Existe en México una verdad incómoda que ningún gobierno ha querido encarar con honestidad: la reforma de justicia penal de 2008, que transformó el sistema inquisitorio en uno acusatorio adversarial, fue un cambio de formas procesales sin tocar el núcleo del problema.
Las fiscalías estatales —el corazón operativo de la procuración de justicia— quedaron intactas en su lógica más disfuncional: la del botín político.
Hoy, casi dos décadas después, pagamos el precio de esa omisión calculada con impunidad estructural, cifras manipuladas y operadores electorales disfrazados de servidores de la justicia.
Los datos son brutalmente elocuentes.
En México, de cada 100 delitos cometidos, apenas seis se denuncian. De esos seis, menos de uno concluye en una resolución efectiva. Para homicidio doloso, la impunidad ronda el 97%; para desaparición forzada, supera el 99%. No estamos ante fallas menores de gestión o ante déficits presupuestales corregibles con más recursos.
Estamos ante el colapso deliberado y administrado de la función investigadora del Estado mexicano, sostenido durante décadas por una clase política que encontró en la fiscalía capturada un instrumento de control más que un órgano de justicia.
La explicación estructural de este fracaso tiene nombre y apellido: la colonización política de las fiscalías.
El criterio determinante para ocupar sus plazas —desde el fiscal general hasta el agente ministerial de ventanilla— no ha sido la capacidad técnica sino la lealtad partidista. La reforma de 2008 cambió el escenario donde se litigaba, pero dejó intactos los mecanismos de reclutamiento, designación y control político del personal.
Esa omisión no fue un descuido legislativo: fue una decisión de poder.
Pocos casos ilustran con mayor precisión clínica esta descomposición que lo ocurrido recientemente en la Fiscalía General del Estado de Michoacán, y sirve como espejo fiel de la realidad que se repite, con variaciones menores, en la mayoría de las entidades del país.
En julio de 2025, quien fungía como secretario de Gobierno del estado —operador político central del gobernador en turno, sin trayectoria alguna en procuración de justicia ni en investigación criminal— fue designado fiscal general mediante un proceso legislativo que duró horas y que la mayoría parlamentaria oficialista describió, sin ruborizarse, como "transparente y eficiente".
La oposición y sectores de la sociedad civil señalaron lo evidente: se trataba de la reconfiguración del control político sobre la institución, no de una renovación técnica.
Lo que este nombramiento arrastra consigo es, precisamente, el patrón más destructivo del sistema: la persecución sistemática del personal especializado de la administración anterior —investigadores formados, peritos acreditados, ministerios públicos con experiencia de campo— y su sustitución por cuadros de campaña sin vocación, sin conocimientos y sin el mínimo perfil operativo para las plazas estratégicas que ocupan.
Ese personal desplazado representa años de formación institucional que simplemente se tira a la basura cada vez que cambia el color político del fiscal.
El resultado es predecible y documentado: falseo de cifras delictivas para maquillar realidades que incomodan al gobierno estatal, investigaciones de alto impacto manejadas con criterio político antes que jurídico, y una brecha creciente entre la violencia que viven los michoacanos —uno de los estados con mayor incidencia delictiva del país— y los números que la fiscalía presenta públicamente.
Solo alrededor de uno de cada 10 delitos son investigados o denunciados formalmente en el estado, una cifra que no es estadística muerta: es el retrato de una institución que ha dejado de cumplir su función esencial.
El problema es grave, pero tiene salida concreta si existe voluntad política real, que hasta hoy ningún partido en ningún estado ha demostrado poseer de manera sostenida.
La primera y más urgente medida es la creación de un sistema nacional de servicio profesional de carrera ministerial, obligatorio y homologado para todas las fiscalías del país. Todo ingreso —desde agente del ministerio público hasta fiscal especializado— debe realizarse mediante convocatoria pública, examen de oposición con evaluadores externos e independientes, perfil psicométrico verificado y control de confianza sin excepción posible. Ninguna plaza deberá cubrirse por designación directa del fiscal general ni del ejecutivo estatal. Los ascensos deben responder a resultados medibles, no a cercanía con el poder.
La segunda medida estructural es rediseñar radicalmente el mecanismo de designación de fiscales generales estatales. El modelo actual —propuesta del ejecutivo, ratificación de una legislatura cooptada por el mismo partido— es constitucionalmente inútil como garantía de autonomía real. Debe transitarse a un modelo de designación mixta donde comités técnicos integrados por representantes de universidades públicas, colegios de abogados, organismos de derechos humanos y academia especializada emitan dictámenes vinculantes sobre la idoneidad técnica de los perfiles antes de cualquier votación legislativa. Un político sin experiencia en procuración de justicia debe quedar jurídicamente inhabilitado para ocupar una fiscalía general, de la misma manera que ningún médico sin práctica clínica puede dirigir un hospital público.
La tercera política pública es la creación de un régimen de sanciones específicas y efectivas para la manipulación de cifras delictivas. Falsear datos de homicidio, desaparición o incidencia criminal debe constituir delito autónomo con inhabilitación perpetua para el servicio público, perseguible por la vía federal. Las políticas de persecución penal deben ser documentos públicos, construidos con participación de la sociedad civil ( sin los clásicos amigos), con objetivos verificables por órganos de evaluación externos al propio gobierno estatal. Sin rendición de cuentas con consecuencias jurídicas reales, las promesas de transparencia son, invariablemente, papel mojado.
Las fiscalías locales permanecen como el núcleo duro de la impunidad en México porque ninguna reforma las ha tocado donde duele: en su estructura de poder y en sus mecanismos de captura política.
Mientras los gobiernos estatales sigan utilizando estas instituciones como agencias de colocación para leales de campaña, el país no tendrá sistema de justicia.
Tendrá oficinas con logotipo institucional donde la impunidad se administra con discreción y donde los homicidios sin resolver, las desapariciones sin investigar y las extorsiones sin perseguir son el precio que paga la ciudadanía por la ambición política de sus gobernantes.
El caso michoacano no es excepcional: es ilustrativo. Es el espejo donde se refleja, con honestidad brutal, lo que ocurre en la mayoría de los estados de la república. Cambiar eso exige una reforma que ningún partido ha querido impulsar porque la fiscalía capturada es, también, un instrumento de control político.
Mientras esa lógica prevalezca, la reforma de justicia más importante de México seguirá pendiente.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
