El denominador común no es geográfico: es institucional. El transporte público mexicano es, en toda su extensión territorial, un espacio de gobernabilidad fallida.
No se trata de incidentes aislados ni de patologías urbanas exclusivas de la capital.
Desde el Tren Ligero de Guadalajara hasta las combis del área conurbada de Morelia - Tarímbaro, desde los autobuses urbanos de Ciudad Juárez hasta las unidades concesionadas que cruzan los municipios de la periferia de Monterrey, el patrón se repite: ausencia de un modelo de seguridad consistente, protocolos de actuación difusos y una corresponsabilidad institucional que nadie reclama ni ejerce.
El operativo que no existe —o que nadie ve
La pregunta central no es si hay policías en las estaciones o en las unidades. Los hay, en número variable, con presencia intermitente y sin coordinación real. La pregunta es si existe un operativo articulado de seguridad en infraestructura de transporte, con inteligencia operativa, distribución táctica de efectivos, protocolos de respuesta ante emergencias y mecanismos de coordinación interinstitucional.
La respuesta documentada es negativa en prácticamente todos los sistemas del país.
El modelo reactivo —asignar un elemento por unidad o por andén, sin comunicación fluida, sin respaldo inmediato y sin criterios de intervención estandarizados— no constituye un operativo; es una presencia simbólica.
En estados como Jalisco, Nuevo León y Veracruz, donde la violencia en el transporte se ha intensificado en los últimos años, los secretariados de seguridad pública reportan despliegues puntuales, generalmente reactivos a incidentes mediáticos, pero sin evidencia de estrategias sostenidas con evaluación de resultados y rendición de cuentas pública. Un policía solo, sin protocolo claro, frente a una situación de violencia colectiva dentro de una unidad en movimiento, no garantiza gobernabilidad; la simula.
