Coordinación Interinstitucional. La versión oficial y el abismo que la contradice

Lo que sí hubo fue una cascada de eufemismos institucionales: "diligencias de investigación concluidas", "procedimiento apegado a derecho", "coordinación con instancias competentes". Traducción real: algo salió muy mal, y nadie quiso decir qué.

Ese abismo entre lo anunciado y lo ocurrido no es una anomalía. Es el estado natural de la comunicación institucional en materia de seguridad en México.

El arte oficial del eufemismo

Las autoridades mexicanas han perfeccionado un lenguaje diseñado no para informar, sino para proteger. Cuando un operativo fracasa, se convierte en "acción de inteligencia preventiva". Cuando se libera a alguien detenido bajo presión política o diplomática, se habla de "revisión de elementos probatorios". Cuando se actúa bajo instrucción extranjera, se invoca la "coordinación interinstitucional en el marco del estado de derecho".

En el caso de Mónica Zambada, varios medios especializados —entre ellos Proceso e Insight Crime— documentaron que la detención no respondió a una investigación criminal mexicana autónoma, sino a una cadena de decisiones que involucró directamente a agencias federales estadounidenses.

La detenida fue localizada, rastreada y en los hechos señalada por inteligencia de origen norteamericano. Esto no es inusual: lo inusual es que las autoridades mexicanas persistan en negarlo con una terquedad que ya no engaña a nadie, salvo quizás a ellas mismas.

El soldado que no existe

Entre los elementos más perturbadores que circularon en redes de periodistas de seguridad y foros especializados durante las horas posteriores al operativo, estuvo el testimonio —no publicado en medios masivos, pero documentado en canales de inteligencia abierta— de personal militar estadounidense que habría participado en la operación vestido con uniformes del Ejército Mexicano.

No es la primera vez que este fenómeno aparece documentado en operativos de alto perfil contra el crimen organizado.

La negación sistemática por parte de la Sedena y la Secretaría de Seguridad sigue un patrón conocido: silencio, después desmentido genérico, después olvido institucional.

Este patrón viola no solo la soberanía que México invoca retóricamente en cada foro internacional, sino la confianza ciudadana en sus propias fuerzas de seguridad.

Si los soldados en las calles no son necesariamente mexicanos, y si las órdenes operativas no nacen en Ciudad de México sino en Washington, entonces la seguridad pública mexicana es, en el mejor de los casos, una franquicia.

La hipótesis que explica todo: el acuerdo Zambada

Para entender por qué Mónica Zambada fue detenida y liberada en cuestión de horas, hay que mirar al norte.

Su padre, Ismael "El Mayo" Zambada, enfrenta actualmente proceso en una corte federal de Nueva York tras su sorpresiva captura en julio de 2024. Fuentes cercanas a su defensa, citadas por el New York Times y ProPublica, señalan que Zambada García habría iniciado conversaciones con el Departamento de Justicia estadounidense en las que ofrece colaboración —información de inteligencia, nombres, rutas, estructuras— a cambio de una reducción significativa de condena.

En ese contexto, la detención de su hija en México adquiere una lógica diferente: puede haber sido una ficha de negociación, un mensaje, o un accidente operativo.

Su liberación, igualmente, puede ser el resultado de ese mismo tablero diplomático-criminal que se juega en silencio entre dos gobiernos que públicamente afirman respetar su soberanía mutua. Lo que resulta inaceptable es que los ciudadanos mexicanos no tengan acceso a ninguna explicación que se aproxime siquiera a esta realidad.

Lo que puede y debe cambiar

La solución no es utópica. Existen modelos institucionales aplicables.

Primero: México necesita una Oficina de Comunicación Estratégica en Seguridad, independiente de la Secretaría, con mandato legal de transparencia activa en operativos concluidos —no en curso— que involucren coordinación extranjera.

Segundo: el Congreso debe legislar protocolos obligatorios de notificación al Senado cuando agencias extranjeras participen en operativos en territorio nacional, bajo cualquier modalidad.

Tercero: deben establecerse mecanismos de rendición de cuentas post-operativo con participación de organismos civiles certificados, similares a las juntas de coordinación que operan en democracias consolidadas.

Cuarto: la formación en comunicación institucional de portavoces de seguridad debe incorporar estándares de credibilidad basados en evidencia, no en narrativa política coyuntural.

El costo de callar mal

La posverdad institucional en seguridad pública no es solo un defecto de imagen: es una herramienta de control que, paradójicamente, debilita al Estado. Cuando la ciudadanía aprende a leer los comunicados oficiales como señales de lo contrario a lo que afirman, la autoridad pierde su bien más escaso: la legitimidad. El caso Zambada Niebla no es un episodio menor. Es un espejo.

Y lo que refleja es un sistema de seguridad que prefiere administrar la opacidad antes que construir la confianza que necesita con urgencia para funcionar.

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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.