En menos de treinta días, la arquitectura de seguridad y justicia de la potencia más armada del planeta ha sufrido una transformación que no tiene precedente en tiempos de paz —o de lo que aún queda de ella.
El 5 de marzo de 2026, Donald Trump anunció la destitución de Kristi Noem como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional Univision, primer cambio importante en su gabinete durante su segundo mandato. El 2 de abril, el presidente anunció la salida de Pam Bondi como fiscal general, destitución que medios como NBC News describen como un despido motivado por la creciente frustración del mandatario con la gestión del Departamento de Justicia. Ese mismo día, el secretario de Defensa Pete Hegseth solicitó la renuncia y retiro inmediato del general Randy George como jefe del Estado Mayor del Ejército, en plena guerra contra Irán y como parte de una serie de destituciones impulsadas desde su llegada al cargo.
Tres cabezas en 30 días. Tres instituciones rectoras de la política de seguridad hacia México. Una sola señal: en Washington nadie tiene piso firme, y México no tiene doctrina para pisar sobre ese pantano.
Lo que desde afuera se percibe como caos es, en realidad, un método.
Bajo la gestión de Bondi, el Departamento de Justicia pasó de ser una agencia con relativa independencia a operar como un brazo ejecutor de la agenda del presidente, con cientos de fiscales destituidos por su supuesta falta de lealtad.
Su reemplazo interino, Todd Blanche, ha llegado a afirmar públicamente que la administración está "en guerra" con el poder judicial.
En el flanco de la defensa, entre los destituidos se incluyen los jefes de la Armada, la Guardia Costera, el general que dirigía la Agencia de Seguridad Nacional y tres de los principales asesores jurídicos militares.
No es una reorganización institucional; es una purga de perfiles con criterio técnico independiente, sustituidos por figuras de lealtad personal al presidente.
Para México, eso significa un interlocutor sin memoria institucional, sin normas estables y con escasa rendición de cuentas interna.
El 7 de marzo, Trump lanzó en Florida el "Escudo de las Américas", presentó a México como epicentro de la violencia de cárteles en la región y sugirió incluso el uso de misiles contra líderes criminales si los aliados regionales lo solicitaban.
Noem, la funcionaria removida del DHS, fue nombrada enviada especial de esa misma iniciativa hemisférica: un reciclaje político que convierte su destitución en un instrumento de presión regional sobre México. Su nuevo cargo se centra en la coordinación de esfuerzos para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la migración ilegal en todo el hemisferio occidental.
El mensaje es transparente: la presión no cesa, solo cambia de forma y de rostro.
México ha perdido la brújula geopolítica en el peor momento posible.
Estados Unidos libra una guerra activa en Medio Oriente mientras refuerza su doctrina de hemisferio cerrado.
La Estrategia de Seguridad Nacional 2025 de la administración Trump revierte décadas de políticas multilaterales para priorizar un "realismo flexible" centrado en la supremacía estadounidense, reviviendo la Doctrina Monroe bajo un "Corolario Trump" que extiende la influencia exclusiva de Washington al hemisferio occidental entero.
En ese mapa, México no es un socio; es un territorio de gestión.
La reconfiguración bélica mundial —la guerra con Irán, la tensión con China, la redefinición de la OTAN— desplaza a México del tablero de decisiones relevantes.
No somos amenaza existencial ni aliado estratégico con voz propia. Somos el patio trasero con problema de cárteles.
La respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum ante cada convulsión en Washington ha seguido un patrón preocupante: la negación inmediata seguida de la adaptación silenciosa.
Ante la destitución de Noem, la presidenta aseguró que la estrategia de seguridad del país no tendría modificaciones Maya Comunicación. Ese reflejo reactivo no es diplomacia; es parálisis con nombre. México necesita urgentemente al menos cuatro acciones concretas.
Primero, una política criminal de Estado con doctrina propia. La experiencia de análisis indica que el país requiere un marco claro de prioridades y responsabilidades que ordene el uso del sistema penal, concentrando recursos en los delitos que más daño generan y coordinando instituciones bajo métricas de reducción real de violencia, no de volumen de detenciones.
Segundo, la creación de una unidad técnica permanente de análisis bilateral, adscrita a la Cancillería y la SSPC, que monitoree los cambios en el gabinete estadounidense y produzca inteligencia anticipatoria —no comunicados reactivos.
Tercero, la diversificación urgente de la cooperación en seguridad hacia aliados europeos, el sistema de Naciones Unidas y la INTERPOL, para reducir la dependencia estructural de la agenda securitaria de Washington.
Cuarto, el diseño e implementación de una política social territorial focalizada en los cien municipios con mayor captación de jóvenes por parte del crimen organizado, articulando empleo, educación y justicia restaurativa bajo un modelo de intervención que vaya más allá del operativo y el despliegue militar.
En los primeros 13 meses de la administración Sheinbaum se registraron más de 37,000 detenciones por delitos de alto impacto y el aseguramiento de casi 300 toneladas de droga. Sin embargo, ese viraje ha sido ante todo una decisión política, más que una apuesta de fondo por la reconstrucción institucional.
Eso se llama gobernanza de vitrina: suficiente para negociar, insuficiente para transformar. Mientras Estados Unidos purga generales en plena guerra y destituye fiscales a media semana, México carece de una doctrina de seguridad que le permita negociar desde la solidez y no desde el miedo.
El vacío que deja Washington no es una amenaza abstracta; es un espacio que otros actores —cárteles, intereses geopolíticos externos, élites capturadas— llenarán con gusto.
La pregunta ya no es si México debe actuar con autonomía estratégica. La pregunta, más severa y urgente, es si existe la voluntad política de construirla antes de que la próxima destitución en Washington redefina, una vez más, las reglas del juego sin que México haya siquiera llegado a la mesa.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
