Faltan menos de dos meses para que el Estadio Azteca abra sus puertas ante el mundo en el evento deportivo más visto del planeta.
México será sede de la Copa Mundial FIFA 2026 junto con Estados Unidos y Canadá. Tres ciudades —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey— más algunas subsedes de entrenamiento y ciudades periféricas que servirán de hospedaje de aficionados y selecciones.
El gobierno presentó en marzo pasado el Plan Kukulkán con cerca de 100,000 efectivos desplegados, tecnología de punta y un discurso de confianza institucional que suena bien en conferencia de prensa.
El problema es que entre el discurso y la capacidad real existe una brecha que, si no se atiende de inmediato, puede costarnos muchísimo más que una imagen deteriorada ante el mundo.
Lo digo sin rodeos: México llega al Mundial con una arquitectura institucional de seguridad diseñada para otra amenaza, en otro tiempo, frente a otro enemigo. Y eso es, técnicamente, un riesgo de Estado.
México no ha sufrido un atentado terrorista de origen yihadista o de extrema derecha. Ese hecho históricamente afortunado se ha convertido en una trampa cognitiva para quienes toman decisiones en materia de seguridad nacional.
La ausencia del problema se confunde con la ausencia del riesgo, y esa confusión es estructural y peligrosa.
El Índice Global de Terrorismo 2026 señala que el 42% de las investigaciones terroristas en Occidente involucran menores radicalizados en semanas a través de plataformas digitales. México, con millones de usuarios jóvenes en redes sociales, no cuenta con capacidad de monitoreo de radicalización comparable a la de agencias europeas o estadounidenses.
El lobo solitario radicalizado digitalmente representa, según este índice, el vector de mayor riesgo en el contexto actual. Aquí no tenemos sistema para detectarlo.
A esto se suma que en verano de 2025, ocho ciudadanos uzbekos ingresaron a México, atravesaron el territorio nacional completo y cruzaron hacia Estados Unidos.
El grupo fue facilitado por una red de tráfico de personas con vínculos documentados a Al Qaeda. Expertos en seguridad hemos advertido que las implicaciones de que algo así se repita durante un Mundial serían gravísimas.
No hacen falta más palabras.
La frontera sur de México, con más de 1,149 kilómetros de extensión compartidos con Guatemala y Belice, es una de las más porosas del hemisferio occidental.
El Plan Kukulkán tiene una orientación reactiva centrada en estadios, aeropuertos y zonas hoteleras. El control territorial de esa frontera recae sobre la Guardia Nacional, cuya presencia sigue siendo insuficiente para cubrir su extensión y complejidad. No existe evidencia pública de un protocolo específico de detección de individuos radicalizados en los filtros migratorios del sur del país.
El Índice Global de Terrorismo 2026 advierte que el 41% de los atentados mundiales ocurren dentro de los 50 kilómetros de una frontera internacional.
No es casualidad: es el vacío de autoridad que caracteriza esas zonas lo que los hace atractivos. México tiene ese vacío abierto y activo precisamente donde más lo necesita cerrado.
Esta es la mayor contradicción de nuestra política de seguridad de cara al Mundial. En diciembre de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó formalmente como Organizaciones Terroristas Extranjeras al Cártel de Sinaloa, el CJNG, el Cártel del Noreste, la Nueva Familia Michoacana y otros grupos.
El gobierno mexicano rechaza explícitamente reconocer esta categorización en su propio marco jurídico, aduciendo soberanía e implicaciones constitucionales.
Las consecuencias operativas son directas y severas: si no se reconoce el narcoterrorismo, no se desarrolla doctrina para combatirlo como tal.
Si México no comparte la categorización de FTO, el intercambio de inteligencia en tiempo real durante el Mundial puede presentar fricciones operativas críticas con la CIA, la DEA, el FBI y el ODNI, quienes sí operan bajo ese marco.
Los grupos criminales han demostrado capacidad de bloqueos masivos, uso de drones armados y ataques coordinados. Un ataque a visitantes extranjeros durante el Mundial —aunque motivado por disputas criminales y no por ideología— tendría efectos estratégicos idénticos a un atentado terrorista convencional.
Las soluciones existen y son aplicables. No requieren magia, requieren voluntad política y decisión técnica.
La primera medida urgente es la creación inmediata de un Grupo de Tarea Antiterrorista ad hoc para el Mundial, con participación real de SEDENA, SEMAR, CNI y representantes del FBI y la CIA bajo acuerdos de intercambio de inteligencia vinculantes y en tiempo real.
Segundo: implementar perfiles de riesgo migratorio en la frontera sur con alertas compartidas con Interpol, Europol y las agencias de los países participantes.
Tercero: reconocer operativamente el narcoterrorismo como categoría de amenaza en los protocolos de seguridad del evento, independientemente del debate jurídico-conceptual interno, porque en caso de incidente no habrá tiempo para ese debate.
Cuarto: extender la autorización del Senado para los instructores del USSOCOM hasta al menos el 15 de agosto de 2026, cubriendo el periodo completo del torneo.
Y como legado institucional del Mundial, crear formalmente una Unidad Nacional Contraterrorista con mandato, doctrina y presupuesto propios, inspirada en los modelos del GIGN francés, el GEO español o el Yamam israelí.
La diferencia entre que el Mundial 2026 sea un éxito o una catástrofe no depende solo de los estadios ni de los goles.
Depende de si México es capaz de mirarse en el espejo con rigor y sin narrativas cómodas. El Plan Kukulkán es un esfuerzo real, pero insuficiente. Capacitar a 40 elementos de élite no transforma la capacidad institucional de una fuerza de 200,000 militares.
Desplegar tecnología en el Azteca no cierra los vacíos de Chiapas y Tabasco.
El riesgo terrorista en México no es probable en términos estadísticos, pero es posible.
Y la diferencia entre improbable y manejado depende de capacidades reales, no de conferencias de prensa optimistas. El mundo nos está mirando. La pregunta es si nosotros nos estamos mirando a nosotros mismos con la misma severidad que la situación exige.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
