fosas comunes. Es decir, el país tiene más cadáveres sin nombre que desaparecidos reconocidos oficialmente. No hay forma de sostener esa contradicción sin admitir que la cifra fue recortada para que encajara en un discurso, no para reflejar la realidad.
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Y aun en los casos que el gobierno sí acepta, el nivel de abandono es evidente. De esos 43,000 casos, apenas poco más de 3,000 tienen una carpeta de investigación. Eso significa que la gran mayoría ni siquiera está siendo investigada formalmente. No solo no los encuentran, ni siquiera abren los expedientes para buscarlos. Es la claudicación absoluta del Estado.
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Las madres buscadoras reaccionaron al reporte de Sheinbaum y lo dijeron sin rodeos. No creen en los números porque no las escucharon, porque no hubo transparencia y porque son ellas, no el gobierno, las que están encontrando restos, abriendo fosas y reconstruyendo historias. Frente a esa realidad, el informe no ofrece respuestas, ofrece recortes.
Además, el contexto del país hace aún más grave la manipulación. En México la mayoría de los delitos no se denuncia. Hay miedo, hay desconfianza, hay autoridades que ni siquiera reciben denuncias. Construir un diagnóstico solo con registros oficiales en un entorno así no es un error técnico, es una distorsión deliberada. Es tomar la parte más incompleta de la realidad y presentarla como si fuera una sentencia inapelable.
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Las preguntas de fondo siguen intactas. Si el gobierno presume que los homicidios están bajando, ¿por qué las desapariciones no dejan de crecer? Y si no estamos frente a un cambio en la forma de clasificar la violencia, ¿por qué lo que antes se registraba como asesinato ahora se diluye como desaparición? El informe no responde ninguna de las dos porque no está diseñado para explicar, sino para ajustar y cuidar la imagen del expresidente y de la presidenta.
Y es que la alquimia viene desde el sexenio anterior. López Obrador nunca intentó resolver la crisis de desaparecidos, solo la administró políticamente. Primero puso en duda el registro de su propio gobierno, después impulsó un censo paralelo con sus “servidores de la nación”, luego provocó la salida de la funcionaria más especializada en la materia y finalmente presentó una estrategia que fue leída por familias y organizaciones como un intento de desaparecer a los desaparecidos en el papel.
Sheinbaum no corrigió ese rumbo, lo profundizó. Tomó esa lógica y la llevó al extremo. Ya no solo se cuestiona el registro, ahora se reduce de un plumazo. Ya no solo se duda de los datos, ahora se reescriben totalmente. Y mientras eso ocurre, la crisis sigue creciendo.
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Hay un dato que termina de exhibir la magnitud del problema. En seis años de gobierno de Felipe Calderón se registraron poco más de 17,000 desaparecidos. Con Sheinbaum, en apenas año y medio, esa cifra ya fue superada. Son los propios datos oficiales. Aun así, la respuesta es la misma de siempre, mirar hacia atrás, repartir culpas y evitar asumir lo que está ocurriendo hoy.
Sheinbaum se atrevió a hacer lo que López Obrador intentó sin éxito: borrar decenas de miles de casos de desapariciones con un fraudulento ajuste administrativo. La presidenta lo hizo con una naturalidad que revela hasta qué punto la verdad dejó de ser prioridad para su gobierno.
Se ha perfeccionado el cinismo. López Obrador normalizó la evasión y Sheinbaum la convirtió en método. Hoy no solo hay miles de familias buscando a sus desaparecidos, hay un gobierno que decidió desaparecerlos también de las cifras para que la tragedia deje de incomodar políticamente. La mal llamada cuarta transformación, en sus dos pisos, decidió borrar a las víctimas en lugar de encontrarlas. Dejaron de ser gobierno para convertirse en cómplices.
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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
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