Ni la SEP ni la Secretaría de Educación de Michoacán pueden evadir su responsabilidad en una desprotección que han permitido por omisión: preparatorias privadas que operan sin verificación real de condiciones mínimas, como contar con psicólogos o criminólogos.
El problema es estructural.
Estas escuelas funcionan bajo una lógica mercantil que las deja sin protocolos sólidos.
No tienen psicólogos clínicos permanentes ni criminólogos que identifiquen conductas predelictivas, evalúen riesgos o diseñen estrategias preventivas. En su lugar hay prefectos sin formación especializada u orientadores saturados.
La matrícula pagada desincentiva intervenciones tempranas. Ninguna autoridad ha exigido ni sancionado estos vacíos. El detonante fue una discusión cotidiana; la diferencia es que nadie tenía herramientas para anticiparla.
El documento y la realidad: dos países paralelos
El Manual de Seguridad Escolar de la SEP contempla protocolos ante crisis. La Subsecretaría de Educación Media Superior promueve cultura de paz y habilidades socioemocionales. Todo está escrito, pero poco se implementa.
México padece una brecha crónica entre discurso y realidad.
En 2025, un alumno del CCH Sur mató a un compañero; en 2020, un niño disparó a su maestra en Torreón; en 2017, un adolescente atacó en Monterrey. El patrón se repite. La respuesta institucional también: condolencias y olvido.
En todos esos casos faltaron psicólogos clínicos y criminólogos escolares, no por ausencia de profesionales, sino por falta de voluntad para integrarlos como necesidad estructural.
Existe además un referente implícito: Estados Unidos, donde décadas de tiroteos han generado modelos de evaluación de amenazas con equipos interdisciplinarios permanentes. México conoce esos modelos, los incorpora en documentos, pero no los implementa.
La alineación intelectual existe; el compromiso político y presupuestal, no.
