El 73% de las denuncias en enero de 2026 correspondieron a extorsiones cometidas por medios como llamadas telefónicas, y el delito tiende hacia modalidades menos visibles pero más extendidas, incluyendo aplicaciones ilegales de préstamos y redes sociales.
Perseguir estas estructuras requiere análisis financiero, inteligencia digital y cooperación interinstitucional sostenida, no talleres de capacitación.
Lo que sí puede funcionar: propuestas sin adorno
Si la voluntad política es genuina —hipótesis que este análisis no descarta, pero sí cuestiona—, existen rutas viables que van más allá de los pactos simbólicos.
Primera: La Ciudad de México debe crear, con presupuesto real y personal especializado, fiscalías de proximidad antiextorsión por alcaldía, con capacidad de recepción de denuncias en sitio, sin que la víctima tenga que trasladarse a un ministerio público central. El modelo existe en otras ciudades latinoamericanas y ha demostrado reducir la cifra negra.
Segunda: Los alcaldes capitalinos, que carecen de mando policial, pueden y deben jugar un papel sustantivo en la construcción de redes de confianza comunitaria: mapeo de zonas de cobro de piso, coordinación con comerciantes, vinculación con un Consejo Ciudadano que si represente a la Ciudadanía y no amigos de la autoridad y canalización de reportes anónimos directamente al gabinete antiextorsión. Sin mando, sí hay capacidad de articulación territorial.
Tercera: La formación de policías en técnicas básicas de investigación patrimonial y seguimiento de flujos financieros no es un lujo académico, es una necesidad operativa urgente. La propia jefa de Gobierno anunció "seguir el dinero" para desmantelar estructuras económicas que sostienen la extorsión La Prensa, pero eso requiere capacidades que hoy la policía capitalina no tiene de manera sistemática.
Cuarta: La extorsión que opera desde los centros penitenciarios exige inhibidores de señal funcionales —no anunciados, sino instalados y operando— en los reclusorios capitalinos. Expertos en seguridad nacional hemos señalado que los centros de readaptación social permiten la operación delictiva intramuros. Este es un problema con solución técnica conocida que lleva años postergándose.
Quinta: México requiere con urgencia la aprobación de una Ley General de Extorsión que unifique tipos penales, establezca protocolos nacionales de denuncia y permita la persecución de oficio. COPARMEX ha impulsado esta iniciativa desde 2023 y la Presidenta de la República ha presentado ya una propuesta en esta dirección. La CDMX debe ser la entidad que más presione para que esa ley llegue al pleno.
